Vocento
15 de enero de 2011
¿Nos dicen la verdad?
La hoja de cálculo lo soporta todo y el ministro de Hacienda se engaña si piensa que por aumentar las retenciones del IRPF va a recaudar cuatro mil millones adicionales. Probablemente obtendrá una cantidad similar o inferior a la que conseguiría sin el ‘decretazo’. Serán menos los contribuyentes que declaren los rendimientos altos por una razón irrebatible: la economía se resentirá, con lo que aunque se les descuente más, la recaudación fiscal de estas rentas disminuirá. Donde sí habrá un cierto aumento recaudatorio es en los salarios medios, porque una buena parte de estos contribuyentes son trabajadores por cuenta ajena con salarios muy rígidos. Al final, es muy dudoso que saquen más dinero de los ‘ricos’. Lo que sí es seguro es que lo obtendrán de las sufridas clases medias. Muchos nos sentimos ofendidos cuando el ministro quiso hacernos creer la milonga de que era un ajuste ‘equitativo’ porque era una subida de impuestos progresiva. Es comprensible que en marzo están las elecciones andaluzas y que deben ser cautos con los graneros de votos más abundantes, pero ello no justifica que subestime la inteligencia de los contribuyentes.
Merece la pena recordar las ideas de dos grandes escuelas económicas para mostrar que nos quieren vender la burra vieja. Keynes defendía que la presión fiscal nunca debía superar el 25% y que en tiempo de crisis no era oportuno subir impuestos para equilibrar un presupuesto. Esto equivale a la estupidez de un comerciante que, en un período de recesión, intentaba compensar las pérdidas por unas menores ventas mediante subidas reiteradas de precios. Lo que consiguió fue acelerar su ruina. En el extremo opuesto está Arthur Laffer, inspirador de la reforma liberal de Reagan. Su tesis es que, si se bajan los tipos fiscales, la gente tiene más dinero para gastar o para ahorrar (en cuyo caso se invierte), así que la economía crece más, y se recauda más.
Un segundo motivo que apoya la pérdida de recaudación es el desincentivo al trabajo de los que obtienen retribuciones mayores. Hay contribuyentes a los que se va a exigir un 56% sobre una parte de sus rentas por trabajo, que son autónomos o trabajadores por cuenta ajena con grandes incentivos a su rendimiento. Algunos de éstos preferirán trabajar menos antes de ser legalmente expoliados. La razón que aludirán será que es éticamente inadmisible un impuesto que supera la mitad de los ingresos obtenidos con su esfuerzo.
Otra pérdida fiscal se producirá en aquellos contribuyentes que puedan recibir sus salarios en países con menor tributación, así como los que se decidan por evadir impuestos mediante cobros en metálico. Estas personas pueden justificar su conducta porque el tipo reclamado es confiscatorio y porque el Estado dilapida sin control el dinero que nos retiene. El empleo de subvenciones públicas para comprar cocaína de un alto cargo andaluz y muchos lujos autonómicos (embajaditas) serán ejemplos que calmarán cualquier inquietud de conciencia.
Sí había otra opción
También considero que Rajoy falta a la verdad cuando afirma que no tenía otra opción que esa subida fiscal. De hecho, tenía muchas. Un simple vistazo a los presupuestos nos muestra que el Estado podría ahorrar casi 16.000 millones sin tocar el gasto social, simplemente eliminando subvenciones ineficientes como RTVE (631 millones, evitables si vuelven a poner anuncios), vivienda (1.126 millones), inserción y estabilización laboral (7.322 millones), minería (1.644 millones), cine (113 millones)… Pero el mayor filón, como explicaba esta semana Pedro Schwartz en la prensa económica, son los beneficios fiscales, una partida que alcanza los 40.362 millones de euros, ya sea por exenciones o desgravaciones. Esta losa afecta especialmente a la tributación por Sociedades. Para hacerse una idea, si bien hay dos tipos impositivos (25% y 30%), lo que realmente se recauda no alcanza el 10% de los beneficios totales, menos que el 12,5% que tiene Irlanda. Por eso, en lugar de la maraña de exenciones que tenemos en España, sería mejor aplicar un impuesto mucho más bajo que atraiga a las grandes empresas, les evite andar con triquiñuelas y permita que quienes no tienen recursos para una buena asesoría fiscal puedan competir en las mismas condiciones.
Queremos que se nos diga toda la verdad y que el Gobierno nos trate con más respeto. Tal como dije en ABC hace quince días, la vicepresidenta sabía que no se iba a cumplir la previsión de déficit establecida por el Ejecutivo socialista. No se entiende la torpeza de una persona supuestamente bien informada queriendo justificar los nuevos recortes con la falsa sorpresa del agujero encontrado. Hacía semanas que Funcas y otros institutos habían adelantado que el déficit sería del 8%. ¿No hubiera sido lo mejor confesar que se necesitaba imperiosamente dar un subidón de la credibilidad de España en los mercados y que lo más fácil y rápido era subir el IRPF? Si eso lo hubieran dicho habrían podido atribuirse mejor el éxito de la subasta del tesoro del pasado jueves. Sr. Rajoy: confiaremos más en usted si nos dice la verdad, por muy cruda que sea.











“Hay contribuyentes a los que se va a exigir un 56% sobre una parte de sus rentas por trabajo, que son autónomos o trabajadores por cuenta ajena con grandes incentivos a su rendimiento. Algunos de éstos preferirán trabajar menos antes de ser legalmente expoliados.”
En general el artículo está bastante bien, hay muchas formas de reducir el gasto, aunque no esta claro cual funcionaria mejor, tristemente nadie lo sabe, las viejas de las economías nacionales ya no funcionan en la época actual. Quiero eso sí, añadir un matiz al párrafo que he entrecomillado y que pertenece al artículo. Esos contribuyentes no trabajaran menos porque corren el riesgo de quedarse sin nada, y por supuesto no entra en su calculo racional, se enfadaran pero pagaran
De acuerdo con el artículo. Hay enormes ambitos que requieren un saludable recorte del gasto, que es desmedido y un disparate. Además de esa politica de subsidio que complica todo, es injusta y alienta el amiguismo, y la de las deducciones fiscales a las sociedades, cabe reformar -para ajustar a lo que necesitamos y podemos pagarnos- la administración regional y local, para coordinar los gastos (y hacer UN unico responsable por competencia, no tres), terminar con la hiperabundante y maxidispersa regulacion administrativa que ha creado 17 miniestados con fronteras reglamentarias, linguísticas, educativas.