El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 ha suscitado numerosas críticas, la mayor parte de las cuales se centran en su poca credibilidad en lo que se refiere a los ingresos previstos, lo que permite suponer un déficit público significativamente mayor que el calculado por el Gobierno. Y los trucos que se pretende utilizar para camuflar las cifras reales, como contabilizar en los ingresos del año trece meses de recaudación de IVA, no son, desde luego, la solución del problema.

Pero supongamos que las cifras del Gobierno tuvieran más sentido del que realmente tienen y que el déficit público pudiera mantenerse en la cifra prevista. ¿Significaría esto que las cosas van bien y que nuestra hacienda pública está saneada? Me temo que no; entre otras cosas porque el déficit de este año es, sin duda, un problema; pero no es el único problema… y tampoco el más importante. Por una parte, porque aumentar la recaudación fiscal supone reducir la actividad del sector privado, que se verá desplazado parcialmente por el gasto público. Y, por otra, porque los deficits futuros se van a ver condicionados por el aumento del gasto público en el año actual.

Y es este fuerte crecimiento del gasto lo más relevante del proyecto de presupuestos. Las razones por las que se ha optado por tal aumento son diversas, sin duda. En primer lugar, está la necesidad que tiene el Gobierno de comprar favores para conseguir que las Cortes aprueben sus presupuestos a pesar de su gran debilidad parlamentaria. La segunda razón es que las elecciones se acercan y el Gobierno necesita comprar también las voluntades de numerosos votantes, ofreciéndoles una serie de reformas y de nuevos gastos, para encarar tales elecciones con mayores esperanzas de éxito. Y, por fin, hay una tercera causa no desdeñable y es que, al margen de defender sus intereses a corto plazo, el Gobierno puede creer realmente que este mayor gasto sería bueno para la economía española. En todo caso, es evidente que la consigna es gastar más. Si se consigue aumentar la presión fiscal, se podrá mantener el déficit controlado; y, si no es así, se aceptará un déficit mayor, que ya se tratará de corregir tras las elecciones.

Pocos analistas, sin embargo, se han planteado cuáles pueden ser los efectos en el largo plazo de tal crecimiento del gasto. Y la cuestión es importante, porque un fuerte aumento del gasto en 2019 puede generar deficits más elevados en los años próximos cuando caiga la recaudación fiscal, lo que necesariamente sucederá por la evolución del ciclo. La razón es muy simple: la flexibilidad de los ingresos públicos a la evolución de la coyuntura es en España muy superior a la de los gastos públicos. Y esto se debe tanto a la naturaleza del propio sistema fiscal, como a la dificultad de reducir el gasto en la fase baja del ciclo. Por una parte, hay una serie de partidas –el seguro de paro, por ejemplo– que tienden a aumentar de forma automática cuando cae la actividad económica. Y, por otra, sabemos que a un gobierno le puede resultar muy difícil recortar determinadas partidas que ha incrementado en años anteriores, aunque no tenga ya fondos para financiarlas.

Y esto no es una simple especulación. Tenemos datos muy claros de lo que ocurrió en España a partir del año 2008. Si se observan las cifras del sector público en los años siguientes al desencadenamiento de la crisis se comprueba que el déficit, que suponía el 1,9% del PIB en 2007, creció de forma muy rápida, llegando al 11% en 2009; y se mantuvo por encima del 9% del PIB durante cuatro años, para contraerse de forma paulatina con la recuperación económica posterior. Y esto ocurrió no sólo por la caída de los ingresos, que fue grave, sino también por la gran dificultad que se encontró para reducir el gasto. A pesar de la llamada “austeridad”, que se ha exagerado de forma notable, el gasto público apenas se pudo bajar en términos absolutos; y, dada la mayor caída experimentada por el PIB en este período, resultó que el peso relativo del sector público en la economía española –es decir, la ratio “Gasto Público/PIB”– no sólo no disminuyó, sino que creció.

Podemos estimar, por tanto, cuáles pueden ser los efectos en el déficit de una menor tasa de crecimiento; y prácticamente todos los analistas, con pequeñas diferencias de matiz, hablan ya abiertamente de desaceleración. No es, hoy por hoy, un problema grave. Pero parece irresponsable comprometerse a mayores gastos, que sabemos que serán difíciles de recortar en los momentos en los que el menor crecimiento haga caer los ingresos del sector público. No cabe duda de que los españoles vamos ahora a empezar a lamentar que no se haya utilizado el período de fuerte crecimiento económico de los últimos años para sanear en mayor grado las cuentas públicas, lo que nos habría permitido entrar en la nueva fase del ciclo con una posición más sólida. En una situación como ésta, un presupuesto como el que ha diseñado el Gobierno sólo puede empeorar las cosas