Nadie duda de que el actual sistema de pensiones es insostenible porque existe un desfase creciente entre ingresos y prestaciones. Falta audacia en nuestros legisladores y gobernantes para tomar las decisiones que resuelvan la situación a largo plazo. Por ejemplo, alargar la edad de jubilación, congelar los importes de las retribuciones, favorecer a las familias para que la natalidad aumente y mejore la pirámide de población, dejar de hacer confiscatorios los rescates de los planes de pensiones privados, etc. Hay políticos que piensan que el dinero de las cotizaciones es un patrimonio público del que pueden disponer a su antojo para cubrir causas humanitarias, como las pensiones no contributivas. Estas partidas deberían salir de los Presupuestos, porque los fondos que la Seguridad Social recauda son una propiedad privada que pertenece en exclusiva a los cotizantes, y con la que, por tanto, el Estado tendría que comportarse como un administrador fiel y prudente. Lamentablemente, todos los partidos prefieren el clientelismo electoral, antes que proteger la sostenibilidad de las pensiones futuras.
La Seguridad Social debería comprometerse a mostrar una mayor transparencia respecto a las cotizaciones que retiene. Se nos quita el dinero sin darnos una garantía jurídica de las cantidades exactas que cobraremos. La única alternativa fiable para que los jóvenes se aseguren la pensión es permitir que deriven un porcentaje de la cotización obligatoria, creciente con los años, a un plan de pensiones de capitalización sobre el que ellos decidan. ¡Estado, no me resuelvas la vida y déjame ser un poquito más libre con lo mío, porque a los dos nos irá mejor!
En un sistema de reparto, como el que existe actualmente en España, los trabajadores cotizan para pagar la pensión de quienes están ya jubilados, adquiriendo así el derecho a recibir una prestación cuando se retiren. En cambio, en un sistema de capitalización, los trabajadores ahorran su aportación en una cuenta, donde se invierte en acciones, bonos u otro tipo de activos, y la rescatan cuando hayan finalizado su vida laboral, cobrando una renta vitalicia en función de la cantidad con la que cuenten en ese momento. Esta opción genera cuatro beneficios directos sobre los trabajadores.
1. En el sistema actual, las aportaciones las distribuye el Estado directamente a los pensionistas. En cambio, en el de capitalización, las cotizaciones se invierten desde un primer momento, generando intereses, que a su vez se reinvierten en otros activos. Este interés compuesto hace que el importe a percibir sea mucho mayor que en el sistema de reparto.
2. En el sistema actual, sólo se tiene en cuenta el sueldo de los últimos años, por lo que se perjudica a quienes han sido golpeados por la crisis. Por el contrario, en uno de capitalización, el dinero ahorrado durante la bonanza seguiría ofreciendo un rendimiento en forma de intereses y el capital se podría recuperar, con lo que el impacto sería menor.
3. En el sistema actual, cada año de cotización genera una mejora de prestaciones cada vez menor, lo que daña a las carreras laborales más largas. En uno de capitalización, sin embargo, el incremento de la pensión de jubilaciones es proporcional a la duración de la carrera laboral, por lo que nadie sale perjudicado.
4. En el sistema actual, un año trabajado al final de la vida laboral cuenta mucho más que uno trabajado al inicio, por lo que quienes tienen profesiones manuales resultan especialmente damnificados. En un sistema de capitalización, un año trabajado en los primeros compases de la vida laboral tiene más valor, lo que permite que quienes la han comenzado antes se puedan retirar también de forma anticipada.
