Las proyecciones macroeconómicas presentadas la semana pasada por el Banco de España refuerzan las previsiones a la baja de los principales servicios de estudios nacionales e internacionales. Después de tres años de crecimientos consecutivos del PIB por encima del 3%, la economía española afloja. Si bien mantiene un ritmo de crecimiento superior al de las principales economías de la zona euro, los indicadores adelantados muestran síntomas de desaceleración, situando el avance durante este tercer trimestre en torno al 0,6%, que llevaría la tasa de expansión a un 2,5% en 2018 y a un 2,1% en 2019, algo por debajo de las estimaciones del actual Gobierno en su cuadro macroeconómico (2,7% y 2,4%, respectivamente).
Esta evolución se explica tanto por la caída del consumo privado como por la ralentización de las exportaciones. En concreto, en el primer semestre de este año el sector del gran consumo retrocedió por primera vez desde 2014 (-0,9% frente a un avance de 1,8% en el mismo periodo de 2017). Adicionalmente, en mayo, junio y julio las ventas minoristas, en tasa interanual a precios constantes, se han ido reduciendo, lo que se explica en parte por la pérdida de poder adquisitivo ante el repunte de la inflación. Así, mientras los precios de consumo crecieron un 2,2% durante este tercer trimestre, en tasa interanual, el mismo periodo del año pasado lo hizo al 1,7%.
LAS EXPORTACIONES SE DEBILITAN
Por su parte, las exportaciones se ven claramente afectadas por el nuevo proteccionismo comercial, el deterioro de las principales economías emergentes y porque la zona euro, nuestro principal cliente, está empeorando su ritmo de expansión de la actividad. Así, el Índice de Sentimiento Económico que acaba de publicar la Comisión Europea registró en el mes de septiembre un nuevo descenso que representa una desaceleración de la economía de la zona euro, lo que introduce riesgos a la baja en las expectativas de crecimiento. Como consecuencia, las exportaciones de mercancías acumuladas entre enero y julio crecieron un 3,8% en términos interanuales, frente al 9,1% en el mismo periodo del año anterior.
También el sector turístico español muestra indicios de agotamiento, tras alcanzar niveles récord en 2017. En julio de este año, llegaron a España 10 millones de visitantes internacionales, un 5% menos que el mismo mes del año pasado. Se trata de la mayor caída en el número de turistas, en tasa interanual, desde abril de 2010. Este dato se explica principalmente por la menor inestabilidad geopolítica en Turquía, Túnez y Egipto, la desaceleración en las principales economías emisoras de turistas como Reino Unido, Francia y Alemania, y las buenas condiciones meteorológicas en el Norte de Europa.
A este contexto macroeconómico se une un nivel de incertidumbre geopolítica (por encima de la media histórica) marcada por el encarecimiento del petróleo, la política exterior de Trump, la mayor probabilidad de un hard Brexit, la evolución de la senda presupuestaria de Italia, y el deterioro de las condiciones políticas en Polonia y en los países del Visegrado. A lo que se debe añadir, para el caso de España, la inestabilidad parlamentaria y la tensión en Cataluña.
Ante este escenario con crecientes riesgos políticos y económicos a nivel global y nacional, es urgente realizar en España reformas estructurales que mejoren la productividad de las empresas, alentando así la fase expansiva del ciclo antes de que se produzca el agotamiento previsto para 2020.
LOS IMPUESTOS
España sigue presentando importantes desequilibrios estructurales, como son el paro (15,3%, duplicando la media de la Unión Europea), el déficit público (3,1%) y el elevado nivel de deuda (98% del PIB), que exigen reformas de calado. En este sentido, una reforma imprescindible es la fiscal. Si se quiere recaudar más, como sería deseable, sería necesaria una reforma integral de los impuestos que permita seguir mejorando la competitividad de nuestras empresas. Una reforma fiscal que genere empleo, creación de empresas, más innovación y que reduzca el peso de la economía sumergida (que representa el 17% del PIB). Para ello se precisa un acuerdo entre todos los partidos políticos para crear una fiscalidad eficiente y competitiva que no cambie con cada gobierno. Las medidas anunciadas hasta el momento van en el sentido contrario y perjudican las decisiones de inversión, ahorro y consumo de las empresas y las familias.
Hay que recordar que España es el único país de la zona euro que incumple con el nivel de déficit público que impone la CE (3,1% del PIB en 2017). Además, el Banco de España publicó esta semana que a cierre de 2018 el déficit público se situará en el 2,8%, una décima por encima de los nuevos objetivos negociados por el Gobierno con Bruselas. No sólo no se cumpliría la senda presupuestaria, sino que, un año más, no se lograría alcanzar un superávit primario continuado de al menos el 1%, necesario para reducir el peso de la deuda según recomendaciones de la OCDE. En contraste, países como Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Grecia y Portugal ya lo han alcanzado.
EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
Por eso, a la reforma de los impuestos hay que añadir la racionalidad en el gasto público; un pacto de Estado que centralice, por ejemplo, la sanidad. También centralizar la educación para mejorar sus resultados en calidad y eficiencia y conseguir una mayor integración nacional.
Ampliar el gasto público hasta 10.500 millones de euros, como se pretende, no sólo puede retrasar el cumplimiento de nuestros compromisos con Bruselas, sino también la reducción del déficit público estructural de la economía española (3%, si se elimina el efecto del ciclo económico). Una situación que se agrava ante el previsible comienzo de subidas de tipos de interés del BCE a finales de verano de 2019, por sus consecuencias sobre el coste del servicio de la deuda española, que actualmente se sitúa en 31.547 millones de euros (2,6% del PIB). En concreto, el Banco de España estima que un incremento de 1% en los tipos a corto y largo plazo tendría un impacto negativo en los pagos de intereses de las Administraciones Públicas de aproximadamente 3.000 millones de euros acumulados hasta finales de 2020.
En todo caso, a la hora de realizar cambios en la política fiscal española se debería evitar que se penalicen la creación de empleo y la actividad empresarial. En este sentido, sería aconsejable tomar como referencia la experiencia de los países nórdicos, con una menor carga impositiva en el Impuesto de Sociedades y en las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas que combinan con una mayor eficiencia del gasto público. Según el World Economic Forum, dentro de los países de la OCDE, España ocupa una posición muy baja en la variable “eficiencia del gasto público” (puesto 25 entre 36 países), frente a Finlandia (2), Noruega (8), Islandia (10), Suecia (11) y Dinamarca (14). A ello hay que unir el envejecimiento demográfico, que condiciona la sostenibilidad futura del Estado del Bienestar. Por tanto, hoy más que nunca, es urgente cumplir la senda de consolidación fiscal y no negociar unos Presupuestos Generales del Estado que respondan a objetivos electoralistas y sin una visión de largo plazo.
