Diario de Navarra
Pamplona, 21 de diciembre de 2011

Privilegios obsoletos

El pasado viernes dos directivos de Comisiones Obreras respondían con acritud a un artículo que publiqué en estas páginas sobre el aumento de liberados del sector público. Sus críticas no se referían sólo a colectivos de columnistas y tertulianos, sino que me denigraban con nombre y apellido. No voy a responder a esas descalificaciones personales, ni a sus gratuitos juicios de valor, sino que voy centrarme en el debate de las ideas, que es lo que interesa.

El primer reproche que me hacen es que vea a los liberados sindicales como los grandes beneficiados del sistema. En efecto, creo que clama al cielo que, en medio de una crisis económica descomunal, este año hayan aumentado los liberados público  en Navarra un 14% (de 109 a 124) y que éstos cobren hasta las guardias que hacen sus sustitutos. Por el contrario, sus compañeros de otras CCAA han actuado de un modo más responsable. Daré algunas cifras incuestionables.

La Rioja anunció el viernes un pacto con los sindicatos por el que este año elimina 41 liberados (un36%menos); Castilla La Mancha ha bajado de 785 a 284 (un 74% menos); la Comunidad deMadrid redujo de 3.600 a 1.200 (un 66% menos); Baleares ha suprimido un 70%; la Comunidad Valenciana ha eliminado 197 (un 27% menos). La Xunta de Galicia ha acordado con los sindicatos de una reducción de 120 liberados (un 20%), medida que ha sido criticada por la Asociación de Funcionarios e Laborais pola Igualdade, que pide una supresión de 300 (un 50%). Estos funcionarios denuncian que “este ejército de liberados no rinde cuentas a nadie, mantienen su salario íntegro y muchos de ellos llevan 10 años sin pisar su centro de trabajo”. Cataluña tiene un liberado por cada 320 funcionarios, mientras que Navarra por cada 201, lo que supone un 60% más de liberados.

Otra afirmación que les incomoda es la opacidad de sus cuentas. Aunque los cursos de formación estén sometidos a alguna auditoria externa, corresponde a la Cámara de Comptos ejercer esa función fiscalizadora del conjunto de sus ingresos y gastos, no sólo de los cursos, por una razón soberana: es dinero público.

En un mercado abierto y competitivo no tiene sentido que sindicatos y patronales tengan el privilegio de la exclusiva de controlar el dinero para impartir la formación continua. El modo de hacerlo debiera ser dar a cada trabajador un bono para que éste elija la institución acreditada donde aprender lo que él considere más oportuno. Al fin y al cabo ese dinero sale de lo quese le descuenta de la nómina para esa finalidad, razón por la que el trabajador debe poder elegir. Cuando recuerdo las intimidaciones y la violencia de los piquetes ‘informativos’ en las huelgas generales me cuestiono el grado de compromiso que algunos tienen con la libertad de elección.

Respecto a la afiliación, sé que los países escandinavos presentan una mayor sindicación, pero es comparable elmodo de hacer de los sindicatos españoles (19% de afiliados) con los de Suecia (75%), Noruega (55%) y Dinamarca (69%). En estos países están comprometidos con el libre mercado y persiguen modos más responsables de prestar los servicios públicos, como el cheque escolar y el copago sanitario, dando mayor participación a la iniciativa ciudadana.

Dicen ustedes que Civismo no se sabe a qué se dedica y cómo se financia, sean ustedes un pocomodernos y descúbranlo en nuestra web www.civismo.org donde verán que nos mantenemosgracias a aportaciones de particulares. Por último, me relacionan con Institución Futuro. Deseo aclararles que, aunque fui su fundador, hace tres años que la dejé para iniciar un proyecto radicalmente distinto y más comprometido con la libertad. Institución Futuro hace una gran labor que sigo en la prensa, pero no me vinculen a mí con su posible financiación pública.