Algunos casos
Todos los grupos de ciudadanos estudiados sufren perjuicios, en mayor o menor medida, por el sistema público de pensiones de reparto. Además, el daño es considerablemente mayor en el caso de los trabajadores que empiezan a cotizar antes, aunque sea con unos sueldos más bajos. En comparación, se ven menos afectados quienes entran a trabajar más tarde con salarios más altos. Con todo, el modelo de capitalización sí podría perjudicar a las carreras de cotización más cortas, que ahora captan más recursos del resto del sistema. Por ejemplo, una mujer nacida en 1970 que no ingresara en el mercado laboral hasta los 45 años, cobrando 18.000 euros anuales, y que tuviera tres hijos (bonificados por la Seguridad Social), cobraría un 11,3% menos con un sistema de capitalización que con el modelo actual. Eso sí, la pérdida quedaría anulada al cabo de 20 años, debido a que se espera que las pensiones públicas se revaloricen por debajo del IPC de forma reiterada. Además, hay que tener en cuenta que incluso quienes entran y salen del paro con asiduidad consiguen aparecer más tiempo cotizando que el que han estado realmente trabajando, ya que el Ministerio de Empleo cotiza por ellos durante un tiempo.
Beneficios añadidos
La introducción de este modelo aporta distintos beneficios para el país, aparte de la mejora de prestaciones de la que disfrutan los trabajadores. En primer lugar, el ahorro es un revulsivo para el crecimiento, ya que permite que la inversión se incremente de forma sostenida en el tiempo. Con este dinero, las empresas pueden encontrar capital para financiar nuevos proyectos y mejorar su eficiencia, lo que repercute en una mayor producción y una creación de empleo más intensa.
El mejor ejemplo de crecimiento tras la implantación de este sistema es Chile. Cuando el nuevo modelo se instauró, el país se encontraba en una recesión que llegó a alcanzar el 13,6% anual. Sin embargo, poco después, recuperó una senda sólida de crecimiento. Sólo entre 1983 y 1993, el PIB real se duplicó, y mantuvo un ritmo muy fuerte en los años posteriores. Entre 1983 y 2013, la actividad económica creció a una tasa media del 5,6%, por encima de todos los países de América Latina, salvo Costa Rica.
En estos treinta años, el PIB per cápita chileno en dólares se ha multiplicado por nueve, lo que le ha permitido superar con creces a la vecina Argentina, que hasta entonces se encontraba muy por delante. Gracias a ello, Chile lidera hoy el ranking de renta per cápita entre los grandes países de América Latina, viéndose superado únicamente por Uruguay.
Otro de los beneficios inherentes a este sistema de pensiones es que, incluso si el capital se destina en buena medida a la inversión en el extranjero, como suele suceder en los países desarrollados, habría proporcionado un potente flujo de ingresos que permitiría solucionar el déficit exterior español. Citigroup estima en su informe ‘The coming pensions crisis’ que el dinero comprometido por el Estado para pagar las pensiones en los próximos años supera el 200% del PIB. Dejando de lado que ese importe pudiera ser mayor debido al interés compuesto de las inversiones, si los españoles dispusieran de esta cifra en el S&P (que en los últimos años ha dado una rentabilidad por dividendo cercana al 2%), cada año obtendrían 43.200 millones de euros.
Otro puntal de la mejoría económica vendría por unos mejores incentivos a los trabajadores, especialmente desde el punto de vista del fraude fiscal. Por un lado, en la situación actual, muchos trabajadores tienden a defraudar a Hacienda para pagar menos impuestos y reducir la factura de las cotizaciones sociales. Para un trabajador que cobre el salario mínimo (9.172,8 euros al año), éstas ascienden a 3.325,5 euros anuales o, lo que es lo mismo, el 36,2% de la nómina. Por tanto, los incentivos para defraudar son muy elevados. Sobre todo, entre los trabajadores jóvenes, a quienes la Seguridad Social no tiene en cuenta las cantidades aportadas. Con el sistema de capitalización, estos alicientes desaparecen, ya que el dinero depositado al inicio genera intereses, y éstos, a su vez, proporcionan un rendimiento añadido que genera un efecto bola de nieve.
