La llegada al poder del Partido Socialista parece haber dado fuerza a los ataques que la escuela concertada venía ya recibiendo desde hace bastante tiempo. El último episodio ha sido un informe realizado por la CEAPA, en el que se acusa a diversos colegios concertados de cobrar cuotas a los alumnos que, en su opinión, irían más allá de los pagos por actividades complementarias y extraescolares que la ley específicamente permite. Representantes de la enseñanza concertada han afirmado que tales acusaciones son falsas y que sus centros obedecen la ley estrictamente.

Pero, al margen de que se pueda discutir si una actividad concreta que se realiza en un colegio es o no complementaria, llama la atención la inquina de una parte de la sociedad española hacia un tipo de enseñanza que es buscado por un gran número de padres y que no puede admitir a todos los que solicitan una plaza en ellos al producirse un exceso de demanda sobre oferta. Si consideramos, además, que estos centros refuerzan la libertad de los padres a la hora de decidir la educación que quieren para sus hijos y que para el contribuyente es más barato financiar una plaza en un colegio concertado que en un colegio público, lo razonable sería fomentar el desarrollo de este tipo de escuelas, no perseguirlas.

Cabe argumentar que existe algún método preferible al modelo de concertación, como sería el cheque escolar, que estimularía la competencia entre todo tipo de escuelas. Pero me temo que no es esto precisamente lo que quiere la izquierda estatista, a la que parece preocuparle muy poco la mala calidad de nuestro sistema educativo, y que parece buscar, más bien, que no haya centros que destaquen por encima de la mediocridad hoy dominante, igualando a todos por abajo.

Es importante, por ello, rechazar el argumento que se utiliza a menudo de que, con la educación concertada, se da dinero “público” a centros privados. Entre otras cosas, porque el llamado “dinero público” ha salido de los bolsillos de los contribuyentes. Y si estos quieren enviar a sus hijos a centros no estatales, tienen derecho a hacerlo.