8 de febrero de 2012
Diario de Navarra

Privatizaciones forales

¡Navarra va a tener que vender las joyas de la corona! Algunos jubilados sentirán nostalgia al recordar aquella Diputación de los años cincuenta en la que la previsión y la cautela hacían que se invirtiera en muchos activos, que ahora no son en absoluto estratégicos. La actuación de aquellos Diputados forales, que no cobraban por serlo, era muy conservadora, algo propio de la mentalidad agraria de la época. Hoy atesorar patrimonio por parte de un Gobierno puede ser un mal negocio y no necesariamente responde a la utilidad social, máxime cuando hay una deuda onerosa que frena nuestro crecimiento.

La privatización de las empresas públicas requiere una distinción entre las que trabajan sólo para la Administración y las autónomas. Respecto a las primeras recordemos que se constituyeron buscando un funcionamiento más ágil y competitivo que emulara la eficiencia del sector privado. El resultado ha sido muy distinto. Estas compañías mantuvieron las prerrogativas laborales de los funcionarios y además sus costes laborales fueron en muchos casos mayores que los de los funcionarios.

La necesidad de una mayor austeridad impuso la reducción de las 38 empresas públicas a 13, integrando aquellas que tenían actividades afines. Sin embargo el ahorro que más nos gustaría a los ciudadanos es el que sus operarios en lugar de trabajar 1.592 horas (se quedan en 1.516 si descontamos los veinte minutos de descanso), trabajen las 1.760 del convenio de oficinas y despachos al que algunas están adscritas. Ese diferencial perjudica la productividad y provoca que no sean competitivas cuando concursan fuera, como el caso de Tracasa.

Las dos únicas empresas que no tiene sentido que sigan siendo públicas son Miyabi y Saldosa. El Gobierno debe respetar los principios de trasparencia, concurrencia y publicidad y lograr el mejor precio. Sin embargo como la situación de Navarra no es desesperada, es preferible no vender si el postor no va a pagar lo que vale. El resto de empresas trabaja fundamentalmente para la Administración, por lo que no tienen interés comercial alguno.

La mejor joya de la corona que tiene Navarra es el 50% de las acciones de Autopistas de Navarra. La rentabilidad que se está sacando a esta inversión es del 8%, porcentaje que duplica el interés que estamos pagando por nuestra deuda pública. Esta compañía cada año valdrá menos porque reduce su vida de explotación. La otra mitad es de Itínere, compañía que ha mostrado siempre un comportamiento comprensivo ante las demandas del Ejecutivo. La venta es sencilla porque sus cifras económicas no albergan incertidumbre alguna y además el mercado tiene interés por Audenasa, incluido el actual socio.

Tracasa es la otra gran empresa privatizable, aunque ya no es lo que fue en los años noventa. Entonces venderla hubiera sido un negocio impresionante. Ahora el mercado de su actividad tradicional, la vinculada a los mapas, está muy maduro porque hay muchas otras compañías que saben hacer lo mismo y a buenos precios. La parte más innovadora de Tracasa, las TIC, tiene un mayor atractivo, pero el mercado está ahora mal para salir. El peor problema de Tracasa es que dos tercios de su facturación son de la Administración, con lo que el fondo de comercio se reduciría demasiado para alcanzar un buen precio.

Navarra tiene un riesgo presupuestario mayor que otras Comunidades Autónomas al depender de sí misma en los ingresos, razón que exige prudencia a la hora de desinvertir. De ahí que habría que pedir al Ejecutivo que utilice prioritariamente la liquidez que consiga en promover que los particulares emprendan compañías rentables que estimulen el crecimiento y, por consiguiente, el empleo. Aviso a los políticos: ¡cuidado con los intermediarios y comisionistas listillos!