Hay que recordar que, en el sistema de reparto actual, los primeros quince años de cotización ya dan derecho al 50% de la prestación, y, a partir de entonces, el rendimiento que ofrece la Seguridad Social decrece a un ritmo cada vez mayor. Durante los 20 años siguientes, la prestación generada por cada año cotizado cae un 25%, de media. Y este descenso se acelera especialmente en los años trabajados después de cumplir la edad legal de jubilación. Aunque estos últimos proporcionan un bonus en la pensión del 4% por cada año extra cotizado, también conllevan que el jubilado deja de percibir un año de prestaciones. Por lo tanto, trabajar dos años más sólo sale rentable para quienes van a vivir más de 93 años (el 9,1% de la población, de acuerdo con las cifras de mortalidad del INE). Y eso suponiendo que no fueran a cobrar ya la pensión máxima.
En cambio, la pensión de capitalización ofrece un incentivo continuo para los trabajadores. Todo el dinero que aporten se traducirá en una prestación más alta, teniendo un mayor impacto si se formaliza desde un primer momento. Con ello, además, se ofrece un mayor incentivo al trabajo, debido a que reduce la brecha fiscal (esto es, la diferencia entre lo que paga la empresa y el sueldo neto que recibe el empleado). Actualmente, un año cotizado tiene valor para todo tipo de trabajadores, pero el importe específico de las cotizaciones sociales sólo resulta significativo para aquellos que alcanzan los 42 años. Al hacer que toda la vida laboral se compute en el cálculo de la pensión de jubilación, las cotizaciones sociales de los menores de 42 años dejan de ser un “impuesto” para convertirse en una aportación a su propio fondo. Con ello, se fomenta una entrada más rápida de los jóvenes al mercado laboral.
Por otro lado, los mayores tienen más estímulos para permanecer en su puesto de trabajo. Quienes pospongan un año su fecha de retiro no sólo elevarían el dinero acumulado en su fondo, sino que su capital proporcionaría un rendimiento adicional. Además, al cobrarlo, lo tendrían que repartir entre un periodo menor, con lo que su renta crecería por partida triple. En el caso del ciudadano medio estudiado en primer lugar, trabajar un año adicional le reportaría 4.200 euros anuales a lo largo de toda su jubilación.
Finalmente, el sistema de capitalización también supone una clarificación normativa, especialmente en el caso de quienes quieren seguir trabajando una vez jubilados. El modelo actual supone un problema para los creadores literarios, por ejemplo, que siguen cobrando derechos de autor después de retirados. Algunos se enfrentan a multas de Hacienda de más de 100.000 euros. Con el modelo de capitalización, en cambio, no tendría por qué haber conflicto de intereses, ya que el autor podría empezar a recibir la pensión a la que tenga derecho (porque la ha ahorrado en un fondo propio y no dependiente de la Administración) y mantener a la vez otros ingresos, declarándolos en el IRPF pero sin necesidad de cotizar por ellos si ya tiene un capital suficiente.
Además, el sistema de capitalización abre un abanico de opciones para los trabajadores. Por ejemplo, se podría permitir que quienes cuenten con un fondo por encima de lo normal para su tramo de edad (y que, por tanto, no tendrán problemas de cara a la jubilación) abran la hucha para dar la entrada de un piso, saldar la hipoteca de la vivienda o comprar un coche. No tiene sentido que los ciudadanos pidan préstamos a altos tipos de interés mientras, al mismo tiempo, disponen de un elevado patrimonio aparcado. Asimismo, en caso de que pierdan el empleo, podrían rescatar parte de sus ahorros para afrontar la caída de ingresos, reciclar su formación o montar una empresa. También sería factible que el fondo quedara en herencia, en el caso de una defunción temprana, antes de que se hayan agotado los recursos del plan.
¿Por qué los planes de pensiones no han tenido éxito en España?
Un famoso estudio del profesor Pablo Fernández, del IESE, junto con Pablo Linares y Pablo Fernández Acín*, muestra que entre diciembre de 1998 y diciembre de 2013, los 257 fondos de pensiones españoles que cubrieron todo el periodo tuvieron una rentabilidad promedio del 1,53%, frente al 4% del Ibex 35 y el 4,4% de los bonos del Tesoro a diez años. En este periodo, sólo cuatro fondos superaron al Ibex, mientras que únicamente tres lograron más rentabilidad que los planes del Estado, y 25 tuvieron un rendimiento negativo, en promedio.
