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Artículos de opinión

El 64% del déficit del sistema de pensiones procede de los regímenes especiales

Javier Santacruz (Jefe de Investigación Civismo)
El Economista , 26 de diciembre de 2018

Aproximadamente a los 12 años de jubilación se han recibido todas las cotizaciones pagadas, tal como ponen de manifiesto estudios como el de Think Tank Civismo

La combinación de políticas de gasto en pensiones -tanto contributivas como no contributivas- dirigida a determinados grupos de personas fuera del Régimen General de la Seguridad Social y la acumulación de un déficit histórico en algunos Regímenes Especiales, explica el 64 por ciento del déficit bruto del Sistema, es decir la actual diferencia entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones de la Seguridad Social, la cual acabará 2018 con una necesidad de financiación total cercana a los 20.000 millones de euros.

Normalmente, consideramos el déficit de la Seguridad Social como un todo sin pararnos a analizar el origen del desfase de ingresos y gastos, y hasta qué punto la caja de la Seguridad Social ha sido utilizada para aplicar políticas de gasto que no se corresponden con un sistema de seguro colectivo tal como se diseñó el sistema público de reparto hace ya más de un siglo. En este sentido, es capital la recuperación de la contributividad del sistema público para estabilizar a un enfermo que está dando señales preocupantes de agotamiento y, especialmente, para no endeudar más a los cotizantes futuros a costa de unos perceptores presentes que están recibiendo muchísimo más de lo que aportaron -aproximadamente a los 12 años de jubilación se han recibido todas las cotizaciones pagadas, tal como ponen de manifiesto estudios del Instituto Santalucía de Pensiones, Think Tank Civismo y Unespa-.

Este debate tan poco explorado ha sido objeto de algunos discursos como el del sindicato UGT, el cual publicó un estudio en el que subrayaba que un 60 por ciento del déficit de la Seguridad Social provenía de los Regímenes Especiales donde se encuadran el Reta (autónomos), el Régimen Especial del Mar y el del Carbón, una vez integrados los antiguos Regímenes Especiales Agrario y de Empleados de Hogar en el Reta -para los que eran trabajadores por cuenta propia- y en el Régimen General, respectivamente. Tomando las cifras correspondientes al Presupuesto de la Seguridad Social de 2018, aunque el Régimen más deficitario es el General -de 7.346 millones de euros, incluyendo el Sepe-, en términos de diferencia entre cotizaciones y pensiones, la suma de los desfases generados en los capítulos de autónomos, marinos y mineros asciende a 9.306 millones de euros, un 64 por ciento del total del déficit bruto presupuestado -14.574 millones de euros en 2018-.

En cambio, existen dos capítulos que generan superávit: el primero y más importante es el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP), el cual arroja un saldo positivo de 4.236 millones de euros en el presupuesto de 2018, mientras que el segundo es la cotización por cese de actividad de los autónomos, capítulo que se prevé que ingrese 133,25 millones de euros al cierre de este año. Esta última se encuentra en el centro de atención de las asociaciones de autónomos, dado que reclaman el mal funcionamiento de este régimen que pretendía generar una prestación equivalente para los autónomos a la de desempleo que existe en el Régimen General, pero que no está siendo efectiva.

Un desequilibrio continuado en el tiempo

En este sentido, casi dos tercios del déficit de la Seguridad Social proviene de desfases continuados a lo largo del tiempo sin que se hayan tomado medidas efectivas para cortar esta sangría de fondos públicos. Incluso, una parte no pequeña tiene como origen condiciones especiales que están en extinción, pero que se pueden prolongar durante más años debido al incremento de la esperanza de vida. Un caso paradigmático es el de la Minería, donde el desfase entre cotizaciones y prestaciones supera los 400.000 euros per cápita, mientras que el Régimen del Mar es deficitario por persona en más de 21.000 euros. Tal como señala UGT, si se divide el importe del déficit de cada régimen o sistema entre su número de afiliados, el del general asciende a 638,8 euros por trabajador, dato muy inferior al de la media de la Seguridad Social que es 1.072,7 euros.

