Expansión
Madrid, 9 de noviembre de 2011

Lo que nadie se atreve a decir

El debate entre Rajoy y Rubalcaba atrajo la atención de millones de españoles. Fue útil para calibrar la valía de los dos rivales pero desgraciadamente incompleto sobre lo que España necesita para volver a la senda del crecimiento sostenido. Rajoy, al mando de su fortaleza amurallada, se mostró tranquilo y realista, capaz de responder con un programa coherente a los deseos de una mayoría de los españoles. Rubalcaba, cual cabecilla de una desarrapada banda de guerrilleros, buscó casi a la desesperada alguna brecha de las defensas de su oponente. Al final, la guerrilla hubo de replegarse con las manos vacías. Y los votantes, aunque no lo sepan, quedaron sin un completo diagnóstico ni cabal remedio de nuestros males.

El centro de la argumentación de Rajoy fue la necesidad perentoria de reducir el paro, no sólo por los males que trae para los individuos afectados y para la sociedad entera, sino por la brecha que abre en la financiación del Estado y la Seguridad Social. La afirmación de que la mejor política social es el empleo atiende a las dos dimensiones de tan grave problema: la personal y la comunal. Rubalcaba, como no podía ser menos, reconoció la grave situación del mundo del trabajo, aunque no acabó de unirse al mea culpa de Zapatero cuando ha dicho que él era el culpable del desempleo. Los remedios que propuso fueron sin embargo del mismo tipo que los del Zapatero de la primera época: más gasto público; creación de un gran banco estatal; mayor carga fiscal para los ricos, los bancos, las grandes empresas; aplazamiento de la estabilización.

Especialmente revelador de su desconocimiento del mundo de las finanzas fue esta última propuesta: la de pedir a las autoridades de la Unión Europea que retrasaran en dos años la exigencia de que España estabilizara sus cuentas públicas. Se ve que no entiende que son los mercados financieros los que están “exigiendo”, por así decir, el control del déficit público y el saneamiento de bancos y cajas de ahorro. ¿Dos años? Mañana quizá, si Italia no endereza sus pasos.

Rajoy por su parte también prometió toda una panoplia de medidas, muchas de la cuales tendrán sin duda efectos positivos en la capacidad de producción de las empresas españolas: así, que el Fisco no cobre el IVA sobre las ventas que no se han conseguido cobrar; así, la posibilidad de acordar libremente los convenios colectivos a nivel de empresa. Otras, sin embargo, pueden ser contraproducentes: imagínense lo que pueden hacer los españoles, maestros en gramática parda, con la propuesta de subvencionar a los autónomos que contraten su primer empleado fijo. Tampoco veo por qué se habría de reducir el tipo del IVA al cuatro por ciento a las empresas del sector del turismo: el IVA se inventó para evitar que los impuestos distorsionaran la actividad productiva de la economía; quizá no debamos fomentar un turismo barato reduciendo selectivamente la carga impositiva que soportan. La experiencia nos ha mostrado que las medidas de fomento del crecimiento económico deberían ser de carácter general, porque los políticos ni saben ni tienen por qué saber qué negocios o actividades son las que prometen ser más gananciosas para sus dueños o accionistas o más beneficiosas para el país. No sólo son criticables medidas rayanas en lo caricaturesco como el regalo de bombillas de larga duración o el repetido cambio de la velocidad máxima en carretera lanzadas por el último ministro de Industria del Gobierno Zapatero.

Ninguno de los dos habló de la Justicia y menos aún de uno de sus defectos más evidentes: que está “autonomizada”, cuando debería ser una de las obligaciones del Estado central. La responsabilidad de este defecto de nuestra organización recae claramente sobre los hombros de los políticos. Sin embargo, hay otras cuestiones en las que el obstáculo para la adopción de reformas urgentes se encuentra en la cerrazón de la opinión pública. Es notable que ninguno de los dos candidatos mencionara los sindicatos como una de las causas del bajo crecimiento y el desmedido desempleo de la economía española. Los sindicatos protegen sólo a los trabajadores con puesto de trabajo fijo; multiplican el número de los liberados que principalmente trabajan en dificultar la labor de dirección de las empresas; y, pese a que la ley les obliga a presentar cuentas como cualquier organización que favorecida con dinero publico, nadie sabe lo que gastan y lo que reciben. Esto último también vale pare el sindicato de los patronos, la CEOE.

Para cuando Rajoy gobierne España -como durante el debate reconoció Rubalcaba que ocurriría- es que no recortará los fondos destinados a las pensiones, la sanidad y la educación, junto con la financiación del desempleo. Ni los políticos ni la opinión pública saben qué hacer en estos campos, si no es dejarlo todo como está.

Todo lo más hay, en materia de desempleo, alguna vaga alusión a un “sistema austriaco” que ninguno de los candidatos sabía cómo funciona. Al igual que la gran mayoría de los votantes, Rajoy está convencido, no me cabe duda, de que esas partidas presupuestarias no deben tocarse. Durante el debate nadie se atrevió a reconocer lo evidente: que en algún momento habrá que recortar de nuevo las pensiones; que el coste de la sanidad pública es insostenible y está a punto de llevar a más de una Autonomía a la quiebra; y que la baja calidad de la educación pública y concertada no se resuelve con ríos de dinero. Esos cuatro grandes servicios públicos absorben más de la mitad del gasto público. Otros países de la Unión Europea han hecho grandes esfuerzos para mejorarlos: Austria, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia han reformado la ayuda a los desempleados, la financiación de la educación, el sistema de pensiones, la sanidad pública. Es tal el miedo de gobernantes y oponentes a parecer que van a recortar los “derechos de los ciudadanos” que ni siquiera quieren mirar o que se hace más allá de nuestras fronteras. Lo que nadie se atreve a decir es siempre lo más importante.