Hay varios factores que explican estas pérdidas. En primer lugar, existen las comisiones explícitas: las que el partícipe paga y aparecen reflejadas en el contrato del fondo como comisiones de gestión, de depósito, de suscripción y de reembolso. No obstante, hay que tener en cuenta que una parte importante de las mismas se destina a gastos de comercialización, ya que “en muchos fondos de pensiones los agentes comerciales tienen retribuciones superiores a los gestores”, explican los autores. Un 36% de los fondos cobraron comisiones de gestión comprendidas entre el 2% y el 2,5% del patrimonio, lo que explica en gran medida la diferencia de rentabilidad.
Otra gran parte se podría explicar por la distribución de la cartera de inversión, al hacer apuestas peores que las del índice. Esto es, muchos fondos habían sobreponderado con fuerza los sectores más expuestos a la crisis inmobiliaria. Además, la gestión activa (frecuentes compras y ventas para cambiar la composición de la cartera) también supone un lastre para la rentabilidad. Por un lado, no está claro que los movimientos continuos eleven el retorno del fondo, ya que los inversores de éxito, como Warren Buffett, prefieren precisamente evitarlos. Por otro, eleva las comisiones que se pagan a los departamentos de Bolsa que realizan estos trámites. Por lo tanto, la gestión activa parece una trampa de los gestores para incrementar su propio sueldo, ya que carga comisiones de las que se lucra la compañía a cambio de una política de compraventas lesiva para los clientes.
Sin embargo, hay algunos elementos del sistema fiscal español que incitan a la suscripción de un fondo de pensiones. Cuando un trabajador ahorra a través de un plan de este tipo, puede deducirse esta cantidad, por lo que le favorece en el corto plazo, y sólo tributa como rendimiento del trabajo en el momento en el que vaya a rescatarlo. Gracias a este beneficio fiscal, todo su capital está generando un rendimiento desde el primer momento, aunque tendría que pagar las comisiones del fondo. En cambio, si alguien quiere apartar una porción de su dinero para comprar ciertos valores, debe pagar el IRPF correspondiente a todo el sueldo y, después de eso, invertirlo. Entonces empezará a pagar los costes de custodia y de compraventa de valores y tendrá que tributar anualmente por la percepción de dividendos e intereses. Finalmente, al vender los activos, habrá de pagar a Hacienda por la parte correspondiente a la revalorización de éstos como rendimientos del capital.
Si bien los planes de pensiones resultan muy beneficiosos al principio, las ventajas se disipan en unos pocos años, debido a la falta de rentabilidad. El estudio de Pablo Fernández muestra que muchos gestores llegaron a consumir el capital originado por las desgravaciones en menos de cinco años por su completa ineficiencia. No obstante, esto no significa que los incentivos fiscales no tengan sentido. Al contrario, para que el sistema de capitalización compita en igualdad de condiciones con el de reparto, es necesario que ambos tengan el mismo tratamiento fiscal. Esto es, que el dinero que actualmente se cotiza a la Seguridad Social vaya directamente al vehículo de inversión elegido por el trabajador, que quede exento del pago de impuestos del capital por los dividendos e intereses generados y que tribute únicamente por el IRPF de los ingresos anuales que perciba tras la jubilación, considerándolo como sucesivos rescates anuales. Es decir, no hay que limitar las desgravaciones fiscales, sino potenciarlas y ampliar la competencia, de forma que los planes más ineficientes queden fuera del mercado. De hecho, tampoco habría problema en que el propio sistema de la Seguridad Social compitiera con los planes privados. Además, también se debería estimular que los trabajadores opten por modelos de gestión pasiva, que limiten las comisiones.
