Expansión
Madrid, 3 de octubre de 2011

¿Dónde está Comisión Europea?

No es preciso ser muy perspicaz para darse cuenta de que la Unión Europea no pasa por uno de sus mejores momentos. Y esto no se debe sólo a la crisis económica que está afectando gravemente a algunos de los países que la integran. Da la impresión de que su Gobierno tampoco funciona. En concreto, la Comisión Europea, que debería ser un órgano fundamental en la toma de las decisiones exigidas por la actual situación ha desaparecido de la escena. Y, lo que es aún más llamativo, a nadie parece importarle demasiado lo que el señor Durao Barroso y su equipo puedan decir o pensar en relación, por ejemplo, con la situación de Grecia, el fondo de rescate europeo o cualquier otra de las cuestiones relevantes que hoy nos afectan a todos.

Podría pensarse que se trata de una simple lucha por el control de la Unión entre la Comisión y el Estado miembro más importante, es decir, Alemania. Pero la cuestión tiene bastante más calado. Y cualquiera que observe con detenimiento lo que está ocurriendo en Europa puede entender por qué los alemanes -con todo tipo de vacilaciones e, incluso, de contradicciones- han tomado finalmente cartas en el asunto y han planteado abiertamente que las cosas tienen que cambiar.

Saneamiento necesario

He asistido recientemente a algunas reuniones en el marco de las instituciones comunitarias y he observado que los alemanes -no los políticos, sino la mayor parte de los ciudadanos alemanes- se han convertido en auténticos “indignados” y tienen la sensación de que han sido engañados. Piensan que, tras haber metido mano en sus carteras, los europeos del sur piden más y, lo que es aún peor, se niegan a ver la realidad. Es cierto que no se debe generalizar y que hay países, como Irlanda o Portugal, que están haciendo bien las cosas y sentando ya las bases para su recuperación. Pero hay otros -es, sin duda, el caso de Grecia- que siguen sin cumplir aquello a lo que se han comprometido, en la confianza, seguramente, de que, como su quiebra plantearía problemas graves al resto de Europa, van a seguir recibiendo fondos; lo que tendrá, por cierto, el efecto de retrasar aún más la aplicación de las medidas necesarias de saneamiento.

Aunque la situación sea muy diferente y los problemas sean otros, el tono de los debates empieza a recordar bastante a lo que ocurrió en Europa en los años en los que Margaret Thatcher era primera ministra de Gran Bretaña.

Seguramente la mayoría de los alemanes suscribiría hoy su famosa frase: “Quiero que me devuelvan mi dinero”. Y estarían de acuerdo también con una de las ideas fundamentales que inspiraron el conocido discurso que pronunció Thatcher en Brujas el año 1988: la Unión Europea no es una institución que tenga que ser modificada constantemente. Las reglas de un organismo supranacional no pueden, en efecto, cambiar por el hecho de que algunos miembros descubran que aplicar las políticas necesarias para hacer aquello a lo que se habían comprometido les resulta costoso y puede hacer perder votos a los políticos que están en el Gobierno. Y este es hoy el argumento más fuerte de la opinión pública alemana para oponerse a la reinterpretación de los Tratados de la Unión y del Estatuto del Banco Central Europeo que se está produciendo desde que se iniciaron los problemas económicos en 2007-2008 y estalló la crisis de la deuda soberana que llevó a la intervención de varios Estados miembros.

Los alemanes entraron en la Unión Monetaria porque se les ofrecieron garantías de un marco monetario estable y de un banco central que no concedería créditos ni a la Unión ni a sus miembros y no monetizaría su deuda pública. Y siguen pensando que estos acuerdos se hicieron para cumplirlos, ya que, en caso contrario, habrían preferido -sin duda alguna- conservar su propia moneda.

Casi todos los economistas estamos hoy de acuerdo en la necesidad de salvar el euro. Siempre fui crítico con el diseño de la unión monetaria y creo que, en su día, se cometieron errores graves que ahora estamos pagando. Hace doce años muchos economistas planteamos la cuestión de qué ocurriría, cuando llegara una crisis, con los países que tuvieran estructuras anquilosadas y no pudieran bajar precios y salarios devaluando su moneda. Y me temo que las peores predicciones se han cumplido. Pero los costes de abandonar el euro en una situación tan complicada como la actual serían tan elevados que, nos guste o no, debemos mantenerlo. Sin embargo, la moneda única no va a sobrevivir financiando a gobiernos irresponsables ni forzando al BCE a hacer aquello que sus propios estatutos le prohiben expresamente.

Hay que definir una estrategia de solvencia y responsabilidad, que inspire confianza tanto en el interior de cada uno de los países como en los mercados financieros internacionales. Pero, por el momento, la Comisión Europea observa en Bruselas los efectos de la llegada del otoño.