El Norte de Castilla
Valladolid, 1 de mayo de 2011
Á. B.
Castilla y León es la sexta región con más libertad económica
La comunidad autónoma escala dos puestos con respecto al estudio realizado en 2008
Castilla y León se sitúa en la sexta posición en el Índice de Libertad Económica 2011, lo que sugiere una participación entre baja y moderada del sector público en la actividad económica de la región. La puntuación obtenida, que sitúa a Castilla y León en el primer tercio del ránking, obedece a unos indicadores con valores que siempre se encuentran dentro de niveles bajos o medios con respecto a las otras comunidades. Los indicadores que muestran valores más bajos son los de medio ambiente, vivienda, deuda pública e impuestos. El resto registra valores algo más elevados pero siempre en torno a la media, o incluso por debajo. Los autores del informe destacan que «junto con la Comunidad de Madrid, Castilla y León es de las regiones más consistentes en sus resultados; es decir, tiene indicadores bajos y medios, pero ningún valor se encuentra entre los más elevados de las comunidades». Ello, explican, sugiere «un desarrollo homogéneo de las políticas públicas”que se mantiene en todas las áreas de actividad examinadas. El valor obtenido en el Índice de Libertad Económica para Castilla y León se encuentra el 11% por debajo de la media autonómica. En la comparación con el indicador de 2008, la región ha ascendido dos posiciones en la clasificación general (desde el octavo puesto), lo que lleva a los responsables del informe a afirmar que «la situación ha mejorado sustancialmente» en términos de libertad económica. En 2008, el valor que tenía en el índice estaba en la mediana de todas las comunidades.
El resultado del indicador de comercio implica un nivel de regulación medio en esta categoría, la novena posición más elevada entre las 17 autonomías. Mientras, el baremode educación es el octavo más alto tras mejorar tres posiciones, lo que sugiere también una presencia de nivel medio del sector público en esta área de actividad.
El indicador de medio ambiente sugiere una regulación de una intensidad baja, la cuarta menor entre todas las comunidades y un 27% por debajo de la media. Entre las dos variables que componen el indicador, la región presenta un registro más elevado en la que recoge la cantidad de normas medioambientales (posición 13) debido a un número de normas algo superior a lamedia. Por contra, en la variable que refleja los instrumentos normativos de política ambiental, el valor es bastante bajo (4º), lo que indica una baja regulación.
En cuanto al baremo de movilidad, el informe señala que «los resultados sugieren que, sobre todo en los últimos años, Castilla y León ha ganado algo de peso como destino de quienes se desplazan de una comunidad a otra, mientras que lo ha perdido en la proporción de extranjeros que, al inmigrar, eligen Castilla y León como destino para establecerse.
En el apartado de sanidad, Castilla y León se sitúa en la novena posición, lo que sugiere una regulación media en la materia y una participación moderada del sector público en el ámbito sanitario. Por variables, el informe destaca que «el nivel de presencia del sector público en Castilla y León semuestra especialmente alto (es el más elevado de las 17 comunidades) en relación al ‘stock’ de camas públicas». El indicador de vivienda coloca a la región en el cuarto puesto y sugiere que esta la comunidad tiene una ratio baja de viviendas de protección oficial con relación a la población.
Por otro lado, el informe llama la atención sobre el hecho de que «hay algo más de un millón de ocupados en Castilla y León y de ellos 102.000 trabajan para el gobierno regional. El indicador de empleo público sitúa a la comunidad en el decimoprimer puesto entre todas las regiones. Mientras que en 2008 los asalariados suponían el 9,6% de todos los ocupados de la región, actualmente representan el 10,1%».
Por el contrario, el indicador de impuestos es el segundo más bajo de todas las autonomías. «Castilla y León tiene unos tipos efectivos en los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa, sensiblemente inferiores al conjunto de comunidades.Tanto en IRPF como en sucesiones y donaciones se encuentra claramente en el conjunto de comunidades con tipos efectivos más bajos. La única excepción es transmisiones patrimoniales, donde se sitúa más o menos en la media».
