La llegada de miles de refugiados a Europa desde países que se encuentran en una situación de guerra civil o de grave conflicto social obliga a replantear los fundamentos de algunas de las instituciones más importantes de los países que los reciben. Y, si consideramos que lo que está ocurriendo hoy puede ser sólo el primer capítulo de una historia mucho más dilatada en el tiempo, y que, en el mundo subdesarrollado, hay millones de personas con tantas razones para escapar de sus países como las que tienen los refugiados que ahora están llegando a Europa, hay que concluir que el problema tiene una dimensión mucho mayor de lo que buena parte de la población española piensa. El problema no es que unos cuantos miles de refugiados entren en Europa; lo preocupante es cuántos millones podrían llegar en las mismas condiciones y cómo serían integrados en unas sociedades con generosos estados del bienestar, que, incluso sin nuevas migraciones, tienen serias dificultades para financiarlos.

Hace ya medio siglo James Buchanan hizo una aportación muy relevante a la teoría del gasto público al señalar que la mayoría de los bienes que suministra el Estado no son bienes públicos en sentido estricto; es decir, sin rivalidad en el consumo ni posibilidad de excluir de ellos a una parte de la población, como ocurre, por ejemplo, con la defensa nacional. El economista norteamericano, para salvar la gran distancia que la teoría establecía entre los bienes públicos y los privados, denominaba “bienes de club” aquellos que, no son privados, pero tampoco son públicos en el sentido estricto del término, ya que es posible excluir de su consumo a potenciales usuarios; pero no existe en ellos consumo rival hasta que un aumento de la demanda produce congestión. Por ejemplo, una cama de hospital es un bien de cuyo uso se puede excluir a potenciales demandantes; pero, si hay camas libres en el hospital, su consumo no plantea problemas de rivalidad (no hay que desplazar a nadie para internar a un nuevo paciente); tal rivalidad en el consumo puede surgir, sin embargo, si el hospital está lleno y acomodar a ese nuevo paciente exige dar a otro de alta.

Pensemos en el Estado como un club en el que sus socios utilizan sus instalaciones a cambio del pago de una cuota. Los socios del Club España pagamos impuestos –nuestra cuota– y utilizamos los servicios del club – carreteras, escuelas y hospitales–. Cada nuevo miembro del club reduce el coste medio de prestación de un servicio, sin deteriorar la calidad, mientras no hay congestión. Pero cuando se alcanza cierto nivel de uso, el beneficio que cada socio obtiene se reduce. Es decir, existe un nivel óptimo de utilización de los servicios públicos y, por tanto, de socios del club. Y, en palabras de Buchanan, la teoría de los clubs –es decir, la teoría el Estado– es, en cierta forma, una teoría de la exclusión –o de la inclusión– óptima.

¿Qué ocurre si un número elevado de personas quieren convertirse en nuevos socios? Si las cuotas de entrada que pagan son elevadas, los ingresos obtenidos permitirían ampliar las instalaciones del club. Si no se hace así, los socios antiguos empezarán a experimentar los efectos de la congestión o tendrán que pagar cuotas más altas para mantener la calidad de los servicios. En ambos casos su nivel de bienestar puede reducirse. Y, en la masa social, empezarán a surgir movimientos en contra de la junta directiva. En Europa esto está pasando ya. En España puede empezar a ocurrir en cualquier momento.

Desde este punto de vista se entienden mejor los problemas que plantea la aceptación de un flujo masivo de inmigrantes en países que mantienen programas sociales de alto coste. La propuesta de Gary Becker de cobrar un precio a los inmigrantes –que sería fijado por el Estado o establecido por el mercado mediante subastas– iría en esta línea; el club se amplía, pero los nuevos socios pagan su cuota. Resulta, sin embargo, imposible aplicar este modelo a los actuales refugiados; y lo será también en el futuro cuando nuevos inmigrantes provenientes de África y Oriente Medio lleguen a Europa.

Existe, desde luego, la posibilidad de no ofrecer todos los servicios del club a todos los socios. Y somos muchos los economistas que estamos convencidos de que la inmigración funciona mejor cuando se fijan ciertos límites a las prestaciones del Estado del bienestar a los recién llegados. Pero si tal propuesta fuera considerada inaceptable, la única solución sería que los actuales socios pagaran cuotas más altas.

Hoy en España muchas personas acusan al gobierno de falta de generosidad con los refugiados y le exigen que admita a un mayor número de ellos. Pero tales peticiones solo serían creíbles si estas personas estuvieran realmente dispuestas a asumir sus costes. ¿Lo están? Podría, por ejemplo, preguntarse a quienes quieren que el país acoja más refugiados: ¿aceptaría usted unos servicios públicos de peor calidad o más congestionados? Y, si no fuera así, ¿aceptaría un mayor descuento en su nómina para financiar el mayor coste de los servicios públicos? Para los partidarios de abrir más las fronteras, contestar en forma negativa a ambas preguntas sería, seguramente, poco racional; pero la respuesta dominante en la población española sería, sin duda, “no”. Y este es el verdadero problema, porque la generosidad entre nuestros conciudadanos, suele desaparecer, como por encanto, cuando a cada uno le piden que asuma los costes de sus decisiones.