Número 5

Repensando el Estado

Durante los últimos tres años, la ineficacia del Estado a la hora de hacer frente a la crisis ha puesto en tela de juicio la capacidad de las administraciones para combatir los ciclos económicos que hasta ahora muchos le presuponían. Los políticos tradicionales cada vez registran menos apoyo y asciende la corriente de quienes quieren minimizar el peso de lo público. En Reino Unido, Cameron lidera el giro hacia la Gran Sociedad, mientras que en Estados Unidos los liberales Paul Ryan y Rand Paul atraen a las masas pregonando que el gasto federal tiene que caer por debajo del 20% y que todas las partidas, excepto Seguridad, deben situarse a niveles de 2008. Entre sus propuestas, destaca eliminar la duplicidad de las administraciones, algo que la sociedad civil española también lleva mucho tiempo planteando.

El semanario The Economist apunta en un suplemento especial que el tamaño del Estado será un tema crucial para los debates de la próxima década, en la que los menos intervencionistas tendrán que trabajar duro, no para rebajarlo, sino para evitar que aumente.

El peso del sector público ha ido creciendo de forma imparable en el siglo XX. Si en 1888 el economista francés Pierre Paul Leroy-Beaulieu calculaba que un Estado que gastaba más del 13% del PIB era insostenible, en 1960 el presupuesto medio de los países ricos estaba en el 28%. Durante las siguientes décadas, el Estado del Bienestar y las transferencias sociales dispararon el gasto público por encima del 50% del PIB en muchos casos. En España, consumió el 45,8% de la riqueza en 2009.

No obstante, el gasto público no es la única forma de medir el poder del Estado. Una gran regulación puede ser igual de perniciosa. En España, el Estado autonómico bate récords año tras año y en 2008 ya se superaron las 700.000 páginas escritas en los boletines oficiales, treinta veces más que en los años 80. De acuerdo a un estudio de Francisco Marcos y Juan Santaló, del Instituto de Empresa, duplicar las normas supone reducir en un 3,5% la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores. Además, también afecta al crecimiento de solicitudes de patentes, de modelos de utilidad y de modelos industriales, que pueden llegar a estancarse.

En vía muerta

California es el mejor ejemplo de este nuevo paradigma, ya que fue un modelo de prosperidad que ahora se ha convertido en la enfermedad a curar. Muchos ciudadanos apostaron por un Estado de transferencias y servicios que cubriera extensamente sus necesidades. Para pagarlo, subieron los impuestos a las empresas y a las rentas, que dañan la actividad económica, lo que terminó por matar a la gallina de los huevos de oro. Actualmente, su Gobierno es el cuarto más pesado de EEUU (18,3% del PIB) y sus ciudadanos cada vez soportan más regulaciones. El gobernador Jerry Brown ha recortado incluso la financiación de las universidades y las ayudas a los discapacitados.

Los ciudadanos no saben a quién exigirle responsabilidades, porque las competencias aparecen enmarañadas entre las distintas administraciones que se pasan la pelota unas a otras. Los políticos hacen lo mismo, en palabras de The Economist: “El debate es un diálogo de sordos: los conservadores quieren reducir el Estado sin abordar los detalles impopulares (por dónde recortar), mientras que la izquierda propone muchos programas pero no quiere hablar del coste global de la factura”. No está claro que los mayores beneficiarios del sistema sean los pobres, que cada vez gozan de menos oportunidades. En cambio, gran parte de las transferencias parecen hechas a medida de la clase media. Como explica el economista Joseph Stiglitz, los programas redistributivos no benefician especialmente a las clases más bajas porque se basan en criterios muy amplios en los que puede entrar gran parte de la población. De hecho, los que más provecho sacan son los pensionistas, que suponen una quinta parte del electorado, aunque sólo el 13% de la población. Y son las clases bajas las que tienen una esperanza de vida cada vez más reducida.

Quienes se opusieron al cambio con mayor virulencia fueron los sindicatos, que en Estados como California controlan gran parte de los presupuestos (Educación, prisiones, Sanidad…). En EEUU, el 36% de los empleados públicos está afiliado, superando en número a los de empresas privadas. Aunque en España apenas el 17,2% de los trabajadores está afiliado, a políticos como Zapatero les gusta blandir su carné de sindicalista y “sentir su cariño” y muchos les acusan de haber frenado las reformas. A menudo, los sindicalistas disfrutan de ciertos privilegios que ponen en peligro la cultura del emprendimiento. La incapacidad de las potencias tradicionales para reformarse junto al auge de China e India está comenzando a cuestionar incluso la validez de las democracias liberales. “A los países occidentales siempre se les había pedido transparencia, pero ahora tienen que demostrar que funcionan”, sentencia Tony Blair. No obstante, quedan lugares de donde podemos tomar ejemplo.

