¿Existe una correlación positiva entre la llamada ‘libertad económica’, entendida como eliminación de obstáculos a la iniciativa privada, y la prosperidad de un territorio? La respuesta para el ‘think tank’ Civismo es un sí rotundo, según se desprende de su estudio ‘Libertad Económica en España 2013 ¿Por qué fracasan algunas regiones?’, presentado ayer y que pretende ayudar a «orientar las decisiones de los gobiernos regionales hacia el diseño de políticas eficientes», sobre todo en el gasto público.

Cantabria mejora un puesto con referencia al anterior estudio y ocupa la décima posición, lo que sugie- re para el autor una participación media del sector público en la actividad económica. Aunque el informe reconoce el esfuerzo realizado por la autonomía en los últimos años, que se traduce en que ha subido una posición en el ránking general desde el último estudio realizado en 2011. Uno de los campos en los que mejora Cantabria es en el educativo. La variable de profesor por unidad educativa supera al resto de las autonomías y la de alumnos en centros públicos también es mejor que el resto de las regiones.

La sanidad también ha mejorado en Cantabria con respecto a 2011, pero este sector mantiene casi todas las variables por debajo de la media. Otro dato en el que Cantabria figura por debajo de la media española es el porcentaje de empleados públicos, aunque la situación es hoy mejor que en 2011.

La obra analiza doce indicadores (gasto, deuda, impuestos, educación, sanidad, transferencias…) referidos a las comunidades autónomas y llega a la conclusión de que «la prosperidad viene de la mano de la libertad económica y la excesiva regulación es un obstáculo». Una idea fuertemente arraigada en el pensamiento y la literatura neoliberales, que entienden el término ‘libertad económica’ como sinónimo de desregulación, escasa presión fiscal y reducción al mínimo del gasto público en servicios básicos.

El presidente de Civismo, Julio Pomés, ha defendido en numerosos artículos y apariciones públicas la instauración de un Estado casi residual, que se ocupe de proporcionar sólo un marco jurídico seguro para las empresas, de la seguridad ciudadana y de asegurar unas políticas de «beneficencia para los marginados». Sostiene que el resto de servicios sanidad, educación, dependencia, vivienda… deben correr por cuenta de cada ciudadano. «El que quiera más que se lo pague», ha dicho en varias ocasiones. Su idea es que así se generarían ahorros que se traducirían en menos impuestos, lo que dejaría en manos de la iniciativa privada el grueso del dinero que circula en España.

Los promotores de este modelo  suelen poner como ejemplo a Estados Unidos, economía potente y competitiva donde las haya y dominada por el escaso intervencionismo y los bajos impuestos. Pero sus detractores cuestionan que esa filosofía sirva para Europa, donde las condiciones económicas, sobre todo del mercado laboral, son tan distintas que hacen necesaria la protección social. Y exhiben otros estandartes como Finlandia, donde una regulación y una presión fiscal elevadas combinadas con un altísimo nivel de protección han llevado a sus ciudadanos disfrutar de una de las mayores cotas de bienestar del mundo. El índice de Civismo sitúa a Madrid a la cabeza del ranking de ‘libertad económica’, seguido por La Rioja, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana. Por detrás están Baleares, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Aragón, Galicia, y Castilla-La Mancha. Y cierran el listado Asturias, Andalucía y Extrema- dura como los territorios menos ‘libres’. En el plano político, su conclusión es que las comunidades gobernadas al menos diez años por el PP «ocupan en el índice puestos más altos que aquellas que han sido gobernadas también durante más de diez años  por el PSOE».