Una alternativa pueden ser los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), introducidos por el pasado gobierno de Mariano Rajoy. Aunque este producto es más flexible que los planes de pensiones y está exento de IRPF en cuanto el capital se convierte en una renta vitalicia (sólo si se rescata en el momento de la jubilación), el hecho de que lo aportado no se pueda deducir en el IRPF lo sitúa en desventaja frente a los mejores fondos de pensiones.
Además, otro de los problemas del bajo rendimiento de los planes de pensiones españoles ha sido que en este periodo se han producido varios desplomes fuertes que se han compensado con fuertes subidas. Este tipo de planes puede ser fatal para los fondos, que a veces quedan entrampados en activos de mala calidad. Sin embargo, esta volatilidad es positiva para quienes compran la misma cantidad de activos regularmente, ya que podrán adquirir más durante las caídas y menos cuando la Bolsa está cara, lo que promedia el precio de compra a la baja. Gracias a esto, el ahorrador que opte por la misma cantidad anualmente podría haber incrementado su rentabilidad un 3,1% a lo largo de 15 años, en el periodo estudiado por Fernández, y si lo hiciera mensualmente, todavía más.
Finalmente, la OCDE ofrece varias recomendaciones a la hora de establecer un sistema público de pensiones basado en la capitalización. Entre estos consejos, destaca la necesidad de animar a los trabajadores a que coticen en estos planes durante un periodo largo, de mejorar los incentivos fiscales a los planes de pensiones voluntarios, de promover instrumentos de ahorro a bajo coste o estrategias predeterminadas de inversión en función de los diferentes perfiles de riesgo. Con esto, trata de aprovechar todo el potencial de crecimiento en la Bolsa para el ahorro generado en los primeros años de la vida laboral y mitigar el impacto de una crisis financiera en los previos a la jubilación, de la que sería muy difícil que el ahorrador se recuperara. Para ello, se podría invertir el 80% del capital en Bolsa y el 20% en bonos de Estados y empresas hasta los 30 años, reducir la proporción en renta variable al 70% entre los 30 y los 40, rebajarla al 60% entre los 40 y los 50, distribuir el ahorro al 50% entre los 50 y los 60 y elevar la proporción en renta fija al 60% a partir de los 60 años.
La experiencia de otros países
El ejemplo que se suele poner de cara a la reforma de las pensiones es Chile, que siguió la estela de ciertos países como Estados Unidos o Canadá. Se abrió la posibilidad de que quienes quisieran seguir aportando su cotización al plan nacional, de reparto, lo siguieran haciendo, mientras que el resto podrían ingresarlo en una de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que desde entonces competirían entre ellas y, a partir de 2014, también con el sistema público, por ofrecer una mayor rentabilidad y mejores prestaciones. El Estado seguiría captando algunos recursos para ocuparse de los casos de más necesidad. Los trabajadores que optaran por el cambio se llevarían un bono que representaba sus aportaciones al sistema común hasta la fecha. Este es el modelo que mejores resultados ha dado, con rentabilidades anuales consistentemente superiores al 10%. Esto, sin embargo, no ha evitado las críticas de muchos jubilados, que ven cómo sus prestaciones son muy cercanas al salario mínimo. Sin embargo, esto se debe a que los importes ahorrados fueron de muy poca cuantía (una cuarta parte de la cotización que exige la Seguridad Social en España, aunque pueden elevar la aportación voluntariamente) y a que muchos chilenos han decidido jubilarse demasiado pronto. De hecho, un 52% de los trabajadores que se retiraron en 2015 tenía menos de quince años cotizados (algo por lo que en España no percibirían pensión de jubilación), y sólo una cuarta parte había aportado a su fondo durante más de 25 años.
