El debate sobre los salarios
18 de septiembre de 2017
Por admin

Desde hace algún tiempo, se discute en nuestro país sobre la conveniencia de una subida salarial generalizada. El principal argumento a favor de esta medida se basa en la idea de que, aunque la recuperación económica es un hecho, los perceptores de rentas salariales no se han beneficiado realmente de ella, ya que no han conseguido todavía una mejora significativa de sus ingresos. Frente a este planteamiento se presenta, sin embargo, la idea de que un aumento de los salarios tendría como uno de sus efectos principales la pérdida de competitividad de muchas empresas españoles, que han conseguido elevar de forma notable el nivel de sus ventas al exterior en los últimos años. Y, de acuerdo con los medios de comunicación, parece que ni siquiera en el Gobierno existe acuerdo a este respecto. Hace unos días, un confidencial digital titulaba un artículo de forma un tanto escandalosa: “Bronca en el Gobierno por los salarios”. La expresión resulta, seguramente, exagerada. Pero es muy posible que no todos los ministros piensen lo mismo sobre los efectos que en la economía española tendría una elevación significativa de los salarios reales en estos momentos.

Lo más curioso de la polémica es que la opinión pública parece dar por supuesto que el Gobierno tiene capacidad para hacer que los salarios suban o bajen a su albedrío; lo cual, simplemente, no es cierto. Puede hacerlo, sin duda, con las remuneraciones de los empleados del sector público, que se fijan al margen del mercado de trabajo. Pero los ingresos de los trabajadores del sector privado se determinan por la situación de este mercado; y si se intenta forzar un aumento de los salarios –los precios en este mercado–, el resultado más probable será un incremento del paro o, al menos, una reducción de las tasas de creación de empleo.

Y es evidente que el mercado de trabajo español se ha recuperado sólo parcialmente. La tasa de paro, aunque se ha reducido de forma importante, sigue en cifras muy elevadas, cercanas al 17%; cuando la media de la zona euro está en torno al 9%, y la de Alemania está por debajo del 4%. Estamos creciendo más que otros países europeos, pero tenemos casi el doble de paro que Francia y cuatro veces el de Alemania. Es verdad, por otra parte, que los salarios cayeron en su día de forma significativa como consecuencia de la crisis. Pero lo relevante para una posible alza de los ingresos de los trabajadores no es el nivel salarial que existía antes de la crisis ni el crecimiento del PIB, sino la diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo. Mientras la tasa de paro sea tan elevada no tiene sentido esperar un alza significativa de los salarios, con la excepción, tal vez, de algún sector en el que se registre una escasez de mano de obra especializada.

Un argumento que se utiliza con frecuencia en defensa de mayores salarios afirma que si crecen los ingresos de los trabajadores, éstos incrementarán su consumo, lo que elevará la demanda de los productos fabricados por las empresas españolas, contribuyendo a relanzar la economía y, por tanto, a reducir el paro. Un efecto de esto sería, además, que con salarios más altos y mayor empleo se pagarían más impuestos y más cotizaciones sociales, lo que permitiría reducir el déficit público y mejorar las cuentas de la Seguridad Social.

Ideas equivocadas

De ser válido este argumento, el alza salarial se convertiría en la solución de algunos de los principales problemas de nuestra economía. Pero, por desgracia, las ideas en las que se basa están profundamente equivocadas. Por una parte, como he indicado antes, un alza salarial generalizada reducirá, seguramente, la demanda de trabajo de las empresas, por lo que no resulta claro que acabe generando más ingresos al sector público. Por otra, esa argumentación olvida que la española es hoy una economía abierta, lo que significa que el mayor consumo que pueda generar el aumento de los salarios se orientará en buena medida a la adquisición de bienes importados. Y si los costes suben en las empresas españolas, éstas no sólo tendrán más problemas para exportar, sino que, además, perderán parte de su cuota en el mercado nacional.

Resulta bastante sorprendente que, a estas alturas y visto lo que hemos visto en el pasado reciente, se utilice todavía este tipo de argumentos en el debate sobre la política económica. La coexistencia en España de una tasa de paro muy elevada y un fuerte crecimiento del PIB no puede explicarse con argumentos macroeconómicos basados en la insuficiencia de la demanda agregada. No tenemos más paro que en el resto de Europa porque consumamos menos o porque el sector público gaste poco, sino porque nuestro mercado de trabajo funciona mal; y, aunque las últimas reformas laborales han tenido, sin duda, efectos positivos, siguen siendo insuficientes, como muestran con claridad los niveles de desempleo que existen en el país.

Los gobiernos no fijan los salarios del sector privado. Pero su capacidad regulatoria en los mercados de trabajo puede influir de forma relevante en las tasas de paro. Este –y no otro– debería ser su campo de actuación

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