Expansión
Madrid, 28 de noviembre de 2011

El fin del principio

El año 1942, Gran Bretaña obtuvo una gran victoria frente al ejército alemán en el norte de África, lo que elevó los ánimos de una población que llevaba ya tres años en una guerra cuyo final todos deseaban, pero parecía aún muy lejano. Winston Churchill pronunció en el mes de noviembre un famoso discurso en Londres en el que, compartiendo la alegría de sus conciudadanos, quiso dejar claro, sin embargo, que su país estaba aún muy lejos del triunfo definitivo, y en él incluyó una frase que pronto se haría muy popular: “No es el final. Ni siquiera es el principio del final. Pero, tal vez, es el final del principio”.

La economía española lleva ya más de tres años de crisis, sin haber obtenido en todo este tiempo una sola victoria, y sin que haya argumentos para creer que nuestra situación ha mejorado. Es cierto que el mundo parece haber superado lo peor de la crisis bancaria. Pero el problema de la deuda soberana se ha agravado de forma significativa. Y nuestro país se encuentra en una posición muy débil. Con una tasa de paro del 21% y una economía que ha entrado de nuevo en recesión, resulta difícil ser optimista en el corto plazo.

Los datos no nos permiten, por tanto, pensar que hemos llegado a ese suelo que nos permitiría iniciar la recuperación. Pero, al menos, ahora hay un factor que puede hacernos creer que ha terminado una etapa y va a empezar otra diferente. Un cambio de gobierno no mejora por sí mismo los datos macroeconómicos, pero abre una puerta a la introducción de las reformas necesarias para que las cosas empiecen a cambiar; reformas que el Gobierno aún en funciones ni supo ni quiso hacer en ningún momento.

Desastrosa política económica

Como de las malas experiencias también se aprende, la desastrosa política económica de estos últimos años nos debería ilustrar sobre lo que no se debe hacer en ningún caso. Lo primero que hay que evitar, cuando existe un problema, es negar la realidad. Y esto el Gobierno de Zapatero lo ha hecho una y otra vez: al principio no aceptó siquiera que existiera una crisis; luego negó que nuestra propia política tuviera algo que ver con ella, ya que -se decía- es un problema internacional; después se difundieron previsiones de crecimiento manifiestamente falsas y se inventaron síntomas de recuperación que los hechos negaban una y otra vez. Y, por fin, no se le ocurrió nada mejor que culpar a las comunidades autónomas del estancamiento de la economía por cometer el grave pecado de tratar de sanear sus cuentas, a lo cual -por cierto- estaban obligadas.

Otra lección que debería aprender el nuevo Gobierno es que hace falta que se presente a la opinión pública y a los mercados un plan global, sistemático y coherente. Esto, claramente, no existió en el anterior periodo. Lo que vimos fue, en cambio, una serie de medidas deslavazadas que, en muchos casos, no pasaban de proyectos que no llegaban a convertirse en realidad. Algunas de las medidas referidas al gasto público tuvieron este carácter.

Pero el caso más claro es, sin duda, el de la frustrada reforma laboral. A lo largo de los años, las tasas de paro han crecido de forma continua, pero la actitud del Gobierno ha sido, desde el primer momento de la crisis hasta hoy, no adoptar medidas efectivas sin un acuerdo previo entre las partes, en este caso las organizaciones de trabajadores y empresarios. No hay que ser un gran especialista en técnicas de negociación para darse cuenta de que tal estrategia tiene como resultado, normalmente, el mantenimiento del statu quo.

Para sentar las bases de una recuperación en este sector sería preciso, sin embargo, modificar la legislación laboral de inmediato. No podría cometer un mayor error el nuevo Gobierno que entrar en la negociación de un pacto en el que se le ofrezca, por ejemplo, una congelación salarial y una renuncia a hacer mucho ruido en la calle y a una estrategia de huelgas a cambio de no reformar de forma sustancial el Estatuto de los Trabajadores. Nuestro sistema político es parlamentario, no corporativo. Y no cabe duda de que la estructura del anterior Parlamento permitía cambiar de arriba abajo la regulación del mercado de trabajo con una amplísima mayoría. Si no se hizo no fue porque la reforma resultara imposible, sino porque el anterior Gobierno nunca tuvo realmente la voluntad, o el valor, de llevarla a cabo.

Todo indica que el cambio político que ha experimentado el país permite dar un paso adelante y abandonar la abulia del pasado reciente. Es, seguramente, la última oportunidad. Si se aprovecha, podremos decir, por difícil que sea la situación, que la anterior etapa ha terminado y que, realmente, hemos llegado al final del principio. Si no lo hiciéramos, seguiríamos cayendo, y lo que es más preocupante, sin saber muy bien dónde está el suelo.