La propia existencia de Regímenes Especiales desvirtúa la naturaleza contributiva de un sistema de seguro social como el que tenemos en este momento y también en comparación con los otros sistemas de seguridad social a nivel europeo. Por ello, uno de los pasos esenciales para reequilibrar las cuentas del sistema público de reparto es separar aquello que es estrictamente contributivo de lo que no lo es, pasando esto último de la caja de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, siempre que un Gobierno quiera realizar una acción especial sobre un sector o sobre un determinado colectivo -suponiendo lógicamente que no se trate de una ayuda de Estado encubierta-, tiene no sólo que asumir el pago de forma directa vía impuestos generales, sino también revelar a todos los contribuyentes cuál es el coste de este tipo de decisiones políticas.

De seguir la situación financiera de la Seguridad Social tal como está en este momento, el riesgo de un mayor desfase presupuestario es alto y, por tanto, una deficiente preparación ante los retos de futuro, especialmente el de la jubilación de varios millones de personas entre 2025 y 2032 procedentes de la llamada generación del baby-boom. Del actual déficit, la parte proveniente de los Regímenes Especiales puede considerarse como déficit de carácter estructural, puesto que los gastos crecen sistemáticamente por encima de los ingresos, más aún cuando en algún caso se trata de regímenes en extinción. Con lo cual, el sistema afronta un déficit estructural de 0,8 puntos de PIB como mínimo y 1,2 puntos de PIB como máximo, en línea con las últimas estimaciones del Gobierno y de la Comisión Europea, quienes piden a España ajustes en este sentido.

Separación de fuentes de financiación

La restauración de la contributividad del sistema no sólo pasa por el traslado de políticas sectoriales o discrecionales -incluso, subvenciones- de la Seguridad Social a Presupuestos Generales. También forman parte de este proceso algunas de las prestaciones del sistema que, en el fondo, no son pagos de naturaleza contributiva -un cotizante paga y a cambio recibe un beneficio-. Dentro de los diferentes tipos de pensiones -jubilación, incapacidad permanente o invalidez, viudedad, orfandad y a favor de familiares- se puede plantear trasladar el gasto en viudedad y orfandad desde la caja de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, una cuantía que asciende a más de 23.000 millones de euros anuales.

De igual modo se deben tratar los complementos a mínimos, los cuales ascienden según las cifras presupuestadas a 7.318 millones de euros, un 5,66 por ciento del total del gasto en pensiones. A ello se añadiría también el gasto en pensiones no contributivas que se financian con cargo a la Seguridad Social, concretamente 3.998 millones provenientes prácticamente a partes iguales de pensiones de incapacidad o invalidez, jubilación y asignación a hijos o _ o menores acogidos con discapacidad. En total, estos cambios a hacia Presupuestos ascienden a 35.522 millones de euros, una partida equivalente en importancia a la del gasto en intereses de la deuda y superaría la recaudación anual del Impuesto de Sociedades.

Desde luego, no se pueden considerar estos cambios contables como una solución a los problemas existentes en el sistema, sino como una fuente de disciplina presupuestaria y de revelación a la sociedad de los costes que tienen las decisiones políticas. El Estado del Bienestar y todas sus prestaciones tienen un coste del que tienen que ser partícipes los contribuyentes y que estos decidan mediante las elecciones si apoyar o no una expansión del gasto público destinado a estos fines. En consecuencia, los contribuyentes aceptarán o rechazarán una subida de los impuestos para poder financiar estas pensiones socialmente aceptadas -que llegan de forma directa a lo más profundo de la sociedad-, pero pendientes de una modernización más que necesaria, y además los políticos dejarán de utilizar la caja de la Seguridad Social como un cajón de sastre opaco y deficitario, con un recurso totalmente discrecional al endeudamiento sin ningún tipo de control parlamentario ni tampoco de la soberanía nacional.

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