Sea por convencimiento, sea por estrategia electoral, el Gobierno parece decidido a introducir una serie de cambios en el mercado de trabajo que tendrán como uno de sus principales efectos frenar la creación de empleo y, por tanto, hacer más difícil la reducción de la tasa de paro. El primero de estos cambios es una subida sustancial del salario mínimo, que afectará especialmente a las personas con menor cualificación profesional. No cabe duda de que aquellos que hoy perciben el salario mínimo y, tras la subida, conserven su empleo, y quienes consigan un contrato con dicha remuneración, verán incrementados sus ingresos con la nueva regulación. Pero todos aquellos que pierdan su puesto de trabajo o sigan en el paro al no poder encontrar una colocación no obtendrán beneficio alguno de una medida que parece que habría sido diseñada para favorecerles.
El segundo es lo que ha venido en llamarse la “contrarreforma laboral”. No conocemos aún con exactitud las medidas concretas que se quieren aplicar. Pero, de acuerdo con la información trasmitida hasta ahora, es razonable suponer que significará un paso atrás en la tímida liberalización del mercado que se había conseguido en años pasados. Y cabe concluir que, de ser así, tendrá también efectos negativos en la creación de empleo.
Y esto ocurre en un país que, pese haber conseguido reducir el paro en los últimos años, sigue teniendo una tasa de desempleo muy elevada, tanto en términos absolutos como relativos. Y habría que añadir que no es normal que, tras haber experimentado tasas de crecimiento bastante altas a lo largo de varios años, sigamos teniendo entre el 14% y el 15 % de la fuerza laboral en paro; y que, en Europa, sólo Grecia presente peores datos que nosotros. Como no parece creíble la tesis de que los dioses hayan lanzado alguna maldición sobre nuestro mercado de trabajo, habría que plantearse seriamente alguna vez la cuestión de por qué, independientemente de que la economía esté creciendo o se encuentre estancada, nuestras tasas de paro son significativamente más altas que las de otros países. Por ejemplo, determinar por qué hoy el desempleo en Reino Unido se encuentra en torno al 4% y en Alemania por debajo de esa cifra, mientras que en España cerramos octubre con el 14,8%.
Es evidente que necesitamos reformar el mercado de trabajo. Pero hay que ser consciente de que los cambios pueden contribuir a mejorar la situación o a dejarla aún peor de lo que estaba. Y me temo que esto es lo que puede suceder en España en un futuro próximo si seguimos empeñados en derogar una serie de normas que, aunque insuficientes, han tenido, sin duda, efectos positivos en el empleo. A los reguladores, por lo general, les gusta pensar que sus medidas son aceptadas por los agentes económicos sin mayor problema y no esperan que éstos diseñen estrategias como respuesta a unos cambios que distorsionan su actividad. Y esto, evidentemente, no es así. Los mercados se ajustan a todo tipo de cambios, tanto de carácter real como regulatorio; y si no pueden hacerlo mediante los precios, lo harán mediante una variación de las cantidades.
Efectos no buscados
Cualquier economista interesado en temas de regulación podría citar multitud de casos en los cuales la intervención del Estado propicia en determinados sectores y mercados efectos no buscados por el legislador. Y sabe que la reacción de la Administración Pública rara vez consiste en eliminar una norma concreta que ha mostrado ser ineficiente. Suele intentar, por el contrario, diseñar una nueva regulación que trate de tapar los huecos por los que los agentes económicos escapan de la norma que les perjudica. Y el resultado es casi siempre, en nuestro caso, una reglamentación cada vez más compleja, que crea no pocos problemas tanto a las empresas que deben aplicarla como a los propios trabajadores, que encuentran más difícil conseguir un empleo como consecuencia del propio marco legal que supuestamente los protege.
Espero que alguien escriba un día una buena historia del moderno Derecho del trabajo español de una forma diferente a como suele hacerse; es decir, no limitándose a explicar el contenido de las normas y su evolución a lo largo del tiempo, sino analizando cuál ha sido el coste que han tenido que pagar los españoles –y especialmente los parados– por la pervivencia de una leyes obsoletas que se presentan como resultado del desarrollo de una economía social avanzada, pero que tienen, más bien, como padres inspiradores a políticos tan poco queridos hoy como Franco o Mussolini, cuya alargada sombra sigue presente en nuestras leyes y en nuestra jurisdicción laboral.
Modificar esta situación no debería resultar muy difícil. Casi todo está inventado. Sabemos que muchos países tienen una regulación del mercado de trabajo mejor que la nuestra, como demuestran cada día los datos estadísticos, y que podemos inspirarnos en ellos para hacer una reforma de verdad. El problema es que, para conseguirlo, un gobierno tendría que estar convencido de que tal reforma es necesaria; y, desde luego, estar dispuesto a no ceder ante los grupos de presión –principalmente, sindicales y políticos– que se oponen al cambio en defensa de sus intereses particulares.