Las luces del mundo

Singapur ha administrado el éxito de las últimas décadas en la dirección contraria a la de California: su aparato estatal apenas consume el 19% del PIB y resulta atractivo para la inversión extranjera porque los impuestos de Sociedades son muy bajos (17% frente al 30-35% en España). Otorga gran importancia al cuerpo de funcionarios, que pueden cobrar hasta dos millones de dólares al año, pero la diferencia radica en que el sistema se basa en los resultados y es más eficiente. El primer ministro, Lee Hsien Loong, se muestra contrario a los sistemas de beneficencia universal. Asegura que “lo gratis es consumido vorazmente”, y que “una vez que estableces un subsidio, es casi imposible quitarlo”. Por eso, sólo los pobres disfrutan de servicios públicos gratuitos. Los trabajadores deben aportar una quinta parte de su salario (más un 15,5% el empleador) a una cuenta personal de ahorro que luego podrán usar para pagar su jubilación, sus gastos médicos o su vivienda. Muchos expertos han aconsejado establecer un sistema similar en Europa porque responsabilizarse directamente de los ingresos de los servicios básicos es el paso previo a tomar conciencia de los gastos.

Nueva Zelanda es el referente en cuanto a facilidad para crear empresas porque prácticamente ha eliminado muchas trabas burocráticas y administrativas. Crear una empresa apenas cuesta cien euros, un día y un procedimiento que engloba todos los trámites necesarios y que se puede realizar a través de Internet. En cambio, hacerlo en España cuesta 47 días, 3.365 euros y 10 procedimientos. “En Madrid –destaca un informe de FEDEA–, el complejo proceso requiere: obtener la autorización de la denominación social en el Registro Mercantil; presentar un certificado de haber depositado el capital social en el banco; obtener la escritura pública con la información detallada de la empresa ante un notario público; enviar la declaración censal de inicio de actividad y obtener el número de identificación fiscal por parte de la Delegación Provincial de la Administración Tributaria; pagar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a la autoridad fiscal local (2.223 euros); archivar la escritura pública en el Registro Mercantil; legalizar los libros de compañía (15 días); obtener la licencia municipal de apertura del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento (38 días y 406 euros); dar de alta a todos los trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social y, por último, notificar a la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria”. Simplificar estos trámites serviría, según los analistas, para estimular la cultura emprendedora que España necesita. La burocracia, además, puede afectar al desarrollo de infraestructuras básicas, ya que contruir una red de alta tensión en España cuesta 10 años frente a 2 en Italia.

Suecia ha sorprendido en las últimas dos décadas por su capacidad para relanzar el comercio minorista. La renovación del sector comenzó con la relajación de la normativa de apertura de nuevos locales en los 90, lo que permitió doblar la superficie del local medio entre 1990 y 2000. Gracias al mayor tamaño, proliferaron las cadenas comerciales, como Ikea o H&M, lo que les permitió obtener ventajas por economía de escala en compras, logística, gestión de locales y márketing. De esta forma, el comercio minorista creció más que en cualquier otro lugar de Europa entre 1995 y 2005, situando su productividad un 15% por encima de la estadounidense. El país nórdico también fue pionero en introducir la competencia en los servicios básicos. El Estado garantiza la sanidad y la educación, pero no actúa como un monopolista porque da bonos a los ciudadanos para que puedan pagar el servicio que elijan. De esta forma, los suecos disfrutan de una oferta diversa, mejor y más barata.

Otra forma de mejorar la calidad de los servicios públicos es la evaluación. Corea del Sur es uno de los países que despuntan en este aspecto, ya que ofrece ránkings de las mejores escuelas del país para estimular la competencia. No es casualidad que Corea sea uno de los países líderes en el informe PISA.

