Expansión
Madrid, 01 de septiembre de 2011

El santo horror al déficit

Fue José Echegaray, notable matemático, apreciable economista y dramaturgo de éxito, quien pronunció esta famosa sentencia en uno de sus discursos como ministro de Hacienda: “el santo horror al déficit”.

Para su siglo, el XIX, debería más bien haber dicho, “la maldición del déficit”, pues un Gobierno tras otro encontraba imposible cuadrar las cuentas públicas. La misma maldición parece pesar sobre los Gobiernos de nuestra democracia, con la excepción de unos breves años bajo la presidencia de Aznar y los pocos más de los que se benefició Zapatero por inercia.

Ahora volvemos a darnos cuenta los españoles de que el sentimiento de Echegaray era el acertado: el endeudamiento público tiene unos límites muy estrechos y el déficit del Estado, de las Autonomías y de los ayuntamientos no contribuye a la prosperidad de la nación. Los dos partidos mayores han propuesto una reforma de la Constitución para acercar la política financiera española a la regla de déficit cero.

Esta reforma nos ha venido impuesta de fuera, es precipitada y resulta incompleta. A pesar de todo esto, es un paso en la buena dirección.
Hasta el momento, el debate sobre la necesidad de equilibrar las cuentas públicas ha sido muy superficial. El argumento más utilizado para limitar el déficit es que el Estado, como las familias, no debe gastar más de lo que ingresa.

Sin embargo, las familias se endeudan y también lo hacen las empresas, sobre la base de la confianza en que, en el futuro, tendrán ingresos suficientes para pagar intereses y principal. ¿Por qué no habrían de poder hacer lo mismo las instituciones públicas? ¿Por qué no habrían de emitir deuda las Administraciones para realizar proyectos o inversiones que se esperan productivos o beneficiosos? La contestación a tales preguntas es que no, porque las instituciones públicas son de naturaleza diferente de las privadas.

Los individuos y las familias tienen un horizonte temporal mucho más largo que el de los políticos: toman en cuenta sus expectativas de ingresos, consumo e inversión (debidamente descontadas) para un largo futuro: en el caso de un joven matrimonio, quizá ochenta o cien años, si incluimos el interés por el bienestar de los nietos.

Las empresas también suelen ser proyectos a largo plazo, razón por la que se critica que sus gerentes presten demasiada atención a las cifras trimestrales. Los políticos, por el contrario y por exigencia de su profesión, están a lo que revelan los sondeos de opinión de todos los meses y tienen fijos los ojos en las próximas elecciones: la prohibición de que carguen de deuda las instituciones que gobiernan y la obligación de financiar sus proyectos con impuestos sirven para contener el vicio de la compra de votos.

Son muchos los que critican el déficit y la deuda pública porque, en su opinión, desplaza injustamente la carga del gasto a las próximas generaciones. También es éste un argumento endeble porque, cuando la deuda y su servicio se convierten en una porción considerable del producto anual, es la generación presente la que ha de pechar con ella.

En ese caso, no tardamos mucho en darnos cuenta de que el endeudamiento público no es sino un impuesto disimulado. ¿Quién se atreve a decir que la deuda en que han incurrido los Gobiernos de Zapatero la pagarán nuestros nietos? ¡La estamos pagando nosotros mismos, y cómo!

También incurren en falacia muchos de los defensores del endeudamiento público, que los hay, sobre todo en la izquierda tradicional. Olvidemos a esos nacionalistas catalanes y vascos que se quejan de que la imposición del equilibrio presupuestario limita su autonomía financiera.

¡Pero si de eso se trata! Nuestra pertenencia al euro exige precisamente evitar que las comunidades autónomas pongan en peligro la solvencia financiera de toda España. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que el recurso al endeudamiento es un arbitrio efímero y estéril. ¿Dónde está el Plan E con tilde de Zapatero? Los “estímulos” de Obama, ¿qué se hicieron? Y ¿dónde la devolución de 400 euros a los paganos del IRPF?

Los sindicatos y la izquierda más recalcitrante critican la propuesta de reforma constitucional porque obliga a recortar el Estado de Bienestar. Pues es verdad y me felicito de ello. Cuando los gastos en pensiones públicas, educación, sanidad, desempleo, dependencia tengan que financiarse con sólo con los ingresos fiscales, se verá con todavía mayor claridad que no son sostenibles.

Par rellenar ese pozo son fondo sería preciso aumentar indefinidamente los impuestos y las cotizaciones de la Seguridad Social. Pero una carga fiscal cada vez más pesada paraliza el desarrollo económico, ya debilitado por un proteccionismo social que fomenta la pereza, la rutina y la búsqueda de rentas…

Para que la reforma constitucional propuesta sea permanente, el público tiene que entenderla y verla necesaria. No estaría de más afianzar la dicha reforma con un referéndum precedido por un profundo debate, como ocurrió en el caso de nuestra pertenencia a la OTAN, que nadie ha vuelto a discutir.

Me inquieta especialmente que los detalles se dejen para una ley orgánica posterior. De no estar basada firmemente en una opinión pública convencida, puede ocurrir con la reforma lo que con las leyes de estabilidad presupuestaria de Aznar del año 2001, una de ellas orgánica: Rodríguez Zapatero las hizo derogar nada más formar Gobierno. ¿A qué tantas prisas para un objetivo de estabilidad aplazado al año 2020? ¿De verdad se fían ustedes de las promesas de buen comportamiento de los populistas de todos los partidos?