Como se ha repetido de manera insistente desde esta tribuna, los planteamientos económico-presupuestarios del Gobierno hacían imposible cumplir los objetivos de déficit pactados con la UE para 2018 y 2019. El propio Gabinete socialista se ha visto forzado a reconocer la realidad y las previsiones de verano de la Comisión Europea proyectan un desequilibrio de las finanzas de las Administraciones Públicas del 2,7% del PIB para este año y del 1,9% del PIB para el próximo. En este escenario, la ratio deuda pública/PIB apenas se reducirá en el próximo bienio, lo que aumenta la vulnerabilidad de la economía española en un marco de desaparición o erosión de los factores externos que facilitaban su sostenibilidad.

La ralentización del proceso de consolidación fiscal se produce además en un momento en el que las condiciones económico-financieras internacionales que habían impulsado en buena parte la recuperación tienen una marcada tendencia a modificarse. Los mercados de futuros auguran el mantenimiento e incluso el repunte del precio del petróleo. La principiada guerra comercial desatada por la Administración norteamericana ensombrece el crecimiento del mundo y de Europa. La inevitable normalización de la política monetaria en la zona euro augura un progresivo fin de los estímulos,lo que se traducirá en una subida de las tasas de interés. Ese conjunto de elementos proyectan una desaceleración inevitable, mayor de la prevista, de la economía global y nacional.

Los Gobiernos del PP no aprovecharon el ciclo expansivo para realizar el ajuste del déficit estructural y nominal que exigían y permitían las circunstancias. Ahora, el Ejecutivo socialista renuncia a cualquier contención de ese desequilibrio que no provenga de un crecimiento que ha iniciado su tendencia a la baja, parece dispuesto a adoptar medidas que elevan el gasto estructural y quiere evitar que el déficit se le dispare a través de una subida de los impuestos. Esta estrategia fiscal-presupuestaria es errónea y tiene serias probabilidades de traducirse en una agudización de la, por el momento, suave pérdida de ritmo de la economía.

De entrada, es impensable que el déficit se reduzca al 1,9% previsto por la CE en 2019 con el esquema de gastos e ingresos planteado por el Ejecutivo socialista. Por un lado, la trayectoria alcista del gasto público, sobre todo de las pensiones, no solo no se corregirá sino que se acentuará con su indiciación al IPC. Por otro lado, la recaudación tributaria tenderá a caer a causa del menor crecimiento económico, y no será compensada por el aumento de la tributación planteado por el Gobierno que, lejos de traducirse en mayores recursos para las arcas públicas, puede producir el efecto contrario. No existe una relación automática y causal entre alzas tributarias y elevación de los ingresos, asunto que se olvida con demasiada frecuencia.

En un horizonte de necesidad de reducir el endeudamiento del sector público, y sin disposición a hacerlo a través de la disminución del gasto público, las familias y las empresas descontarán subidas futuras de tributos para conseguir esa meta. Si las introducidas ahora no son suficientes, y no lo son para lograr un descenso permanente de aquel desequilibrio, será necesario elevar los tributos con mayor potencia recaudatoria: IRPF, IVA y sociedades. Los hogares y las compañías anticipan que habrá impuestos más altos, lo que reducirá sus flujos de renta, riqueza y beneficios esperados. Esas expectativas se traducen en una menor disposición a consumir e invertir ahora y, por tanto, el crecimiento de la economía se ralentizará.

Ese impacto depresor de la actividad económica se agudiza cuando el ciclo de expansión comienza a perder vigor. Cuando esto sucede y el déficit público es abultado (el español es el mayor de los grandes estados del euro), un alza impositiva tiene un impacto adicional negativo sobre la demanda interna. El resultado es una anticipación y aceleración de la trayectoria descendente del crecimiento del PIB. Esta es la situación en la que se encuentra España. Por eso, el programa fiscal-presupuestario del Gobierno tendrá un impacto contractivo sobre la economía.

Si en esa coyuntura se producen señales o medidas de política económica que se traducen en introducir iniciativas como el destope de las cotizaciones a la Seguridad Social, la vuelta a la negociación colectiva territorial-sectorial, etcétera, se perfila un marco económico-institucional que deteriora aún más las ya dañadas expectativas de los agentes económicos y de los mercado. En suma, la conjunción de las distintas iniciativas planteadas por el Gobierno crea un clima de incertidumbre lesivo para la supervivencia de la recuperación.

Ceteris paribus, España corre el riesgo de internarse por un camino en el que no solo no se corrija el binomio déficit/deuda sino que se estabilice o se incremente en los dos años venideros y se desboque cuando la economía arroje un crecimiento por debajo del 2%. Por añadidura, la renuncia a emprender reformas estructurales liberalizadoras y las contrarreformas que pueden verificarse, caso del mercado laboral, plantean un futuro incierto y, en cualquier caso, nada prometedor. Para decirlo con otras palabras, hay un serio peligro de retornar a una recesión en 2020 si el entorno internacional no mejora de manera sensible y la política económica mantiene su presente orientación.

No existe un caso en el cual una estrategia como la emprendida por el Gabinete socialista haya conseguido sostener el crecimiento del PIB y una posición sostenible de las finanzas públicas. Al final, es siempre el mismo problema: la fábula del escorpión y la rana. El primero (el socialismo) no puede evitar clavar el aguijón a la segunda (la economía) porque va en su naturaleza…