Expansión
Madrid, 22 de agosto de 2011

El Gobierno económico de Europa

El mundo de la economía empieza a parecerse al del fútbol en lo que hace referencia a la inusitada frecuencia de “acuerdos históricos” que se presentan al ciudadano europeo como la solución de sus problemas. Estamos acostumbrados a que cada año se celebren en España ocho o diez partidos del siglo. Y empezamos a ver que algo similar ocurre con las reuniones de los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea. ¿Van a resultar históricos los planes diseñados en París la semana pasada por el presidente de Francia y la canciller de Alemania?

Si hacemos caso a la evolución de los mercados de renta variable en los días siguientes a la declaración conjunta, hay que concluir que ésta no ha suscitado especial entusiasmo. No es esto, sin embargo, lo que más me preocupa. El problema de fondo está, en mi opinión, en que nos encontramos, una vez más, ante el anuncio de un conjunto de medidas inconexas, algunas de las cuales es muy probable que nunca se lleven a la práctica…para bien de la economía europea, pensará, seguramente, más de un economista escéptico.

En los acuerdos hay algunos elementos claramente positivos. El más importante es, seguramente, el aplazamiento sine die de la emisión de eurobonos. Siempre he estado en contra de tal proyecto, entre otras cosas porque rompería uno de los principios básicos de los mercados financieros, de acuerdo con el cual las diferencias entre tipos de interés deben reflejar las diferencias en los niveles de riesgo. Es verdad que a España, como al resto de los países de solvencia dudosa, le vendría muy bien emitir deuda con el aval del contribuyente alemán. Pero los eurobonos crearían un problema de riesgo moral de grandes dimensiones y consecuencias muy negativas al facilitar el endeudamiento fácil y barato de los países que se resisten a realizar las reformas que sus economías realmente necesitan.

Propuestas preocupantes

Pero otras propuestas de Merkel y Sarkozy son bastante preocupantes. En primer lugar, la idea de establecer la denominada tasa Tobin, que ya ha sido rechazada no sólo por el sector financiero, sino también por varios gobiernos y numerosos expertos, que han insistido en el daño que una medida de este tipo podría causar a los mercados financieros europeos. La desastrosa experiencia de Suecia, país que estableció en su día un impuesto a las transacciones financieras, debería hacer reflexionar sobre los efectos de un gravamen de esta naturaleza en economías abiertas con una elevada movilidad de los capitales. Aunque ha sido bien recibida en algunos ámbitos, tampoco me convence la idea de ir hacia una mayor armonización fiscal en la imposición sobre los beneficios de las sociedades. Si Francia y Alemania quieren coordinar sus tributos están, ciertamente, en su derecho. Pero no me parece aceptable que intenten imponer sus reglas al resto de los países europeos. La historia de esta propuesta de armonización es bastante larga. Y algún lector recordará, seguramente, que Gran Bretaña y España se opusieron en su día a ella, por considerarla contraria a sus intereses nacionales. Claro que, entonces, en España el presidente del gobierno era Aznar…y las cosas eran, por tanto, un poco diferentes. En los últimos años Francia y Alemania han tratado de forma repetida -y hasta ahora sin éxito, afortunadamente- de obligar a Irlanda a elevar los tipos de su impuesto de sociedades, significativamente más bajos que los que existen en el continente. Poco de nuevo hay en esta idea, por tanto.

Pero lo más interesante de las propuestas de la reunión de París es, sin duda, lo referido al marco institucional de la política económica de la Unión y de sus países miembros. En lo que al gobierno de la Unión hace referencia, se intentará crear un gobierno económico europeo formado por los 17 jefes de estado y de gobierno de los países de la zona euro, presidido por el actual presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy. Muy bien. Sin embargo, podrían preguntarse los ciudadanos europeos: ¿es que esto no existía ya? ¿no nos están vendiendo un viejo órgano con un nuevo nombre?

Y, en lo que a los países miembros concierne, se intenta que introduzcan en sus constituciones un principio de equilibrio presupuestario aún no bien definido. De acuerdo; parece una buena idea. Pero aquí la duda del ciudadano europeo es doble. En primer lugar se pregunta si esto no estaba ya claramente establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; y si el tema clave no será, más bien, cómo hacer que los gobiernos lo cumplan. La segunda cuestión es aún más delicada. Supongamos que las constituciones se reforman para incorporar este principio, lo cual, por cierto, no sería fácil en algunos países, entre ellos el nuestro. Pero ¿quién garantiza que se vaya a cumplir realmente en una situación económica difícil? ¿Puede alguien que haya seguido los conflictos planteados en torno a la Constitución Española a lo largo de los últimos años, y el papel que el Tribunal Constitucional ha desempeñado en ellos, creer realmente que el equilibrio presupuestario se va a convertir en un principio intocable? Dudas, dudas… Me temo que muchas más dudas que certezas.