Pablo Cerezal
Adjunto a Comunicación
Think Tank Civismo

Juez y parte

Quienes tenían la esperanza de que el Gobierno intentara redimirse con una buena obra en la reforma laboral habrán quedado defraudados. El esperado Decreto no desliga los salarios de la inflación ni facilita la contratación o recolocación de los trabajadores; en cambio, da más poder a los sindicatos en la mesa de negociación y les permite utilizar la huelga como instrumento de presión incluso mientras está dictaminando el árbitro.

El Ejecutivo, además, refuerza las secciones sindicales dentro de la empresa, omitiendo que su sueldo tendrán que pagarlo los demás trabajadores. Como nota, sólo el 16,4% de los trabajadores están afiliados a algún sindicato, casi un punto menos que el año anterior.

El Gobierno ha tomado parte en la disputa y no lo ha hecho a favor de los sindicatos o de la patronal, sino en contra de la libertad. Cada vez estamos más enfrascados en un Estado corporativo y más lejos de ser un país donde primen los acuerdos voluntarios entre individuos. Es lo único que podía suceder con un ministro de Trabajo que se manifestó, junto a los sindicatos, contra su propio Gobierno.