Las comunidades autónomas se enfrentan a un grave problema de sostenibilidad de su deuda pública. El mantenimiento de un nivel de gasto similar al existente antes de la crisis y la brutal caída de sus ingresos fiscales provocan que la deuda y los gastos financieros crezcan cada trimestre. Los ciudadanos saben que la administración central y su comunidad autónoma deben mucho dinero, pero, con frecuencia, mantienen una actitud despreocupada, como si el problema no fuera suyo sino de los políticos. El mejor modo de ser consciente del volumen de la deuda y de lo que suponen sus intereses es cuantificarlos por trabajador ocupado, dado que pensionistas, desempleados y niños constituyen una población que contribuye en menor medida a generar ingresos fiscales.
Con datos consolidados de 2012, si tomamos la deuda que corresponde a Cataluña y la dividimos por el número de sus trabajadores, la cifra que resulta es de 17.475 euros por trabajador ocupado. La Comunidad Valenciana (16.319 €), las Islas Baleares (12.428 €) y Navarra (10.877 €) son las regiones que le siguen. En el otro extremo, la población ocupada que menos debe per cápita es la de Canarias (6.241 €), seguida de la de Asturias (7.111 €).
El problema de la deuda reside en que sus intereses hay que abonarlos todos los años a los prestamistas. Si se repartiera este gasto entre la población ocupada, los catalanes (690 €) serían los trabajadores que más pagan, seguidos de castellanomanchegos (516 €), baleares (486 €) y cántabros (405 €). Por el contrario, los trabajadores que menos intereses tienen que pagar son los de Madrid (239 €), Asturias (258 €) y Canarias (274 €).
Estos ratios demuestran que el sistema de bienestar que nos hemos creado sólo es sostenible dentro de una economía pujante. No obstante, lo realmente patético es que esa ‘factura de intereses’ es fruto de inversiones o prestaciones prescindibles. Quizá, si hubiéramos conocido de antemano el coste que supone para nuestro bolsillo el mantenimiento de algunas infraestructuras, nos hubiéramos opuesto a que se hicieran. No hay nada gratis. Por ello, sería recomendable que en nuestra declaración de la renta se indicase el importe de los intereses de lo que pagamos. Este apunte explícito resultaría muy pedagógico para crear una actitud responsable y no reclamar un bienestar que no nos podemos costear.
