Las televisiones que dependen de las CCAA perdieron 1.212 millones en 2009, último ejercicio cerrado. La publicidad apenas sirve para sufragar el 14,5% del modelo de negocio, que cada vez depende más de las subvenciones.

Desde que reducir el déficit español está en la agenda de gran parte de los organismos internacionales, se ha visto que uno de los principales escollos es el elevado gasto regional. Parte de sus presupuestos tiene un ajuste de un elevado coste electoral, pero políticos de todos los signos señalan la conveniencia de reducir el coste de las televisiones.

El entramado autonómico de cadenas públicas cuesta a los contribuyentes una media 110 euros por hogar, según un informe de Deloitte. En 2009, último ejercicio cerrado, se contabilizaron unas pérdidas de 1.212 millones de euros. El coste se eleva en el caso de las regiones que mantienen una política cultural para favorecer una lengua distinta del castellano, ya que su coste se eleva cerca de un 50%. En el caso de la cadena pública de las Islas Baleares (TVB) el gasto se dispara  hasta 294 euros por hogar porque es la más reciente, mientras que en la Comunidad de Madrid desciende por su elevado tamaño. Castilla y León, Cantabria, Navarra y La Rioja no tienen televisiones públicas pero sí privadas y cada una de las regiones destina un porcentaje de sus presupuestos a subvencionar la emisión de programas con interés para cada comunidad.

Uno de los problemas de la financiación de las televisiones públicas es su opacidad, ya que aparte de la asignación que se hace inicialmente a cargo de los presupuestos existen otros pagos complementarios que los parlamentos regionales pueden acordar durante el año. Las subvenciones tampoco suponen el fin del agujero, porque además los entes públicos pueden cerrar el año en números rojos, lo que significa que el erario público tendrá que asumir ese sobrecoste en los próximos ejercicios. Por poner un ejemplo, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que controla TV3, cerró 2010 con unas pérdidas estimadas en torno a 56 millones de euros, un 11,6% de su presupuesto.

La cuenta más gravosa es la que muestra hasta qué punto las cadenas públicas dependen de los políticos: por cada euro que ingresaron en 2009, sólo 14 céntimos provenían de su actividad empresarial, en gran medida la venta de espacios publicitarios. Esta ratio empeora año tras año, ya que los ingresos de explotación se redujeron un 24% respecto a 2008 y se prevé que sigan haciéndolo en los próximos años, con un mercado cada vez más atomizado. Esto provoca que el gasto por espectador se haya disparado en los últimos años. Por ejemplo, el coste de mantener la emisión de ETB activa durante un año asciende a 3.589 euros por cada espectador, algo inasumible en cualquier televisión que no esté subvencionada. Esta cifra tan elevada se explica porque refleja los costes de toda la producción, la única corporación que registra superávit.

Tampoco se ven reflejados en la cuenta de resultados los retrasos en los pagos hacia las productoras locales, cuyos programas constituyen la gran parte de la emisión, y que se pueden acumular durante varios años. Esto se debe a que la misma legislación que “protege” la producción local obligando a contratar a productoras de la comunidad autónoma impide a estas productoras acceder al mercado del resto de las televisiones, por lo que no se pueden enemistar con la corporación de su región demandándola por impago.

En 2010, la mayor parte de los parlamentos autonómicos han decidido recortar el presupuesto para las televisiones. Sin embargo, eso no garantiza que el crecimiento de la deuda se vaya a frenar ni que el recorte se vaya a mantener si vuelven a aumentar los ingresos públicos. El peor síntoma se advierte al revisar el presupuesto por partidas: todas se reducen a excepción de los gastos de personal, que acumulan una subida del 11% en dos años. Al ser puestos en el sector público es más difícil eliminarlos cuando haya más problemas de financiación y, en su mayor parte cobran sueldos más elevados que en el mercado libre. Los trabajadores de la televisión gallega, por ejemplo, tienen un coste salarial medio de 50.000 euros al año.

Además, gran parte del incremento del gasto no se debe a que haya más trabajadores, sino a que hay más directivos puestos a dedo por los distintos gobiernos que amenazan con quedarse enquistados durante años, sobreviviendo a los cambios de Gobierno. Por poner un par de ejemplos, sólo 13 consejeros de TV3 cuya función es supervisar los contenidos cobran, en conjunto 106.000 euros al mes, mientras que los directivos pueden alcanzar un sueldo de 20.000 euros al mes. A nadie escapa tampoco que muchos políticos utilizan las televisiones públicas como medio de propaganda, ya sea directamente o de forma más indirecta: censura o contratando emisiones que apenas son rentables y luego se cobran mediante impuestos. Muchos de los defensores de un modelo deficitario aluden a la utilidad como servicio público, pero un vistazo a algunos programas demuestra que esa rentabilidad no es tan social como política.

Adeu transparencia en TV3

La cadena catalana se negó a facilitar el coste del documental Adeu Espanya, que abogaba por la independencia de la comunidad autónoma.

F1 en Canal Nou

La televisión valenciana compró los derechos de emisión del Gran Premio de Canadá, a pesar de que La Sexta ya lo retransmitía en abierto.

Champions en Extremadura

Los derechos de la competición cuestan 4,2 millones de euros. Aunque Fernández Vara prometió no gastar más de 9 millones en su televisión, ya lleva 36.

La censura de Canal Sur

La emisora andaluza cubre cada discurso del presidente Griñán, pero evita las protestas contra él, como las que hubo a las puertas del Palacio de Congresos de Sevilla.

El lenguaje de ETB

La cadena vasca asumió la terminología etarra en el Teleberri. Se habló de violencia política y golpes policiales contra el independentismo, y no terrorismo.

Voz para Terra Lliure

El exdirigente de Terra Lliure usó la segunda cadena pública catalana, Canal 33, para justificar el atentado contra Federico Jiménez Losantos.

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