El gran problema, sin embargo, es que los países desarrollados no pueden hacer este cambio de un día para otro, por la enorme deuda contraída con sus trabajadores y la elevada esperanza de vida. Por eso tienen que aspirar a modelos mixtos, como es el caso del sistema sueco o el alemán. En Suecia, el 13,5% de la cotización se destina a una cuenta de ahorro personal y se puede invertir en cerca de 800 fondos, mientras que el 86,5% restante se destina al sistema común, para pagar las pensiones ya comprometidas. Conforme se empiecen a jubilar los que han cotizado con este modelo, se podrá empezar a reducir la carga de la aportación para el Estado, permitiendo un mayor peso del ahorro individual. Esto es lo que ya sucede en Suiza, donde el modelo mixto se introdujo a finales de los 80 y el segundo pilar (la aportación a fondos de capitalización privada) ya supone el 41,9% del dinero que percibe el nuevo pensionista medio. En otros países, este porcentaje es más elevado, hasta alcanzar el 91% de las prestaciones en Islandia, el 74,1% en Australia, el 69,7% en Israel, el 67,4% en Holanda o el 47,6% en Estonia, por mencionar sólo algunos ejemplos. Además, en estos países la pensión media equivale al 73,5% del último sueldo, frente al 64,1% en el conjunto de la OCDE. Esto es, un aumento del 14,6% sólo con la introducción de un componente moderado de capitalización.
Las alternativas a la capitalización: unas matemáticas cada vez más complicadas
Para este informe hemos tomado como referencia las promesas oficiales del sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, todos los cálculos indican que las pensiones públicas necesitan un serio recorte para seguir siendo sostenibles ahora y en el futuro. Para empezar, el sistema de la Seguridad Social tuvo un déficit de 16.708 millones de euros en 2015, lo que se suma a los reiterados incumplimientos en los años previos. Éstos han dejado tiritando la hucha de las pensiones. En concreto, el Fondo de Reserva dispone de 24.207 millones de euros a fecha de 31 de julio de 2016, tras alcanzar los 65.830 millones de euros. Al ritmo actual, la hucha se quedará sin fondos en diciembre de 2017.
Es cierto que los Presupuestos Generales del Estado contemplan una estimación optimista de la reducción del déficit este año, lo que podría aliviar esta sangría. No obstante, como se ha podido comprobar los años anteriores, los ingresos no suelen corresponderse con las expectativas. En 2015, por ejemplo, los ingresos por cotizaciones sociales apenas avanzaron un 1,3% (frente al 6,8% previsto), pese a la intensa creación de empleo. Esto se debe a que gran parte del trabajo genera cotizaciones sociales por debajo de la media, debido a los menores salarios, los empleos a tiempo parcial y las bonificaciones sociales, lo que no significa que haya que limitarlo sino, más bien, trabajar con previsiones realistas. Para 2016, parece que las estimaciones son todavía más desorbitadas. Asimismo, los gastos en prestaciones también están creciendo a un ritmo del 3,2% en julio, cuatro décimas más de lo previsto para el conjunto del año. Por ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pronostica que el déficit del sistema previsional alcance el 1,6% del PIB (cerca de 17.950 millones de euros), lo que haría necesaria una cura de urgencia al sistema.
A corto plazo hay cuatro posibilidades. O bien se transfieren recursos del resto del sistema, o bien se financia una parte de los gastos de la Seguridad Social con el resto de los Presupuestos Generales del Estado, o bien se elevan las cotizaciones, o bien se bajan las pensiones. Aunque las dos primeras son un mero juego de manos entre las distintas cajas del Estado, han sido las opciones comentadas entre los políticos para aliviar las cuentas, debido precisamente a que no suponen un problema para nadie. Sin embargo, el resto tiene efectos negativos. Por ejemplo, es muy difícil elevar las cotizaciones sociales, que ya se encuentran entre las más altas de Europa, porque eso tendría un fuerte impacto en el empleo. Asimismo, suprimir las bonificaciones también supondría un duro golpe a la contratación. No obstante, la rebaja de gastos no es posible en el corto plazo, porque implicaría un recorte de cerca del 15,1% en todas las pensiones, sólo este año. Por lo tanto, parece que lo más plausible es que se transfieran recursos del resto del Presupuesto para cubrir el déficit del sistema. Sin embargo, esta solución no se puede mantener indefinidamente, por lo que en el medio y largo plazo habrá que optar por una rebaja de las prestaciones. Las matemáticas son complicadas, ya que las pensiones necesitan cumplir esta regla para poder ser sostenibles: Nº de trabajadores x salario medio x cotización =/> Nº de pensionistas x pensión media.
