Los costes ocultos del proteccionismo
10 de diciembre de 2018
Por admin

General Motors ha anunciado el cierre de cinco fábricas en Estados Unidos y Canadá, lo que tendrá como consecuencia la pérdida de varios miles de puestos de trabajo en el país. No es extraño que el presidente Trump, que ha hecho bandera de mantener las plantas de las empresas norteamericanas en su propio país, se haya visto desagradablemente sorprendido por la noticia. No era esto, sin duda, lo que esperaba de su política “America first”. Sin embargo, la noticia era bastante previsible, al menos para quienes han seguido la evolución de la economía norteamericana a lo largo de los últimos meses. Con buenas expectativas para el consumo en el país y una economía en crecimiento, la decisión de General Motors parece ir en contra de la sabiduría convencional.

Pero hay razones que justifican su estrategia. Por una parte, la compañía tiene problemas con algunos de sus modelos, que han perdido el favor del público, y esto obliga, ciertamente, a su dirección a replantearse qué productos debe ofrecer al mercado. Pero resulta, además, que la empresa se ve en la obligación de reducir costes para tratar de contener la caída de sus beneficios.

Y este problema no es nuevo. En el mes de julio, al anunciar los resultados del segundo trimestre, General Motors comunicó al mercado una reducción de su tasa de beneficios. Y ya entonces, los analistas empezaron a hacer cálculos de lo que la política proteccionista de Trump con respecto al acero y el aluminio podría costar a una compañía que utiliza estos dos materiales como inputs importantes en sus procesos de producción. Tales aranceles han favorecido, sin, duda, a los fabricantes de aluminio y de acero, que han visto en ellos un buen instrumento para restringir la competencia y elevar sus precios con mayor facilidad. Pero, para quienes son compradores de tales materiales (entre otros, General Motors) los efectos han sido muy negativos.

No es posible proteger con aranceles de aduanas una economía entera y, al final, la protección de unos fabricantes se convierte en un coste para otros, como muestra este caso. ¿Es tan difícil que los políticos lo entiendan?

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