Artículos de opinión

Las sombras del Cupo vasco

Rafael Pampillón (Consejo asesor)
Expansión , 25 de noviembre de 2017

El pasado jueves, todos los partidos políticos, a excepción de Ciudadanos y Compromís, aprobaron en el Congreso de los Diputados el conocido como Cupo vasco. En virtud de éste, Euskadi pagará 1.300 millones de euros al año durante el quinquenio 2017-2021 por los servicios que le presta el Estado y las competencias no transferidas, como pueden ser embajadas en el exterior, museos nacionales, política de defensa, intereses de la deuda, y Casa Real, entre otros. Una cantidad muy inferior a la calculada por los expertos, que supera los 1.800 millones.

Esta diferencia de más de 500 millones anuales es lo que deja de cobrar la Hacienda Española para mantener la estabilidad del gobierno del País Vasco donde el PNV gobierna con los socialistas. Lo que hace sospechar que el criterio que determina el importe que tiene que pagar el País Vasco al Estado no es el de un cálculo exacto (por los servicios comunes que debe pagar esa región), sino más bien el resultado de una negociación política en la que se canjean algunas contraprestaciones; por ejemplo, el posible apoyo del PNV al Partido Popular en el Congreso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (PGE-2018) a cambio de un trato ventajoso en la renovación del Concierto Vasco.

El resultado siempre es el mismo: esta comunidad consigue financiarse mejor, lo que le permite, asimismo, un mejor Estado de Bienestar que el que disfruta el resto del territorio nacional, especialmente para disponer de una sanidad excelente y un gasto en educación mucho mayor que la media, y a veces el más alto de España.

Lo injusto de este peaje político, la diferencia entre lo que tendrían que pagar y lo que realmente abonan, es que beneficia a la segunda comunidad española más rica en términos relativos, a costa de otras peor financiadas. De ahí que uno de los factores, aunque quizá no el principal, que ha permitido que la renta per cápita del País Vasco haya crecido a mayor ritmo que la del resto de España haya sido su mejor tratamiento fiscal. Así en el año 1996 la renta per cápita del País Vasco (14.700 euros) era un 116% frente a la media española (12.700). En 2016 la renta per cápita vasca, 31.805 euros, pegó un salto y representó el 132% de la media nacional (24.100).

Como es sabido, en España existen dos sistemas diferentes de financiación autonómica:

1) El Régimen Foral que funciona con una enorme autonomía fiscal que consiste en que las diputaciones vascas y navarra se encargan de recaudar todos los impuestos, asumen todos los gastos excepto aquellos que les presta el Estado español por los que pagan un cupo.

2) El Régimen Común, que es el que utilizan el resto de las comunidades autónomas, en el que el Estado recauda casi todos los impuestos y luego, otorga a cada una de las autonomías una cantidad. De manera que las comunidades más pobres reciban más de lo que recauda la Agencia Tributaria en ese territorio y, en cambio, las más ricas reciben menos de lo que se ha recaudado. Esto da lugar a las llamadas balanzas fiscales que pretenden determinar cuanta diferencia hay en cada Comunidad Autónoma entre lo aporta a la caja común y lo que recibe. Así Madrid, Valencia, Cataluña y Baleares ingresan más de lo que reciben mientras que Extremadura, Andalucía, Galicia y Asturias reciben del Estado más de lo que aportan. Este sistema de solidaridad entre las regiones intenta redistribuir la renta a nivel territorial y a la larga también a nivel personal. Es parte de la política regional que consagra la Constitución española.

En cambio, el Régimen Foral no considera este aspecto redistributivo. Solo contempla lo que tienen que pagar Navarra y el País Vasco cada año al Estado por los servicios que este les presta en su territorio y también por las competencias no transferidas en virtud del Concierto económico. No puede extrañar, por tanto, que la aprobación del cupo, y más si este está por debajo de lo que calculan los expertos, genere pocas simpatías y haga hervir sentimientos de agravio comparativo en el resto de España.

Habrá que esperar a que pasen las elecciones catalanas, y todo el revuelo posterior que se producirá, para que el Gobierno de España pueda presentar a las Cortes el Presupuesto de 2018 y confirmar entonces el apoyo del PNV. Es decir, parece bastante probable que el trato de privilegio que se le da al País Vasco tenga como resultado que los cinco escaños que el PNV tiene en el Congreso permitan aprobar los PGE-2018. Gracias precisamente a esta aprobación, el Gobierno de España logrará seguir en el poder en 2018 y en 2019. Con los presupuestos prorrogados del 2018, finalizaría la legislatura en 2019. Nunca tan pocos escaños en el Congreso valieron tanto.

El criterio que determina el importe no parece un cálculo exacto, sino una negociación política

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