Desde la teoría de la elección pública se ha insistido siempre en la conveniencia de sacar del debate partidario del día los aspectos más importantes de la política económica; y se ha planteado la idea de que las decisiones referidas, por ejemplo, a la reforma de los impuestos o a cambios relevantes en la regulación deberían ser adoptadas con el mayor acuerdo posible, lo que exigiría dejar de lado, en muchos casos, el principio de la mayoría simple. Lo que está ocurriendo en España en los momentos actuales confirma las preocupaciones que en su día manifestaron Buchanan y otros expertos en economía constitucional, al señalar que tiene muy poco sentido modificar la política económica mediante mayorías muy ajustadas, conseguidas, en muchos casos, vendiendo favores y partidas del gasto público a cambio de votos.
El Gobierno de Sánchez ha presentado unos presupuestos en los que ha encajado las cifras a martillazos, cuyo principal objetivo es su mera aprobación para evitar la caída de un gobierno con una posición parlamentaria extremadamente débil. El Círculo de Empresarios ha definido perfectamente la situación en el título del informa sobre los presupuestos que acaba de publicar: “Ausencia de estrategia ante la desaceleración”. El proyecto de presupuestos puede ser criticado desde varios puntos de vista. El primero, que en ellos se intenta conseguir ingresos a cualquier precio para poder financiar el aumento del gasto público, sin tener en cuenta los efectos negativos que los nuevos impuestos pueden tener en la economía, al recaer en buena medida sobre la actividad empresarial que se lleva a cabo en el país. El segundo, que ni siquiera resulta claro que los nuevos y mayores impuestos vayan a cumplir sus previsiones de recaudación, ya que las estimaciones de ingresos pecan en muchos casos de optimistas, como han puesto repetidas veces de manifiesto diversos expertos y organizaciones internacionales que los han estudiado. España, como los demás países de la Unión Europea, tiene que presentar a Bruselas sus cuentas públicas; y el gobierno parece buscar desesperadamente su visto bueno –o, al menos, una crítica moderada– para lo que no dudan en buscar trucos de todo tipo, alguno de ellos tan burdos como el intento de imputar a los ingresos de 2019 trece meses de recaudación de IVA en vez de los doce correspondientes, gracias a un curioso ajuste contable.
Pero no cabe duda de que el problema fundamental es que el señala el Círculo de Empresarios: no hay una estrategia económica mínimamente coherente en este proyecto de presupuestos. Sí hay una estrategia clara, ciertamente, pero no es económica, sino política. Como su aprobación parlamentaria exigiría reunir votos de grupos muy diferentes, parece haberse optado por pagar estos votos como se pueda. Si hay que comprar el apoyo de la izquierda, no se duda en elevar el gasto público y subir los impuestos a las empresas. Si hay que conseguir el voto de los partidos nacionalistas, se ofrecen a cambio mercancías de todo tipo, muchas de las cuales poco o nada tienen que ver con los presupuestos y la política económica. No es esto algo desconocido en nuestro país, ciertamente. En el pasado hemos visto en muchas ocasiones que se cedían, por ejemplo, competencias a determinadas comunidades autónomas a cambio del apoyo parlamentario en cuestiones que nada tenían que ver con las cesiones. Y no digo que ninguno de tales traspasos de competencias tuviera sentido.
Por el contrario, muchos eran perfectamente lógicos; y como tales deberían haber sido tratados. Descentralizar no es, per se, ni bueno de malo. Depende del objeto concreto de cada proceso de descentralización y de la forma en que se haga. Lo que resulta, sin duda, muy perjudicial para la vida pública de un país son las negociaciones en las que se llega a acuerdos en los que ni siquiera se toma en consideración si una determinada cesión de competencias por parte del Estado a una administración subestatal –comunidad autónoma o ayuntamiento– es o no eficiente y cuál es el nivel óptimo de descentralización en cada una de las actividades relacionadas con la regulación y las políticas públicas.
Hasta ahora la sociedad española había observado estos procesos con bastante indiferencia, sin ser consciente, seguramente, de los efectos que acuerdos con poco sentido, pensados para solucionar un problema coyuntural podrían tener en la economía del país a más largo plazo. Es posible, sin embargo, que las cosas hayan empezado a cambiar. Cuando se va demasiado lejos, la gente, antes despreocupada, empieza a reaccionar. Y lo estamos viendo en España.
