En su tercera edición, la obra analiza doce indicadores (gasto, deuda, impuestos, educación, sanidad, transferencias…) referidos a las autonomías y llega a la conclusión de que «la prosperidad viene de la mano de la libertad económica y la excesiva regulación es un obstáculo». Una idea fuertemente arraigada en el pensamiento y la literatura neoliberales, que entienden el término ‘libertad económica’ como un sinónimo de desregulación, de escasa o nula presión fiscal y reducción al mínimo del gasto público en servicios básicos.¿ Existe una correlación positiva entre la llamada ‘libertad económica’, entendida como eliminación de obstáculos a la iniciativa privada, y la prosperidad de un territorio? La respuesta para el ‘think tank’ Civismo es un ‘sí’ rotundo, según se desprende de su estudio Libertad Económica en España 2013 ¿Por qué fracasan algunas regiones?, presentado ayer y que pretende ayudar a «orientar las decisiones de los gobiernos regionales hacia el diseño de políticas eficientes», sobre todo en el gasto público.

Valores variables

Dentro de las 17 comunidades autónomas, Castilla y León se sitúa en la séptima posición en el Índice de Libertad Económica 2013, «lo que sugiere una participación moderada del sector público en la actividad económica» de la región, según el estudio. La puntuación, que la sitúa en el segundo tercio de la clasificación, «obedece a que sus indicadores tienen valores muy variables con respecto en algunos casos en la media pero en otros muy por debajo o muy por encima». Los indicadores que muestran valores más bajos son los de medio ambiente, deuda pública e impuestos. Los indicadores de comercio, educación, sanidad y esfuerzo fiscal se encuentran en torno a la media. Los indicadores de movilidad, vivienda, gasto público, empleo público y transferencias muestran valores por encima de la media. El valor obtenido en el índice por Castilla y León se encuentra el 3% por debajo de la mediana de las comunidades. En la comparación con el informe de 2011, Castilla y León ha descendido una posición en el ránking, «por lo que podría decirse que su situación ha empeorado levemente, en términos de libertad económica». En 2011 era sexta entre las 17 autonomías, aunque el valor que tenía en el índice estaba el 11% por debajo de la media.

Castilla y León alcanza el primer puesto entre todas las comunidades en el indicador referido a los impuestos. En 2011 era segunda. El estudio concluye que la región «tiene unos tipos efectivos en los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa inferiores al conjunto de comunidades». «Tanto en IRPF como en su- cesiones y donaciones se encuentra claramente entre las que tienen unos tipos efectivos más bajos». En el caso del Impuesto sobre la Renta, el informe destaca «las deducciones, mucho más grandes», en especial las aplicadas «por guardería que, en el supuesto, son de 1.100 euros por cónyuge».

Asimismo, Castilla y León destaca en los apartados de medio ambiente, lo que «sugiere una regulación de una intensidad baja», y de deuda pública, porque «la ratio de esta con respecto al PIB regional es del 9%, por debajo de la media (11,2%)». En estos dos indicadores, la región es cuarta.

Por el contrario, la comunidad ocupa el penúltimo puesto de la tabla autonómica en el apartado de vivienda (en 2011 era cuarta).  Según el comité de expertos de Civismo, «ello sugiere que tiene una ratio alta de viviendas de protección oficial con relación a la población».

Otros índices en los que Castilla y León aparece en los puestos bajos de la tabla son los de movilidad (es 13a) y empleo público (12a). En el primero de los casos es debido a que la región «tiene cierto peso como destino de quienes se desplazan de una comunidad a otra, mientras que lo ha perdido en la proporción de extranjeros que eligen Castilla y León como destino para establecerse». En el segundo, se debe a que mientras en 2011 los asalariados que trabajaban para el gobierno regional suponían el 8,6% de todos los ocupados de la región, actualmente representan el 8,9%.

El Estado como beneficencia

El presidente de Civismo, Julio Pomés, defiende la instauración de un Estado casi residual, que se ocupe de proporcionar solo un marco jurídico seguro para las empresas, de la seguridad ciudadana y de asegurar unas políticas de «beneficencia para los marginados». Sostiene que el resto de servicios sanidad, educación, dependencia, vivienda…deben correr por cuenta de cada ciudadano. «El que quiera más que se lo pague», ha dicho en varias ocasiones. Su idea es que ese tipo de políticas generarían ahorros que se traducirían en menos impuestos, lo que dejaría en manos de la iniciativa privada el grueso del dinero que circula en España.

Los promotores de este modelo suelen poner como ejemplo Estados Unidos, economía potente y competitiva donde las haya y dominada por el escaso intervencionismo y la baja presión fiscal. Pero sus detractores cuestionan que esta filosofía sirva para Europa, donde las condiciones económicas, sobre todo del mercado laboral, son tan distintas que hacen necesaria la protección social. Y exhiben otros estandartes como Finlandia, donde una regulación y una presión fiscal muy elevadas combinadas con un altísimo nivel de protección han llevado a sus ciudadanos disfrutar de una de las cotas de bienestar más altas del mundo.

El índice sitúa a Madrid a la cabeza de la ‘libertad económica’, seguido por La Rioja, Canarias, Murcia y la C. Valenciana. Cierran el listado Asturias, Andalucía y Extremadura, a las que considera las menos ‘libres’.