Es bien sabido que el nacimiento de los parlamentos en la baja edad media estuvo estrechamente relacionado con el control de los gastos del monarca, en especial en situaciones comprometidas para la corona como las guerras. Y, desde entonces, la aprobación de un presupuesto por una asamblea parlamentaria ha tenido siempre un componente político importante que, en muchos casos, poco o nada tiene que ver con los programas de gastos e ingresos desarrollados en el documento correspondiente.

La actitud del PNV ante el proyecto de presupuesto que el gobierno acaba de presentar en las Cortes es un claro ejemplo de este tipo de actitudes. Parece que al partido vasco le importa muy poco que el presupuesto esté mejor o peor hecho, que sea más o menos expansivo o que ponga el énfasis en unas u otras partidas del gasto. Lo relevante para sus dirigentes es si en Cataluña sigue aplicándose o no el artículo 155 de la Constitución. La conclusión es que la Cámara podría rechazar un presupuesto que, supongamos fuera de gran calidad técnica sin que algunos diputados se molestaran siquiera en estudiarlo. O, por el contrario, que una circunstancia política llevara a la aprobación de un presupuesto mal hecho, pero que fuera acompañado de una cesión por parte del gobierno tanto en lo que respecta a la situación de Cataluña o a la solicitud de favores concretos a determinados grupos. Nos guste o no, así son las cosas; y no es sorprendente que algunos teóricos muy destacados de las ciencias sociales como Buchanan o Hayek hayan planteado fórmulas alternativas para la política presupuestaria en los sistemas democráticos.

Pero el hecho de que la aprobación de unos presupuestos pueda tener poco que ver con la calidad de éstos, no significa que no se deba valorar la oportunidad de cada proyecto concreto. La primera impresión que produce el documento presentado por el gobierno es la de un plan basado en un cuadro macroeconómico prudente, con una tasa prevista de crecimiento del PIB del 2,7%, que parece perfectamente alcanzable por nuestra economía, dada la situación actual y las predicciones de la mayor parte de los analistas. En este presupuesto se intenta, por una parte, cumplir las condiciones impuestas por la UE con respecto a la deuda y el déficit, mientras, por otra, se hacen guiños a determinados grupos que vienen presionando desde hace tiempo para conseguir una mejora de su situación; en concreto, los funcionarios y los pensionistas que perciben prestaciones más bajas, que son, seguramente, los colectivos más beneficiados en este presupuesto. Al margen de esto, se abandona cualquier pretensión de reforma de nuestro sector público. A medida que se cercan las elecciones, conviene a todos los políticos que ocupan cargos en los diversos niveles de las administraciones públicas elevar lo más posible el nivel de gasto y centrar esta subida en aquellas partidas de las que se pueda obtener mayor rentabilidad electoral. El crecimiento económico, y el previsible aumento de los ingresos fiscales que aquél va a generar, se van a emplear, por tanto, en gastar más y no en bajar los impuestos o reducir la deuda pública que –no lo olvidemos– el año pasado creció en más de 37.000 millones de euros. Las rebajas que se aplican a los contribuyentes de menor renta tienen sentido, ciertamente. Pero todos aquellos españoles que tenemos unos ingresos por encima de este umbral seguiremos pagando unos impuestos demasiado altos, que no son precisamente el mejor incentivo para el desarrollo y la modernización que la economía española necesitan.

El consenso socialdemócrata

Un rasgo interesante de este proyecto de presupuesto es que confirma la idea de que, dejando a un lado a la extrema izquierda, existen pocas diferencias en la forma en la que los principales partidos determinan los objetivos y los instrumentos de la política económica. Puede que, de cara al público, algún partido –el caso del PSOE es el más claro– plantee propuestas más radicales que, seguramente, nunca llevaría a cabo si consiguiera llegar al poder; y es lógico también, que existan discrepancias en cuestiones concretas o en la aplicación de medidas específicas para conseguir objetivos determinados. Pero es evidente que lo que he denominado alguna vez el “consenso socialdemócrata” reina con poca oposición en la política económica española; lo cual tiene como efecto un alto grado de estabilidad en la gestión del sector público. Hagamos por un momento política ficción e imaginemos que se cumplen las previsiones de que Ciudadanos gane las próximas elecciones y llegue al gobierno. La pregunta es, ¿nos encontraríamos ante un presupuesto muy diferente? Creo que lo razonable es dar una respuesta negativa a esta pregunta. Y, eso sí, el PNV seguiría diciendo que lo más importante para apoyar o no un presupuesto es la aplicación del artículo 155.