El populismo perjudica a las regiones pobres
22 de enero de 2017
Por admin

 La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en una economía próspera puede ser beneficiosa para toda la sociedad. Sin embargo, cuando la situación es incierta y se tiene el segundo mayor paro de Europa, con el agravante de que asciende a un 46,24% entre los menores de 25 años, elevar el salario mínimo resulta perjudicial.

Las razones son muy claras: a) impide que se cree nuevo empleo, porque son muchas las empresas donde el margen de beneficio sobre la facturación ya es de por sí muy pequeño y en las que, con el nuevo SMI, se reduciría todavía más; b) el despido de aquellos cuya productividad no alcance el coste mínimo de emplearlos (1.230 euros al mes, incluyendo la cotización a la Seguridad Social); c) la subida de los costes salariales, que hará que parte del presupuesto para nuevas contrataciones acabe destinándose a aumentos de sueldo; d) los efectos de segunda ronda, o lo que es lo mismo, que la menor creación de empleo significará una contracción del consumo que, a su vez, dificultará la generación de nuevos puestos de trabajo. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que el alza del Salario Mínimo de un 8% (la mayor de la historia, a pesar de que los precios llevan tres años seguidos en caída) costará la creación de 100.000 puestos de trabajo.

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Y esto tendrá un impacto muy desigual según las comunidades autónomas, ya que el porcentaje de empleados con salarios bajos es muy diferente entre unas y otras. Por ejemplo, en Navarra, apenas el 1,8% de los empleados cobraba en 2015 menos que el nuevo SMI de 2017, por un 2% de todos los ocupados en País Vasco, mientras que en Andalucía, Canarias o Extremadura, más del 7% de la población se encuentra por debajo de esta frontera, según las cifras del INE. Por tanto, un reparto de estos puestos de trabajo de forma proporcional al número de empleos que hasta ahora ganaban cantidades inferiores al SMI arrojaría un sacrificio muy heterogéneo. Por ejemplo, en Andalucía se perderían 26.547 trabajos, seguida de Cataluña (12.341), Valencia (11.588) y Madrid (10.845).

Sin embargo, para apreciar el verdadero mazazo que supone la subida del SMI, es necesario poner las cifras en relación al tamaño del mercado laboral de cada comunidad y, también, a los empleos que se habrían generado si se hubiera seguido con la tónica anterior. Así, si se contrastan las nuevas previsiones de creación de empleo del IEE con las que ofrecían en noviembre los grandes centros de análisis macroeconómico reunidos en el panel de Funcas, se observa que la nueva medida se cobrará el 25,7% de los puestos de trabajo que se iban a crear en el conjunto de España, pero el 44,5% de los que se podrían haber generado en Andalucía, el 43,9% de los de Canarias y el 43,3% de los de Extremadura. Las cifras son muy negativas también en Murcia, Galicia, Valencia, Cantabria o Castilla-La Mancha, con una pérdida de dinamismo de hasta el 31,8%. Sin embargo, no hace falta irse a la parte alta de la tabla. El SMI será también desastroso para Navarra y País Vasco, donde uno de cada ocho empleos que se iban a crear se desvanecerá.

Si además se tiene en cuenta que los menores de 25 años son los más afectados por el SMI, el resultado es demoledor. Las regiones con más jóvenes en paro son las que perderán más empleo, algo apoyado por una correlación de 0,6999. La subida del SMI es la típica medida populista con la que, por agradar a la mayoría, se lesiona a la minoría de los más pobres: aquellos que ya tan solo aspiran a un empleo mal retribuido.

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