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Artículos de opinión

El mercado laboral se apaga lentamente

Rafael Pampillón (Consejo asesor)
Expansión , 5 de diciembre de 2018

La creación de empleo se ha ralentizado un 17% en el último año y se podría frenar todavía más en el ejercicio siguiente

Ayer, el Ministerio de Trabajo informó que, en el mes de noviembre de 2018, España perdió 47.449 afiliados a la Seguridad Social empeorando los registros de 2016 y 2017. Estos datos y otros que se vienen publicando muestran cierto debilitamiento en el mercado laboral español. Durante los últimos doce meses la afiliación a la Seguridad Social se ha ido desacelerando; desde diciembre del año pasado a noviembre de este año se crearon 528.000 afiliados más, frente a los 637.000 del periodo anterior: una ralentización del 17% respecto al año pasado.

En general se puede afirmar que el empleo aumenta menos porque la economía crece menos. La Comisión Europea (CE) ha rebajado el crecimiento del PIB para España hasta el 2,6% en 2018 y el 2,2% en 2019, frente al 3,1% de 2017: una señal de que en el futuro seguirá habiendo una reducción en el crecimiento del empleo. Así, en 2018 la Encuesta de Población Activa contempla un crecimiento de la ocupación de 438.000 personas, frente a la previsión para 2019, que es de alrededor de 260.000. Crecerá por tanto un 41% menos que en 2018. Esta caída incluye los efectos negativos de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo (la CE estima que la subida del salario mínimo hará que se creen entre 70.000 empleos menos en 2019 y 80.000 menos en 2020).

Estos descensos en el crecimiento del PIB y en la creación de empleo vienen avalados por la disminución de la síntesis de los indicadores adelantados (CLI por sus siglas en inglés) que elabora la OCDE. Desde comienzos de año este indicador se ha ido reduciendo paulatina y progresivamente. El último dato publicado, el del mes de septiembre, representa el noveno descenso consecutivo del índice. Por tanto, el CLI (Composite Leading Indicator) muestra signos de una desaceleración del crecimiento económico en España y anticipa que en el año 2019 España crecerá por debajo de la tendencia. Esta información coincide con los últimos datos estadísticos publicados por el INE: a) el Índice de Entrada de Pedidos en la Industria, que refleja el comportamiento futuro de la producción industrial y que experimentó en el mes de septiembre una variación mensual del −3,4%; y b) el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) que desciende un 1,7% en el cuarto trimestre de 2018 respecto al tercero. Este índice muestra las opiniones de los empresarios sobre sus expectativas y la situación actual de su negocio.

A este panorama de debilidad y perspectivas poco halagüeñas se une el que las exportaciones se empiezan a reducir. No se debe olvidar que las exportaciones de bienes y servicios han sido en los últimos años un “cuerno de la abundancia” que ha permitido hacer crecer y financiar nuestra economía a la vez que ha conseguido crear mucho empleo. El espectacular crecimiento del sector exportador ha ejercido un efecto muy positivo sobre el mercado de trabajo tanto por la mejora de la calidad del empleo como por el aumento en el número de ocupados. Desgraciadamente, ahora las exportaciones se ven claramente afectadas por el nuevo proteccionismo comercial y porque la zona del euro, nuestro principal cliente, está empeorando su ritmo de expansión de la actividad. Así, la confianza de los consumidores y empresarios en la economía de la eurozona cayó de nuevo en noviembre, lo que vuelve a alertar de las dificultades del crecimiento en el cuarto trimestre de 2018.

Además, la subida del salario mínimo, prevista para enero, tampoco va a beneficiar a la competitividad internacional de la economía española. El alza de los costes laborales, desde luego, no es la mejor receta para ello.

Ante este escenario con crecientes riesgos políticos y económicos a nivel global y nacional, es urgente realizar en España reformas estructurales que mejoren el funcionamiento de la economía alentando así la fase expansiva del ciclo. Para ello el Gobierno deberá realizar reformas que persigan: a) reducir el endeudamiento público; b) modificar el sistema de pensiones para hacerlo más sostenible (la OCDE acaba de recomendar a España una reforma de las pensiones que contemple jubilaciones más tardías y con más años cotizados); c) seguir favoreciendo el tránsito del tejido empresarial hacia actividades tecnológicamente más avanzadas, lo que también significa adecuar la mano de obra a los nuevos conocimientos y habilidades que demanda el mercado; d) eliminar las barreras regulatorias que actualmente impiden que las pequeñas empresas aumenten de tamaño; y e) dedicar mayores recursos a la I+D, orientada a la competitividad empresarial.

El crecimiento del empleo va a depender del mayor crecimiento económico, que se podría favorecer con estas reformas, pero va a depender también de las instituciones que configuran el mercado laboral, es decir, las normas y funcionamiento de dicho mercado (salario mínimo, cotizaciones sociales, prestaciones por desempleo, indemnizaciones por despido, etc.).

La subida del salario mínimo no favorece la reducción del desempleo, tan alto en España (14,5 % de la población activa, frente al 8% de la zona del euro). En primer lugar, porque supone un aumento de costes para las empresas que lógicamente tenderán a sustituir trabajo por capital (máquinas). Es decir, los empresarios pueden decidir que no les merece la pena pagar ese salario y despedir al trabajador, organizando la empresa de otro modo (por ejemplo, mecanizando la tarea o deslocalizando la producción). En otros casos, la subida del salario mínimo quizás no lleva al despido, pero sí a no contratar nuevos trabajadores.

En segundo lugar, el Gobierno cree que subiendo el salario mínimo protege a los desempleados jóvenes o de baja cualificación prohibiéndoles aceptar empleos con remuneración insuficiente (es decir, menos de 900 euros/mes). Ellos, no obstante, sí podrían querer tales empleos, si se los ofrecieran. Además, la prohibición de estos empleos puede conseguir un efecto perverso, tal como está ocurriendo en España, ya que estos trabajadores se emplean en la economía sumergida, muchos de ellos para poder sobrevivir. Allí no rigen salarios mínimos, ni contratos escritos, ni protecciones sociales. Se trata de la lamentable explotación, tantas veces denostada.

En tercer lugar, la destrucción de empleo supone una reducción de las cotizaciones sociales y, al mismo tiempo, un aumento del colectivo dependiente de los subsidios públicos, algo indeseable dado el déficit de la Seguridad Social y el volumen muy elevado de la deuda pública.

En cuarto lugar, el alza del salario mínimo impacta en otros costes salariales referenciados a él por convenio colectivo. Además, si la empresa sube los salarios más bajos, se genera una expectativa de subida a los que cobran algo más de esta cifra, con un efecto en escalada para tramos superiores. La subida de costes puede ser al final muy superior a la esperada, en claro detrimento de la competitividad de nuestras empresas.

Ahora que tanto la confianza empresarial como la de los consumidores cotizan a la baja, no parece que sea un buen momento para poner palos en la rueda de la economía española. Al contrario, se la debería empujar, aprovechando el ciclo aún favorable para introducir reformas beneficiosas a medio plazo. Aún podemos hacerlo.

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