Cita de la semana:

"Sería injusto e imprudente privar a un hombre de su libertad natural sobre la suposición de que pudiese abusar de ella", Oliver Cromwell.

Artículos de opinión

Arrendamientos urbanos: de mal en peor

F. Cabrillo (Vicepresidente Civismo)
El Mundo (suplemento Actualidad Económica) , 24 de diciembre de 2018

El Gobierno parece presuponer que la oferta de viviendas en alquiler es estable y no va a cambiar como consecuencia de las nuevas normas

Abundan los políticos que piensan que los problemas de numerosos sectores de la economía se solucionan con una regulación más intensa. Y al actual Gobierno español casi todo lo que signifique mayor intervención y menor ámbito para la libertad de contratación entre las partes le suena bien. El real decreto con el que pretende modificar aspectos importantes en el mercado de arrendamientos urbanos confirma con claridad esta idea.

Parece que el problema que se pretende resolver es que los precios de los alquileres han subido de forma significativa en algunas ciudades españolas en los últimos años. Y dejando de lado (al menos por el momento) la propuesta radical del control de precios, no se les ha ocurrido a nuestros reguladores nada mejor que intervenir en cuestiones como la duración de los contratos, las garantías que puede pedir un propietario a un inquilino potencial o las trabas legales a los desahucios en caso de impago. Y como en tantos otros casos, el Gobierno parece presuponer que la oferta de viviendas en alquiler es estable y no va a cambiar como consecuencia de las nuevas normas.

Tal creencia es, sin embargo, profundamente errónea, como muestra no solo el sentido común sino también lo que ha sucedido en numerosos países cada vez que se han hecho reformas similares. Porque es evidente que los propietarios van a reaccionar a estos cambios legales. En algunas circunstancias, preferirán no poner en alquiler sus viviendas, en otras pedirán rentas más altas para compensar los mayores riesgos que asumen y, en todos los casos, dejarán fuera del mercado a aquellas personas que no les ofrezcan suficientes garantías. Esto es lo que va a pasar, le guste o no al Gobierno.

Y para rizar el rizo, las nuevas normas discriminan, además, en contra de las sociedades que sean arrendadoras de viviendas. Tal discriminación no solo es injusta sino también incoherente. Resulta que, en un país que tanto necesita la entrada de empresas en este sector para lograr una mayor profesionalización de la gestión, se aprueban medidas que pueden conseguir justamente el efecto contrario. ¡Esto es lo que se llama una idea brillante! 

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