Diego Paños
Abogado
Calendario de reformas
Arrastramos un enorme paro (cuando llegó Aznar era del 24% y cuando llegue Rajoy será del 21% por lo menos) no visto en europa, aunque haya una economía sumergida de al menos el 20%. Hubo un 8% en el momento en que menos paro se registró. En EEUU están de los nervios porque están en el 9%…
Está claro que algo no marcha aquí. Pero no es ahora. Ahora simplemente hemos visto -por fin, bendita crisis que nos hace ver- que el Titanic se estaba hundiendo, porque la obra muerta de gran transatlántico comienza a llenarse de agua heladora. Pero el problema es muy anterior. España necesita pasar por un reciclaje completo porque está claro que ni la estructura legal, ni la territorial, ni funcionarial, ni laboral, ni tampoco la actitud y ni el paradigma de “lucha de clases” que aún hoy sigue la sociedad en sus relaciones económicas, son los apropiados en un entorno hipercompetitivo globalizado.
Hay que modificar a fondo el régimen laboral, que es paternofranquista y con petachos de mil telas, profundamente intervencionista, que castiga a las empresas, devolviendo al ámbito de las pymes la capacidad de decidir su propio convenio, reducir las “indemnizaciones” por despido (las más altas de europa y posiblemente del mundo) y eliminar la injusta dualidad que hace que los más jóvenes y con menos recursos paguen con su escandalosa precariedad y seiscientos euros al mes la hiperseguridad de los veteranos.
Hay que cambiar el Régimen de los trabajadores autónomos (en Alemania o Inglaterra, no se paga hasta los dos años o hasta que se obtiene una renta mínima), y no obligar a todo emprendedor a “cotizar” al sistema del RETA, sino dar al menos la opción de ahorrar en un sistema público o privado de capitalización que les sirva de ahorro para los malos tiempos (sea al menos en parte rescatable) y premie su esfuerzo.
Cambiar el régimen fiscal de las inversiones de riesgo a emprendedores de modo que no se penalice la inversión en startups. Debe revisarse el objeto y funcionamiento real de Bancos y especialmente de las Cajas de ahorros supervivientes que deben facilitar crédito popular que permita el crecimiento, y no promover la compra de ladrillos ni lanzarse a “crecer” a precio de perder su función de banca social. Y para ello deberían considerarse de forma especial las inversiones en nuevas empresas.
También hay que establecer incentivos contra el riesgo moral de cargos públicos y semipúblicos para evitar el dispendio en “inversiones” literalmente absurdas como las líneas de alta velocidad (Toledo/Albacete es un ejemplo extremo de derroche criminal) y 50 aeropuertos de imposible rentabilidad (Alemania tiene con una densidad poblacional mucho mayor, 18).
Cambiar el régimen fiscal de las empresas, para dejar de adelantar IVA al estado (de modo que NO se pague IVA, ni cotizaciones sociales durante los dos primeros años).
El sistema de Seguridad Socia ha de revisarse a fondo, logicamente sin prisas de ultima hora pero decididamente, para pasar de un onerosísimo sistema de reparto, inviable (algunos lo llaman la mayor estafa piramidal de la historia) a uno mixto con capitalización que genere ahorro, de seguridad, posibilite la inversión del ahorro generado en activo de capital y quite al Estado el control sobre las pensiones de los españoles.
Hay que dejar de subvencionar partidos, sindicatos y asociaciones varias y empresas públicas, acabar con la cultura de la comisión y dieta, y la política como profesión (ocho años en activo deberían bastar a un ciudadano para volcar sus ideas en la política activa), para impulsar a los españoles a formar parte de ellos, a participar con fe en las posibilidades propias y a poner su imaginación, ideas y dinero en aquello que deseen promover. Para todo aquello que se requiera una caja común, el Estado.
Debemos cambiar la estructura administrativa de un estado que, en sus rasgos generales 51 diputaciones provinciales, más de 8000 ayuntamientos, unos veinte mil organismos públicos (empresas públicas lejanamente relacionadas con los servicios públicos, fundaciones, obsrvatorios, institutos de defensa de minorías, etc..) sigue la organizacion propia del siglo XIX. Lo curioso es que los estudios de simplificación municipal están hechos, pero los partidos en el poder, con cargos repartidos en el territorio, no han dado ningún paso en ese sentido, tal vez para evitar la rebelión de sus poderes locales.
Y por último, pero no menos importante, hacer que el sistema de administración de justicia pueda responder rapidamente a las demandas. Estamos acumulando retrasos de más de dos años paa sentencias en el Contencioso Administrativo, los Juzgados penales están atascados en las ejecutorias, las instrucciones se prorrogan durante decenas de meses… no funciona. Hacen falta procesos más rápidos y un 100% más de jueces. Si hay algo en España son profesionales formados en el Derecho, que podrían ocupar de forma rotatoria durante dos años una plaza auxiliar, conforme a su especialidad. Hay que usar la imaginación.
Todas estas medidas en el fondo o que buscan es dejar que la sociedad civil camine por si misma, libre de corsés legales y administrativos, libre del miedo a la libertad, consciente de que el futuro es un reto que ha de conquistarse y que depende de nosotros, de todos, el afrontarlo. Sin dogmatismos ideológicos ni liberales ni socialistas. En aquello en lo que el esfuerzo social pueda canalizarse de forma pública mejor que con iniciativa privada (obras públicas, promoción exterior, defensa y orden interior, sistemas de previsión y sanidad universales), adelante.
En todo lo demás, nosotros solos, que ya somos mayorcitos.










