La presentación en Consejo de Ministros del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, ha despejado algunas de las incógnitas más importantes en materia de política fiscal. Si bien todo el detalle se conocerá cuando el ministro de Hacienda lleve el Proyecto de PGE a las Cortes, en este momento pueden destacarse claramente dos ejes vertebradores en el Proyecto: por un lado, su carácter expansivo o procíclico puesto que combina rebajas de impuestos con aumentos del gasto público, que actúan a favor del ciclo económico y, por otro lado, fomentan la permanencia del actual déficit estructural.
Aunque esgrime sana prudencia en los supuestos del cuadro macroeconómico (crecimiento del PIB del 2,7 por ciento, inflación medida por el deflactor del PIB en el 1,5 por ciento, 475.000 empleos más y un superávit de las cuentas exteriores del 1,7 por ciento), el Proyecto de PGE para 2018 incluye una previsión ciertamente optimista de ingresos públicos, especialmente en materia de IRPF, IVA y sociedades, para los cuales presupuesta incrementos en el entorno del 6 por ciento. Para alcanzar semejante tasa de variación, el Gobierno ha supuesto previamente que las bases imponibles de los impuestos que más recaudan se van a volver mucho más elásticas o más sensibles con respecto a la actividad económica. A día de hoy, es arriesgado pensar que esto será así a la luz del cierre presupuestario de 2017, donde la recaudación de los principales impuestos directos -IRPF y sociedades- se ha quedado 1.000 millones por debajo de lo presupuestado por estas mismas fechas del año pasado con un crecimiento nominal de la economía del 4 por ciento.
Ahora, atendiendo a lo presupuestado, tres décimas más de crecimiento nominal -gracias a una actualización de la previsión en medio punto porcentual del deflactor del PIB- tendrían que generar 5.000 millones adicionales de recaudación por IRPF en el mismo año que se aplicará una nueva rebaja fiscal sobre los rendimientos brutos del trabajo por debajo de 18.000 euros anuales.
Pero más allá del comportamiento de la recaudación, hay un aspecto preocupante que es la subida del gasto estructural que contempla este Proyecto de PGE 2018, fundamentalmente a través de dos vías: subidas de los sueldos de los empleados públicos y de las pensiones mínimas, no contributivas, complementos a mínimos y pensiones de viudedad y orfandad. En primer lugar, con respecto a la función pública, Hacienda pactó con los sindicatos una subida del 1,75 por ciento anual (con un variable vinculado a la evolución de la economía) y ahora ha anunciado una convocatoria de 8.110 empleos públicos focalizada en elevar la tasa de sustitución incluso por encima del 100 por ciento en fuerzas de seguridad y defensa. En definitiva, un incremento de los sueldos unido a más plantilla eleva el gasto estructural un 3,5 por ciento, imponiendo una rigidez al alza aunque el aumento esté aproximadamente un punto porcentual por debajo del crecimiento promedio histórico del PIB nominal.
En segundo lugar, la subida de pensiones menores de 12.000 euros brutos que hagan Declaración de la Renta, se beneficiarán doblemente por la parte de la rebaja del IRPF y por el incremento de entre el 1 y el 1,5 por ciento dependiendo de la cuantía bruta. A ello se suma una subida mayor de la esperada en las pensiones mínimas y más bajas del sistema (+3 por ciento) y de un incremento de la base reguladora del 52 al 54 por ciento para el cálculo de la pensión de viudedad. En este sentido, una medida que afecta a siete millones de pensionistas de los más de 9 millones actuales, impacta significativamente sobre el gasto estructural y obstaculiza la entrada en vigor en 2019 del Factor de Sostenibilidad. Es otra rigidez al alza del gasto estructural, visto que los actuales gobernantes harán todo lo posible por no bajar la pensión en términos nominales aunque la legislación lo aconseje.
En este mismo campo de pensiones, todavía queda tiempo durante el que será probablemente un largo y tedioso trámite parlamentario para conseguir mayorías, para plantear que los complementos a mínimos y las prestaciones por viudedad y orfandad sean sufragados por la caja general de impuestos y no por la Seguridad Social. Se evitaría alterar la contributividad del sistema de la Seguridad Social, porque de otra forma generaría incentivos a cotizar por las bases mínimas y buscar a la hora de jubilarse que el Gobierno les suba las pensiones en mayor proporción de lo que han cotizado. Si algo tiene que evitar el sistema público de reparto actual es aumentar el ya de por sí generoso actual retorno por euro cotizado a valor actuarial.
En resumidas cuentas, el gasto estructural sube por encima del 5 por ciento nominal, siendo el propio Gobierno el primero que incumple la tan necesaria regla de gasto. Incluso aunque estuviese respaldada por un incremento superior pero coyuntural de la recaudación como presupuesta Hacienda, la prioridad absoluta debería ser generar un superávit primario por encima del 2 por ciento para empezar a amortizar Deuda Pública y hacer desaparecer el déficit estructural.
Así, para acometer esta tarea, es necesario un recorte de gasto público y esta es una tarea que ningún político querría acometer a las puertas de un año electoral. Sólo desde octubre, fecha en la que comenzó la negociación con los sindicatos de los sueldos de los funcionarios, la previsión de consumo público se ha disparado del 0,7 al 1,1 por ciento y el techo de gasto no financiero subirá un 1,3 por ciento, absorbiendo todo el ahorro de gasto de estabilizadores automáticos como los intereses de la Deuda o las prestaciones por desempleo.
