Como ya advertimos en 2013, los tres años de retraso en la modificación del sistema de financiación autonómica ilustran muy bien el modo de actuar de este Gobierno: dejar que las cosas se vayan “resolviendo” solas, sin prisas que incomoden a nuestros adormilados timoneles. El problema de este método recalcitrante es que ha vulnerado o saltado, una vez más, la Ley; y además con desfachatez. La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, indicaba claramente, en su disposición adicional tercera, que la revisión del sistema de financiación debía estar operativo el 1 de enero de 2014. Como se ve, otro incumplimiento. Para el que siempre se repiten las justificaciones habituales. ¿Es aceptable y defendible legalmente que se haya mantenido tanto tiempo un sistema tóxico que fue creado por el PSOE, con dolo ostentoso, a fin de favorecer a unas autonomías principalmente –Cataluña y Andalucía– y perjudicar a otra, esencialmente Madrid?
Hay muchas razones para creer que no. Comenzando por la primera, nos parece que una de las cuestiones centrales que hay que abordar en la actual reforma del sistema de financiación debe ser la estabilidad jurídica y presupuestaria de las comunidades autónomas. Dicho de otra forma, procedería fijar unos topes de gasto que sean infranqueables y estén en correspondencia con sus ingresos recurrentes. Esa sería la mejor manera de que el sistema imponga una gestión rigurosa y ponga coto a que las autonomías financien el crecimiento de su gasto a través de las transferencias del Estado. Resulta que, simplemente, no es posible mantener el desmesurado y creciente nivel de gasto de estas administraciones.
En este asunto tenemos todos un peligrosísimo “enemigo”: el principio de repartir más sin exigir más. El “generoso” reparto estatal incentiva el “vicio”; es decir, facilita que los presidentes autonómicos enmascaren sus déficits, deficiencias y deudas tapándolas con los ingresos del Estado. De esa forma, el actual sistema ha venido favoreciendo el aumento del gasto. Y permite que unos territorios, “rigurosos”, financien los desmanes de gasto de otros, “manirrotos”, amamantados por la irresponsabilidad de sus dirigentes (no creo que sea necesario citar ejemplos clamorosos). Hay que establecer un sistema justo, objetivo y transparente, que asegure los servicios esenciales que se deben prestar a todos los ciudadanos españoles y que, a su vez, también acabe con el cuestionamiento constante del propio sistema. Hasta ahora, España es el único país civilizado en el que se da la paradoja de que las regiones más dinámicas y saneadas son las más castigadas, en su financiación, por el Estado. Y, curiosamente, las comunidades que más apoyo financiero piden (y hasta reciben) son las que tienen los impuestos más altos.
Limitar los impuestos
Nuestro cacareado sistema de financiación, una especie de Sodoma y Gomorra del tributo, castiga a los “justos” y da alas a los “injustos”. Los “castigados” son los más saneados y controlados: por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que tiene bonificados Patrimonio y Sucesiones y un IRPF muy competitivo, y que no ha necesitado apoyo estatal. Sería muy buena cosa establecer, en el nuevo sistema, límites al incremento desmesurado de los impuestos de las autonomías; algunos claramente confiscatorios y abusivos, como fijar marginales del 56% en el IRPF, o un Impuesto de Sucesiones y Donaciones que carga a bienes que ya habían tributado varias veces en el ámbito familiar. O un vetusto tributo sobre el Patrimonio que ha sido abolido en casi todos los países desarrollados y que sólo mantiene Francia (con el compromiso de eliminación por el candidato conservador, el Sr. Fillon). Casi todo el resto de países de la UE lo han abolido en los últimos años por injusto (debido a la doble imposición) y por inhibir el ahorro. Y, dicho sea de paso, aquí lo abolió en 2008 ¡¡¡el gobierno socialista!!!! del Sr. Zapatero, que ya es decir, con la acertada visión y el meritorio empeño del Sr. Sebastián y del tristemente desaparecido David Taguas.
A este propósito repetiremos, otra vez, lo que ya hemos repetido muchas veces: la competencia fiscal es muy buena. Porque identifica y visualiza a los gestores que se aprietan el cinturón y señala a los que incrementan la fiscalidad hasta límites confiscatorios para tapar las vergüenzas de sus gastos e incompetencias. En democracia, los ciudadanos deben tener elementos para comparar las diferencias de gestión pública. Caso de introducir unas bases mínimas en los tributos cedidos, siempre habrá margen para que las autonomías más eficientes se sitúen en un rango de tributación más bajo, y los ciudadanos podrán elegir si “localizarse” en ellas. Dicho rango permitiría, además, que existan diferencias de tratamiento fiscal en hechos imponibles idénticos en distintas comunidades. De esa forma, decaería el argumento que se esgrime siempre de buscar la igualdad fiscal. Simplemente, se mantendrían las diferencias con rangos de tributación más altos. En los tributos cedidos, la corresponsabilidad significa que las autonomías puedan decidir la presión fiscal que quieren para sus ciudadanos; esto es, un cierto margen de actuación que algunos políticos incapaces o manirrotos no quieren entender, al imponer que el margen de autonomía sólo sirva para gastar.
Como se ve, está de nuevo en marcha el viejo circo de la financiación autonómica. Esperemos que, esta vez, la cosa no acabe en charlotada. Ni en una nueva “montorización” (por el Sr. Montoro) de los tributos en Espa- ña; es decir, subir impuestos, incumplir el déficit y cambiar las normas. Algo que, como ya habrá ocasión de señalar, volvería a aumentar nuestro descrédito internacional en este ámbito y provocaría daños internos relevantes.
