Vocento
12 de febrero de 2012

Un quiero y no puedo

Para entender la reforma laboral que se acaba de aprobar hay que tener en cuenta que intenta ser un equilibrio entre cuatro fuerzas pujando con intereses distintos. La primera, el Gobierno, que ha tenido la ‘mala suerte’ de tener encima las elecciones andaluzas. En esos comicios, el PP se juega la conquista del último bastión autonómico que le queda al PSOE. La segunda es Europa, que al estar harta de Grecia y de los países periféricos exige una reforma convincente. El tercer vector son unos sindicatos que necesitan recuperar su credibilidad y legitimarse socialmente. Estas organizaciones intentarán apuntarse éxitos a las buenas –mediante negociación–, o a las malas –huelga general–.Y el cuarto factor son unas patronales que se sienten cómodas al estar muy alineadas con la exigente reforma que reclama Europa. Si las medidas no satisfacen las demandas empresariales –todo indica que sí lo hacen–, la CEOE se desmarcará para eludir su responsabilidad. El reto de contentar suficientemente a todos ellos es muy difícil, por mucha voluntad que se intente poner.

La lectura del Real Decreto refleja un variado repertorio de medidas que, aunque en buena parte parecen ir en la buena dirección, no van a generar empleo a corto plazo, más bien al contrario. Y ello obviando el evidente abaratamiento del despido que se ha aprobado. De hecho, sirven de poco si no se resuelve la falta de créditos de muchas empresas viables que cierran por problemas de tesorería. Si pasamos al detalle del articulado es un acierto sumar los esfuerzos de las empresas de trabajo temporal y el derecho a la formación de los trabajadores, actividad que debiera abrirse a todo tipo de centros y desvincularse de los sindicatos. La reforma ha mejorado las oportunidades de los jóvenes para ser contratados, pero aún es insuficientemente flexible si se compara con lo que ocurre en Alemania. Considero preferible que los jóvenes trabajen algunas horas que vivir subsidiados por el paro, tanto por la propia dignidad que da el valerse por uno mismo como por el ahorro que supone para la ya deficitaria Seguridad Social.

El hecho de establecer la edad de 30 años como límite tanto para acogerse al contrato para formación y aprendizaje, como para acceder a las bonificaciones en las cuotas sociales va a provocar que no sean contratados los desempleados que los superen. Este ‘efecto frontera’ va a condenar al paro, quizás de por vida, a mucha gente que no ha trabajado nunca de modo estable tras sus estudios. Impedir la dualidad de los contratos de trabajo (temporales e indefinidos) es una buena idea, si bien las empresas podrán saltársela cambiando los trabajadores transcurridos 24 meses. Las medidas para luchar contra el fraude y el absentismo también son apropiadas en un país donde la economía sumergida campa por sus respetos.

En resumen considero que las medidas que el viernes pasado decidió el Gobierno no van a producir el deseado empleo a corto plazo –de hecho, aumentará el paro– sino que, en todo caso, favorecerán la contratación solo cuando la economía comience a remontar, algo que probablemente no ocurra hasta el segundo semestre de 2013. La razón es muy clara: los empresarios nunca toman personal por las ayudas que les ofrecen, sino porque de verdad lo necesitan. ¡Pena no influir en lo que genera crecimiento!