Expansión
16 de enero de 2012

Tres meses es mucho tiempo

A poca gente le ha sorprendido la forma en la que parecen haber terminado las negociaciones entre CEOE y los sindicatos. Durante años, se ha insistido en aparentar que se podía llegar a un buen proyecto de reforma del mercado de trabajo poniendo de acuerdo a las organizaciones empresariales y sindicales. Y la propia ministra ha tratado de continuar por un camino que sólo ofrecía dos salidas: el desacuerdo o una reforma insustancial. Parece que se elegido finalmente la solución menos mala, y no habrá acuerdo. Confiemos, pues, en que a nadie se le ocurra intentar resucitar el cadáver y volvamos, una vez más, a retrasar la adopción de unas medidas que son realmente urgentes, con el argumento de que aún hay posibilidad de alcanzar un compromiso.

Espero que alguien escriba un día una buena historia del moderno derecho del trabajo español de una forma diferente a como suele hacerse; es decir, no limitándose a explicar el contenido de las normas, sino analizando cuál ha sido el duro coste que han tenido que pagar los españoles -y especialmente los parados- por la pervivencia de una leyes obsoletas que se presentan como resultado del desarrollo den una economía social avanzada, pero que tienen, más bien, como padres inspiradores al general Franco y a Benito Mussolini; y más al último que al primero, por cierto.

Es cierto que, a lo largo de los últimos años se han introducido en ellas algunos cambios, casi siempre en situaciones de desempleo elevado, que ponían de manifiesto con mayor claridad la incompatibilidad de muchas de sus normas con los principios de una economía moderna. Pero los mediocres resultados de estas mini-reformas están a la vista de todos.

Al margen del Gobierno

Creo que no me equivoco si afirmo que los mayores avances en la liberalización del mercado de trabajo español se consiguieron en su día al margen del Gobierno y de las negociaciones entre los agentes sociales. Si un hecho contribuyó en un momento dado de forma significativa a flexibilizar el mercado laboral, éste fue la masiva entrada de trabajadores extranjeros que se incorporaron a las empresas españolas. Lo demás ha servido de muy poco.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero, a pesar de que en un momento dado empezó a darse cuenta de que la actual regulación de las relaciones laborales llevaba al país al desastre, mostró una increíble falta de energía a la hora de adoptar las decisiones a las que estaba obligado por el deterioro de la situación de varios millones de desempleados. Había auténtico miedo a la reforma. Y, para cubrirse de cualquier posible crítica, el anterior Gobierno puso como condición previa de cualquier reforma significativa “que los trabajadores y empresarios consideren de mutuo acuerdo que esa medida sería beneficiosa para nuestro mercado laboral”.

Nunca ha habido la decisión necesaria para entrar en serio en este asunto. De acuerdo. Pero la pregunta realmente importante que hay que formular a continuación es evidente: ¿qué se hace si no hay acuerdo? Y, durante mucho tiempo, lo que ha triunfado ha sido aquello que Milton Friedman denominaba la “tiranía del statu quo”; es decir, no adoptar medida significativa alguna.

Derecho de veto

La principal ventaja de consensuar una reforma legal con todas las partes implicadas es que los costes de aplicarla se reducen de forma sustancial. Pero el gran inconveniente del consenso es que, en la práctica, da derecho de veto a cuantos participan en la negociación. Las partes tienen, por tanto, muy pocos incentivos a aceptar un cambio en cualquier aspecto parcial que piensen que hoy les favorece; a no ser que logren ventajas sustancialmente mayores en otros aspectos de la reforma. Su límite inferior está, por tanto, en lo que saben que tienen hoy; y no darán un paso más allá mientras estén seguros de que las cosas no van a cambiar sin su autorización.

Pero el papel de un Gobierno no puede ser solamente actuar cuando, de forma unánime, se le pida que lo haga. En las políticas públicas, hay siempre beneficiados y perjudicados. Y si las ventajas de una reforma liberalizadora -sea de establecimiento, de control es de precios, de horarios o de condiciones de contratación laboral- son muy superiores a sus costes, hay que realizarla. Entre otras cosas porque si sólo se hiciera aquello para lo que existe un acuerdo unánime en la sociedad no se podría llevar a cabo prácticamente actuación alguna. Y más interesante aún: si se pudiera funcionar con tal tipo del acuerdos, sobrarían los gobiernos.

Al fin parece que se van a tomar medidas. Y se nos dice que será en el primer trimestre de este año. Muchos se preguntan, sin embargo: ¿por qué esperar tanto? El actual Gobierno ha tenido ya tiempo de sobra para tener preparada la reforma del mercado de trabajo. La Unión Europea y -lo que es aun más importante- varios millones de parados la reclaman. En esta situación, tres meses es mucho tiempo… demasiado tiempo.