Los políticos ‘enganchados’ al gasto suelen utilizar siempre aquellas medidas que les dan el resultado que ellos quieren. Así, acostumbran a decir: «Desde el año… ha habido un ajuste del gasto público de un…». Sin embargo, esconden que durante los ejercicios anteriores el despilfarro creció en términos todavía mayores, o que buena parte de esa cifra se ha logrado con las ayudas del Estado y/o de la UE para rebajar la carga de intereses. No se ha debido, por tanto, a un ajuste del gasto real. Para ser objetivos hemos elaborado un índice que mide el gasto en relación al Producto Interior Bruto, de tal modo que cuando una comunidad tiene un PIB del 10% de España y emplea el 10% del gasto total nacional el índice asignado sería 100. Si gastase un 15%, este indicador sería 150.
Quizá las partidas que mejor resumen cómo actúa una comunidad sean las del gasto en personal y en inversiones de capital. Si este último tiene efectos muy significativos en el crecimiento a largo plazo, el gasto en personal suele priorizarse atendiendo a razones electoralistas. Así, un amplio número de comunidades ha decidido mantener una fuerte contratación, desde Extremadura (225,6 puntos en el índice) hasta Galicia (un 20,9% más que las que le corresponderían), pasando por Castilla- La Mancha, Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Navarra. Todas ellas, además, tendrían margen para recortar su sobredimensionado gasto en infraestructuras, a excepción de Castilla-La Mancha.
En segundo lugar, nos encontramos con aquellas regiones que mantienen un nivel de funcionarios en torno a la media: Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Esta última, por cierto, desmiente con los datos el tópico de que esté mal financiada. En el resto, por el contrario, se observa un problema: han preferido, en líneas generales, sacrificar la inversión para mantener una contratación pública más fuerte. Sólo La Rioja se escapa de esta tendencia generalizada.Finalmente, existen aquellas comunidades más austeras, donde el gasto en empleo público cae hasta un 38,7% por debajo de la media, como sucede en el País Vasco, aunque no por ello tiene unos servicios deficientes, como alegan muchos políticos manirrotos. Entre estas comunidades están, además, Murcia, Madrid, Asturias y Canarias. Tanto Murcia como el País Vasco han aprovechado los ahorros en personal para favorecer la construcción de infraestructuras. Mientras Madrid, Asturias y Canarias han optado por unos presupuestos más contenidos para esta partida. En este sentido, la estrategia de Madrid es clara: contener el gasto público para poder mantener unos impuestos relativamente bajos y atraer más población y actividad que, a su vez, genere más ingresos para la comunidad.
Estos datos muestran también que la mayor parte de las regiones sí que tiene un margen de ajuste importante, más allá del victimismo. No tiene sentido captar unos pocos votos más en el momento inmediato si eso provoca un riesgo o perjuicio seguro para la riqueza y el bienestar futuros de la comunidad autónoma en cuestión. De hecho, si mirásemos los datos brutos y sin pasar por la cocina, veríamos cómo el gasto en contrataciones multiplica por 7,7 las inversiones en el conjunto de las comunidades.