Ahora pongámonos en el año 2064, el último proyectado en las previsiones demográficas del INE. Entre 2016 y 2064, el número de personas en edad de trabajar (17-64 años ahora y 17-66 años entonces, según lo esperado en la norma) habrá pasado de los 29,79 millones a 21,51 millones en el último año. En cambio, el número de personas que superen esta edad habrá pasado de 8,71 millones a 14,91 millones.
El número de jubilados sí se corresponde muy bien con estas cifras. Sin embargo, el de trabajadores es bastante inferior al de la población adulta, debido a que muchos no se han incorporado todavía al mercado laboral, otros están estudiando, muchos en paro y algunos más han decidido no trabajar. Por eso, sólo 18,3 millones de personas (el 61,4% de la población entre 17 y 64 años) están ocupadas actualmente. El resto se encuentran desempleados o inactivos, sobre todo por motivos de estudio o por estar cercanos a la fecha de jubilación. En 2064, se prevé que la tasa de actividad entre los jóvenes (por motivos de estudio) sea ligeramente mayor que en la actualidad, pero que disminuya sustancialmente (pongamos, con un cálculo optimista, que a la mitad de las cifras actuales) en el resto de los estratos.
Asumamos también una tasa de desempleo del 10% de la población activa, algo muy generoso viendo los datos de las últimas décadas. Con todo ello, España podría tener 15,82 millones de trabajadores en 2064.
Ahora bien, y dejando de lado las cotizaciones, es muy posible que su salario haya subido a un ritmo de entre el 0,5% y el 0,7% anual, descontando la inflación, según las medias históricas. Con el cálculo más prudente, los trabajadores cobrarían un sueldo medio un 27% superior al actual y, con los más generosos, un 39,8% por encima. Ahora bien, estas cifras serían insuficientes para hacer frente a la caída del número de trabajadores (un 13,5%) y al fuerte incremento de los pensionistas (un 71,1%). Además, hay que tener en cuenta que la Seguridad Social ya registraba un fuerte desequilibrio. Por eso, manteniendo los parámetros actuales del sistema, las pensiones públicas tendrían que caer entre un 40% y un 45,5%, en términos reales, para llegar a ser sostenibles. En un escenario negativo, en el que sólo siete de cada diez adultos en edad de trabajar estén ocupados, el desplome podría alcanzar el 48,1%. Con ello, la pensión media caería a 534,6 euros al mes, en paridad de poder de compra respecto al valor actual.
Si este recorte ya resulta muy gravoso para lo que cobran actualmente los pensionistas, todavía lo sería más respecto a las promesas hechas a quienes aún están trabajando. Ahora, el jubilado medio percibe una pensión equivalente al 80,1% de su último sueldo, una de las cifras más elevadas de la OCDE. Pero esta cifra puede reducirse sustancialmente si España se mantiene dentro de un sistema de reparto, ya que cada vez hay menos para repartir. Con estos cálculos, los jubilados apenas recibirían una tercera parte de su última nómina. Aunque la crisis se resuelva, por ejemplo con inmigración, el problema de fondo continúa, porque se estaría garantizando a los nuevos trabajadores que vienen a “pagar las pensiones” unas prestaciones que el sistema no puede asumir.