El giro de Cameron

El primer ministro británico está realizando una de las apuestas más atrevidas para reconvertir el Estado. Su objetivo es limitar su tamaño y reformar su estructura. El programa descansa sobre el eslogan una “Gran sociedad” que, según The Economist, combina tres principios: pluralidad, localización y voluntariado. Para promover la pluralidad se pretende externalizar la mayor parte de los servicios públicos y financiarlos en función de sus resultados. El sistema educativo se ha orientado hacia el modelo sueco, donde los padres pueden crear sus propias escuelas; mientras que la Sanidad se descentraliza hacia grupos de médicos generalistas que podrán comprar servicios a hospitales públicos y privados. Dejar que los facultativos sean los responsables también encaja con el principio de localización. Se pretende que cada vez más ciudades elijan a sus alcaldes y jefes de policía. Esta política supone un golpe importante al Estado centralizado, pero mucha gente desconfía de los gobiernos locales y quiere evitar que la gestión de las escuelas termine en manos de los sindicatos, como sucedió en EEUU. El voluntariado es probablemente la parte más sugerente pero a la vez la más difícil de lograr. Hay muchas asociaciones dispuestas a hacerse cargo de la provisión de servicios básicos (como Cruz Roja) pero es más complicado que un grupo de vecinos tenga los conocimientos necesarios para gestionar determinados servicios públicos.

Otro pilar del proyecto de Cameron es intentar que las clases bajas dejen de ser dependientes del Estado para que la demanda de servicios públicos se reduzca. Muchos de los gastos sociales se podrían evitar creando puestos de trabajo o fortaleciendo a las familias. También se quiere reducir el coste de la regulación, que asciende al 10-12% del PIB. Se ha implementado un esquema a través del cual cada nueva norma tiene que suponer una reducción neta del cuerpo regulatorio. Pero no todo el ordenamiento depende del Reino Unido ya que en el periodo 1998-2010 dos tercios provenía de la UE. Estas reformas son cruciales en el programa de Cameron para hacer ver que no todos los cambios suponen una reducción de transferencias hacia el pueblo. La forma en la que se aplican es crucial, porque la sociedad no aceptará las reformas si no son equitativas y efectivas.

Un camino duro

Los más críticos señalan que no será sencillo reducir el sector público, especialmente en Sanidad. Por un lado, reducir los costes sanitarios tiene un coste electoral muy elevado; por otro, gran parte de los cuidados son intensivos en mano de obra y la tecnología no los va a abaratar. Al contrario, muchos avances suponen tratamientos cada vez más caros y una esperanza de vida elevada se traduce en unos gastos imparables. La consultora McKinsey apunta que los costes de la sanidad se han incrementado en tasas interanuales del 4,9% durante los últimos cuarenta años, más del doble que la renta per cápita.

Los expertos son pesimistas porque gran parte de los costes están ligados a enfermedades que tienen mucho que ver con la dieta y el estilo de vida, como la diabetes, afecciones cardiacas y pulmonares y obesidad. En España, los gastos sanitarios ascienden hasta el 9% del PIB, un poco más de la mitad que en Estados Unidos, pero se prevé que avancen porque España será el segundo país más envejecido por detrás de Japón en 2050. El mayor enemigo son las visitas a urgencias, que suponen la partida más abultada. Para evitarlas, se están planteando medidas preventivas, como que cada paciente vigile sus niveles de colesterol o presión sanguínea, o el copago para desviar las visitas de urgencias hacia la atención primaria.

No obstante, también hay varias notas positivas, como que cada vez la población se da más cuenta del gran coste que suponen los gobiernos y, gracias a las redes sociales, pueden exigirle cierta austeridad. De cara a eliminar el Estado benefactor, copiar los éxitos del exterior nos llevaría en la buena dirección. El primer paso podría ser reducir el tamaño de la administración a base de comprar los servicios a muchos proveedores; y el segundo, limitar el alcance de las prestaciones universales vinculándolas con cuentas personales.

La principal novedad es que los actuales debates no se centran tanto en aumentar la productividad del Estado como en devolver el protagonismo a la sociedad para facilitar su desarrollo. En su especial sobre el futuro del Estado, The Economist es concluyente: “Los estados no existen sólo para conducir a nuestras sociedades al logro de sus objetivos, deben también dotar a la gente de libertades para vivir sus vidas. Es el momento de revertir el aumento del Estado. Nada añadiría más a la cuenta de la felicidad de las personas en Occidente que un Estado más pequeño y mejor”. El think tank Civismo lo expresa con un mensaje similar: “Menos Estado, más sociedad”.

Referencias

Los costes administrativos en Europa: http://ideas.repec.org/p/cpb/memodm/136.html
El coste de la regulación: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1645936