Actualidad económica
Madrid, octubre de 2011

Coches, teléfonos y jamones

En Madrid, a 16 de septiembre de 2011, comparece ante este Tribunal de Papel quien dice llamarse José María Barreda, de profesión cesante. Comparece ante este Tribunal para responder a una querella presentada por el Ministerio Fiscal a instancia de la AMAG (Asociación de Manchegos Arruinados por su Gobierno), que agrupa a ciudadanos indignados con bastantemás razón que quienes en los últimos tiempos han hecho de la indignación la actividad principal de sus vidas.

Resultando que el señor Barreda no se encuentra en situación de cesante desde hace mucho tiempo, ya que hasta hace sólo unosmeses era el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

Resultando que en este período el Gobierno que él presidía contribuyó a que se realizaran algunos de los gastos más absurdos que se hayan visto nunca en la historia de España, país que, por cierto, no suele ser citado precisamente como ejemplo de sensatez financiera en el mundo.

Resultando que estos gastos, entre los que se incluía un aeropuerto fantasma en Ciudad Real y un servicio de tren de alta velocidad famoso por ser apenas utilizado, han dejado a los sufridos contribuyentes de la región una deuda pública que, de acuerdo con las informaciones publicadas por los medios de comunicación, asciende a unos 7.000 millones de euros, sin contar más de 2.000 millones adicionales en facturas pendientes de pago y una caja con apenas 36 millones, para desesperación tanto del nuevo Gobierno regional como de los acreedores, que no lo van a tener fácil para cobrar.

Resultando que este Tribunal ha tenido reciente noticia de que, al margen de sus inversiones disparatadas, el Gobierno del señor Barreda ha mostrado tener en gradomuy elevado esa inclinación tan característica de los políticos hispánicos hacia el consumo suntuario, que siempre incluye cochesmuy caros, despachos de lujo que se remodelan una y otra vez sin que nadie entienda bien por qué, etc., etc., etc.

Resultando que, por si hubiera alguna duda con respecto a la obsesión por apropiarse de todo lo que estuviera a su alcance, parece que la mayoría de los altos cargos cesados tras las elecciones, incluidos varios miembros del Gobierno, han decidido marcharse a casa llevándose los teléfonos móviles que les facilitaron al acceder a su puesto, teléfonos que son ciertamente propiedad de la Comunidad Autónoma y no suya, mal que les pese. Resultando que para darle el toque final de surrealismo ibérico al asunto, hemos sabido también que los asesores de la Consejería de Agricultura encargaron las pasadas fiestas de Navidad nada más y nada menos que 200 cestas, que incluían, ¡cómo no!, generosos jamones.

Considerando que es jurisprudencia sostenida de este Tribunal que el hecho de que la irresponsabilidad financiera y la afición al despilfarro sean rasgos característicos de tantos y tantos políticos locales no constituye eximente ni atenuante de comportamientos como el denunciado por la AMAG, que sirve de base a la querella del fiscal.

Considerando que el latrocinio de los jamones y los teléfonos móviles, además de ser una violación de la ley, constituye una auténtica horterada, en el sentido literal de la palabra que establece el diccionario de la Real Academia, que define el término como acción o cosa vulgar y de mal gusto.

Considerando que, mientras las pasiones de nuestros gobernantes (dejando a un lado otras cuestiones de carácter estrictamente privado, en las que esta Sala ni entra ni desea entrar en ninguna circunstancia) se dirijan a los coches, los móviles y los jamones este país no tendrá solución.

Este Tribunal condena al imputado y, con él, al anterior Gobierno de Castilla-LaMancha y a cuantos altos cargos hayan cometido las irregularidades en esta sentencia reseñadas a penas de un año, un mes y un día de arresto, período en el que no podrán ejercer cargo político alguno y se les impedirá, además, montar en un coche oficial, llamar por teléfono móvil y comer jamón ibérico. El Tribunal recomienda, además, encarecidamente tanto al Gobierno de Castilla-LaMacha como al resto de Gobiernos regionales y corporaciones municipales que organicen programas de formación para refinar un poco los gustos de las personas que en el futuro vayan a ocupar cargos públicos en nuestro país. Porque mal está que metan la mano en el bolsillo del contribuyente, pero peor es todavía que lo hagan con tan escasa elegancia.