3.1 Situación económica.Nuestro sistema económico se ha alejado en los últimos años de los modelos que hacen progresar a los países. Las cesiones electoralistas, siempre con objetivos de corto plazo, han perjudicado el porvenir de la Nación. Es conveniente frenar la arbitrariedad gubernamental y el acoso intervencionista que están esclerotizando la sociedad. Urge la puesta en marcha de una iniciativa que propicie que nuestros políticos actúen con responsabilidad y tomen las decisiones que convienen al bien común, al margen de intereses partidistas. La situación ha sido perjudicada por un Estado que ha incumplido su obligación de establecer la regulación imprescindible y adecuada para que el mercado pueda funcionar, condición previa para que el ejercicio de la libertad sea posible. Esta incompetencia le ha llevado a una irresponsabilidad mayor: apropiarse de la iniciativa, ignorando que la prosperidad la generan los particulares y que el Estado no tiene condiciones para ser un buen empresario.

3.2 Hay una crisis más grave que la económica: la crisis de libertad. Ante la inquietud que provoca la crisis son muchos los que se engañan pensando que aseguran su bienestar respaldando a los políticos que prometen más beneficios sociales. Es todo lo contrario. Lo que propician es la inviabilidad del ‘Estado providencia’, cuya hipertrofia aumenta la carga fiscal y reduce las inversiones que generan riqueza. Lo peor de este clientelismo, impropio de una democracia seria, no es el engaño implícito, sino el secuestro de libertad que encierra. El ejercicio de la libertad ciudadana se cercena cuando la propia seguridad se confía a unos políticos que ponen el Estado al servicio de sus electoralistas promesas. Es degradante que muchos ciudadanos sacrifiquen la libertad y la realización personal a cambio de la ilusoria seguridad ofrecida por el Estado. Este sometimiento a los políticos también lo padecen las empresas. Hoy hay miedo en muchos empresarios que una postura abiertamente enfrentada con el Gobierno les acarree perjuicios a la hora de presentarse a un concurso público u obtener una subvención. Nunca se ha hablado tanto de libertad y nunca el ciudadano ha sido en realidad más manipulado para que se imagine que es libre.

3.3 Mal clima político. El clima político y social que sufrimos es consecuencia del deterioro progresivo de nuestra democracia. Nuestro marco político, económico y social es el de una partitocracia que ejerce el oligopolio mediático de la cultura y del pensamiento. La clase política antepone sus intereses a la verdadera democracia y a las libertades públicas. Parece que el único objetivo sea el de perpetuar la permanencia en los cargos, descuidando los intereses generales y de largo plazo. Se ha impuesto el estilo políticamente correcto y las pocas voces discordantes son ridiculizadas desde el poder. Los políticos y sus corifeos mediáticos tienden a ser los únicos referentes sociales. Cuando los ciudadanos son críticos y tienen iniciativa, los políticos se sienten molestos porque pierden poder e influencia. La sociedad civil carece de plataformas intermedias de prestigio que le permitan cuestionar los mandatos del establis¬h¬ment político y poder participar en la configuración de las políticas públicas.

3.4 La crisis del Estado autonómico. La descentralización administrativa, el federalismo y la competencia fiscal y regulatoria entre Comunidades Autónomas pueden ser muy positivas, tanto para la economía como para el bienestar de los ciudadanos. Pero un modelo autonómico mal diseñado ha propiciado la creación de burocracias costosas e ineficientes en las regiones y ha puesto en peligro, en algunos casos, la unidad del mercado nacional. Es necesario cerrar definitivamente el proceso autonómico e impedir nuevos traspasos de jurisdicción a las regiones. El Estado no debe perder más competencias por simples razones electorales o de coyuntura política, e incluso debe estudiarse la conveniencia de recuperar atribuciones en aquellas áreas en que pueda resultar necesario.

3.5 La administración de justicia. Una administración de justicia que inspire confianza y resuelva los casos que se le presentan con rapidez es condición necesaria para la existencia de una sociedad libre y próspera. Los tribunales de justicia deben ser independientes del poder político e incrementar su eficiencia para ponerlos a la altura de los sectores más dinámicos de la sociedad española.

3.6 Educación para la libertad. El sistema educativo español es deficiente tal como lo demuestra el Informe PISA, en el que España ocupa el puesto 35 de los 57 países de la OCDE analizados en la comprensión lectora y es el país que más desciende desde el anterior informe. La ideología pedagógica imperante mira con sospecha a los padres, devalúa el esfuerzo de los estudiantes, y penaliza su capacidad y rendimiento. La inteligencia de un estudiante se malogra cuando se le impone un modelo escolar igualitarista que no respeta la diversidad de las personas e impide la realización personal. La autoridad estatal y autonómica, en vez de reducirse a vigilar la calidad de la enseñanza, decreta opciones educativas que violentan el derecho de las familias a elegir el modelo de educación de sus hijos.

3.7 España en el exterior. Nuestro país se ha desprestigiado y ha perdido peso internacional en los últimos años. Acciones tales como las regularizaciones masivas de inmigrantes y la falta de cooperación con nuestros aliados, nos han convertido en un socio poco fiable de la UE. La política de amistad con los regímenes izquierdistas de Iberoamérica no ha servido para defender a las compañías españolas de arbitrariedades populistas. Nuestras fuerzas armadas, reducidas al papel de un servicio social más, se debilitan progresivamente. España tiene que volver a su papel natural de país occidental comprometido con las alianzas que ha suscrito.