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"Una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin ninguna de las dos", Milton Friedman

Artículos de opinión

Generar buenas expectativas

Rafael Pampillón (Consejo asesor)
Expansión , 9 de junio de 2018

Elevar mucho los costes laborales y los impuestos dañaría la competitividad de las empresas

Cuando muchos pensaban que el Gobierno que surgiera de la moción de censura podía arruinar la economía española, la moderación exhibida por el presidente Sánchez en sus declaraciones y en la elección de ministros invita a un relativo optimismo. Por el momento, la impresión es que el apoyo recibido de los partidos que mantienen una postura de aumento del gasto público no se va a traducir en cesiones que rompan la senda del crecimiento económico. Sánchez ha despertado, en el comienzo de su mandato, una gran confianza. Si esa expectativa logra acreditarla con hechos, su credibilidad mejorará, lo que le favorecería para continuar en la Moncloa en 2020.

Conviene recordar los temores que generaron los imprescindibles apoyos nacionalistas y del partido de Pablo Iglesias a la investidura de Sánchez: más gasto público para pagar los peajes que exigió la aprobación de la moción de censura, mayor incertidumbre en el mercado laboral, aumento del déficit y de la deuda pública, una mayor presión fiscal, etc. Si esas aprensiones hubieran tomado cuerpo, España tendería a perder la senda del crecimiento por la que camina, porque la confianza que necesitan los empresarios e inversores se malograría. Afortunadamente, parece que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá una política económica más ortodoxa de lo que se esperaba.

CUIDAR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Así, en política fiscal se propone cumplir con el acuerdo con Bruselas que implica un objetivo de déficit público del 2,2% del PIB en este año 2018 y del 1,3% para el que viene, según el Programa de Estabilidad 2018-2021. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que están en trámite de aprobación en el Senado, apuntan a un saldo negativo de las Administraciones Públicas del 2,7% para 2018, lo que supone sobrepasar el objetivo. Es precisamente esta política fiscal expansiva la que incrementaría la deuda pública lo que en un contexto de subida de tipos de interés, podría deteriorar la solvencia y el actual crecimiento del reino de España.

Con apenas 84 escaños socialistas en el Parlamento, muy lejos de conseguir mayorías estables, el nuevo Gobierno tiene que ser muy cuidadoso con las cuentas públicas. La gran trampa en la que puede caer Sánchez es permitir elevados costes laborales y una subida de tributos que perjudique la competitividad de las empresas.

Como más vale prevenir que curar, conviene tener en cuenta que, a partir de 2019, la situación puede empeorar por la mencionada subida de los tipos de interés, lo que podría acarrear mayores gastos financieros para la Hacienda Pública, con el consiguiente aumento de la deuda. El remedio para evitar esa posible contracción de la economía es dejar que el propio crecimiento económico aumente los ingresos fiscales y reduzca el gasto público (a través de los denominados “estabilizadores automáticos”) tal como ha sucedido en los cuatro primeros meses del año, al reducirse en un 22,2% el déficit del Estado. Además, en el largo plazo, esta disminución del déficit público tiene un efecto expansivo: disminuye la deuda pública, lo que presiona a la baja los tipos de interés y da margen para reducir los impuestos, impulsando así la inversión.

Sin embargo, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los Presupuestos suponen menos del 50% del gasto total. Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas a que, como mínimo, cumplan sus compromisos de estabilidad fiscal. Es ahí donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que a su vez daría a los inversores más credibilidad y confianza en España. El nuevo Gobierno tendría que afrontar de una vez por todas la reforma de las administraciones y, en cualquier caso, no financiar a ninguna región o ayuntamiento que no cumpla la requerida contención presupuestaria. En este sentido, y con una economía en plena fase expansiva, todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit fiscal y ninguna podría incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.

Un gobierno “modernizador y europeísta”, como lo denominó el presidente Sánchez, debe reforzar esta solvencia del Estado y reforzar la confianza de los mercados. En cualquier caso, deberían ir acompañados de reformas estructurales que permitan elevar el crecimiento potencial y dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestra economía, y –en particular–, el envejecimiento demográfico.

AUMENTAR EL BIENESTAR

El nuevo equipo económico de Sánchez tendrá que hacer pedagogía y comunicar a los ciudadanos que la política económica necesaria (también la fiscal) se debe dirigir a aumentar el bienestar de los españoles en el largo plazo. Debe explicar que una política fiscal más ortodoxa permitiría mejorar la buena marcha de la economía e infundir confianza en los acreedores, es decir, a los poseedores de deuda pública española que está cifrada en el 98% del PIB, una de las más altas de Europa.

España necesita, por tanto, políticas que consigan que la economía continúe por el buen camino de la estabilidad y el crecimiento, por el que llevamos ya transitando cuatro años; reforzando el círculo virtuoso de altos niveles de confianza, buenos resultados económicos y aumento del bienestar. El elevado crecimiento del PIB en los últimos años ha venido de la mano de la mejora del empleo, del crecimiento del consumo, la producción de bienes de equipo, de la compra de viviendas y de una mayor recaudación. Un crecimiento más rápido que ha significado también ingresos fiscales más elevados, lo que debería permitir reducir el elevado nivel de deuda pública en manos de los acreedores.

REFORMAS ESTRUCTURALES

Por eso si el Partido Socialista quiere ganar las elecciones dentro de dos años tiene que afrontar las reformas necesarias: facilitar a nuestras empresas la obtención de mayor innovación, favorecer la inversión directa extranjera, hacer sostenible el sistema de pensiones, revitalizar la vida política y, por último, buscar un nuevo equilibrio con todas las comunidades autónomas donde prevalezca el dialogo, se alcance una mayor unidad de mercado y se reduzca el gasto público que no sea estrictamente necesario.

En definitiva, hace ya más de dos años que la recuperación económica de España avanza más rápido de lo que habían pronosticado los economistas. Pocos previeron que el país repuntaría a un ritmo tan fuerte y a medida que el tiempo pasaba se han ido revisando al alza las predicciones de crecimiento. A su vez, las empresas aumentaban las contrataciones y se iba reduciendo el nivel de desempleo de forma gradual. Ahora, con un gobierno que mantenga las reformas, aplique políticas económicas ortodoxas y genere confianza, la salud de la economía española seguirá mejorando.

Las políticas públicas del Partido Popular en el ámbito económico se han caracterizado siempre por su responsabilidad. Sería deseable que esa sensatez prevaleciera también ahora que están en la oposición, sin dejarse tentar por electoralismos oportunistas. Nunca como ahora, el largo plazo fue tan importante para consolidar nuestra economía. Esperemos que, al menos, los partidos constitucionalistas sepan estar a la altura que exige el entorno internacional que nos ha tocado vivir, en el que el bienestar de los españoles exige, ineludiblemente, ser más competitivos que los países rivales.

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