No tiene sentido la crítica fácil de acusar a un empresario que retribuye con el salario mínimo cuando la actividad apenas sobrepasa el umbral de la rentabilidad. Hay ocasiones en las que una nómina baja está justificada, por ejemplo cuando se trata de jóvenes en los que hay que invertir para formarlos. También hay casos en los que una tasa de paro desorbitada es aprovechada para explotar a los trabajadores, pero las reivindicaciones sindicales suelen reducir los abusos.

En la UE el rango de salarios mí- nimos es muy amplio. Luxemburgo encabeza la clasificación con 1.923 euros y la cierra Bulgaria con 194. España ocupa el noveno puesto entre 28 países, con 757 euros en 12 pagas al año. También hay paí- ses en lo que no existe norma alguna y a todos les va mejor a juzgar por su paro: Dinamarca (6%), Italia (11,5%), Chipre (15,5%), Austria (5,6%), Finlandia (9,4%) y Suecia (6,8%). Por otra parte el hecho de que exista un salario mínimo no garantiza que los salarios vayan a ser más altos.

Cuando se tiene una tasa de paro como la de España, la postura populista de prometer una subida excesiva del salario mínimo puede aumentar el desempleo, porque habrá ocupaciones de baja cualificación que dejarán de ser rentables y se perderían puestos de trabajo. El drama humano de un sueldo insuficiente para sacar adelante una familia no se resuelve subiendo el salario mínimo, sino con una compensación a través del impuesto de la renta que suponga unos ingresos en lugar de un gasto. Al país le sale más barato complementar un salario mínimo de una ocupación de baja remuneración que tener a esa persona cobrando el subsidio de desempleo.

El problema de esta medida es la picaresca. El empleador puede aprovecharse de una tasa de paro muy alta para abonar salarios de miseria, que al ser complementados por la Administración serán los de mercado. El trabajador puede preferir que le paguen el salario mínimo para recibir así la ayuda y percibir del empresario corrupto un dinero negro adicional.