Pese a que teóricamente sería posible subir las cotizaciones sociales, eso influiría en la creación de empleo, dificultando más la sostenibilidad del sistema en el futuro. Por eso, la única alternativa viable al recorte sería ir retrasando la edad de jubilación. Sin embargo, esta medida tiene un recorrido limitado y no resuelve los graves problemas del sistema. Por ejemplo, actualmente hay 3,47 ciudadanos entre 16 y 64 años por cada uno mayor de 65 años. Una cifra mayor que 3 indicaría que el sistema podría ser sostenible si el desempleo estuviera dentro de unas tasas más moderadas, ya que podría asegurar que hay 2,1 ocupados por pensionista. Esta ratio caerá por debajo de 3 en 2023, pero para entonces el retraso en la edad de jubilación proyectado en la norma conseguirá que el sistema se mantenga ‘a flote’. No obstante, este retraso hasta los 67 años ya quedaría obsoleto el mismo año en el que entre en vigor por completo, 2029. Para entonces sería necesario un nuevo retraso de dos años, hasta los 69, que apenas daría impulso al sistema hasta 2034. Entonces, el deterioro se aceleraría de forma muy pronunciada, hasta el punto de que en 2048 ni siquiera bastaría con tener una edad de jubilación en 75 años. Este parche siembra la duda sobre la viabilidad del sistema, debido a que no está claro que la mayor parte de los ciudadanos pueda seguir trabajando hasta esta edad en la mayoría de las profesiones. Además, lo único que se hace es ganar tiempo mientras se encuentra una solución más consistente. En cambio, la transición al sistema de capitalización puede ayudar a mitigar este impacto, al ofrecer una nueva vía de financiación para las pensiones.
Apunte metodológico
Para elaborar estos cálculos, se ha tomado como referencia del rendimiento del ahorro la rentabilidad histórica del índice S&P 500 en euros, descontada la inflación, por tratarse de una referencia de casi un siglo de antigüedad. Además, aglutina 500 empresas con presencia global, por lo que se trata de uno de los índices más diversificados del mundo. Para el futuro, se ha supuesto una rentabilidad anual del 7% (incluyendo revalorización y dividendos, y descontada la inflación), ya que es la media histórica del índice. Para el cómputo de la rentabilidad, no se han descontado los impuestos que sufriría un particular al percibir los dividendos. Esto se debe a que sólo se ha sustituido el importe cotizado al Estado por la cifra aportada al plan de pensiones. Como Hacienda no ve ingresos extra por el dinero que pasa por la Seguridad Social, tampoco tendría sentido incluirlo en esta simulación. Asimismo, tampoco se han incluido los costes de gestión de este capital, al considerarse únicamente el seguimiento pasivo de un índice.
Con el importe capitalizado al final de la vida laboral, se ha calculado una renta vitalicia, tomando como referencia las cifras que manejan las aseguradoras (un 4% del importe capitalizado), de cara a ofrecer una estimación conservadora y no sujeta a riesgos. Sin embargo, también sería posible mantener una parte de esta cifra en inversiones de bajo riesgo, lo que permitiría elevar la rentabilidad a cambio de que los ingresos sufrieran una ligera variabilidad. Esta opción es especialmente recomendable conforme se acerca la edad de jubilación.
Todas las cifras de la tabla se muestran traducidas al valor equivalente de 2016. Es muy posible que las prestaciones en el futuro sean mucho mayores en términos nominales por el efecto de la inflación, pero aquí se ha descontado el resultado del incremento de los precios. De otra forma, la pérdida de poder adquisitivo de la pensión de jubilación en el sistema actual no quedaría reflejada.
Por último, el cálculo de lo que corresponde cobrar con la pensión pública se hace a partir de las previsiones oficiales, pero las cifras podrían ser mucho más bajas. La Seguridad Social registró un déficit del 1,3% del PIB en 2015 y todo apunta a que ése es el entorno en el que nos vamos a mover en los próximos años. Una vez que se acabe la hucha de las pensiones, será necesario un ajuste, bien de ingresos (elevar las cotizaciones sociales), bien de gastos (recortar las pensiones) para cuadrar las cuentas del sistema. Estas estimaciones no se incluyen en el cálculo anterior, que está basado en las cifras oficiales.
