Desde el punto de vista demográfico, afrontamos una de las mayores transformaciones de la historia de la humanidad: un mundo más poblado, urbano y longevo. La población mundial seguirá creciendo, hasta superar los 8.500 millones de habitantes en 2030 y, además, aumentará la proporción de los mayores de 65 años, hasta representar un 13% frente al 8% actual, especialmente en las economías avanzadas como Japón y la Unión Europea.
El envejecimiento de la población europea es consecuencia de la menor natalidad y del aumento de la esperanza de vida, lo que supone hacer frente a importantes retos económicos y sociales. Es pronto para prever si sociedades más longevas serán más conservadoras y reacias al riesgo, con la consiguiente pérdida de dinamismo en la innovación. Sin embargo, este patrón demográfico sí tendrá efectos directos sobre el crecimiento económico y el nivel de renta per cápita de los países. Un número menguante de trabajadores deberá sustentar a más jubilados. Esto significa que tendrán que pagar cada vez más para atender los crecientes servicios sociales: pensiones y gastos médicos y asistenciales. En paralelo, se producirán cambios en los patrones de consumo, ahorro e inversión, lo que, previsiblemente, provocará también una caída de los ingresos tributarios.
Todo ello condicionará la financiación y sostenibilidad futura de un Estado de Bienestar diseñado, en las principales economías europeas, en un contexto de reconstrucción tras la 2ª Guerra Mundial, centrado en consolidar la democracia y la cohesión social. Así surgió el sistema de protección que hoy disfrutamos basado en un modelo social, familiar y económico muy diferente al actual. Setenta años después, los europeos vivimos una nueva realidad socioeconómica y cultural, a la que nuestro Estado de Bienestar debe adaptarse si quiere responder a nuestras necesidades.
ESPAÑA, LA MÁS LONGEVA
Nuestro país no es ajeno a esta evolución. A día de hoy, se trata de uno de los países más longevos del mundo, con una esperanza de vida de 83 años, cinco más que hace dos décadas, y sólo por detrás de Japón (84). Asimismo, en 2030 se convertirá en el cuarto país del mundo con mayor edad media, 50,1 años, frente a 33 a nivel global, y con un 30% de nuestra población que superará los 65 años, frente al 18% actual.
Esta transformación social, económica, demográfica y cultural que vamos a vivir requiere de nuevas fórmulas que fomenten la equidad y la cohesión social de forma eficiente. Es necesario que en España se reformule el modelo del Estado de Bienestar, para adaptarlo al siglo XXI. Su meta debe ser garantizar la igualdad de oportunidades y un correcto equilibrio intergeneracional, reduciendo el riesgo de pobreza y de exclusión. Es decir, los ciudadanos debemos contribuir económicamente para que el Estado dé soluciones a las necesidades sociales, a la par que se impide que haya personas que abusen del sistema. Por tanto, es urgente y necesario actuar con responsabilidad, planificando el futuro con reformas consensuadas en tres principales ámbitos:
1) Un nuevo sistema de pensiones, que permita a nuestros mayores mantener su capacidad adquisitiva y su bienestar, al tiempo que les otorgue flexibilidad para decidir si posponen su jubilación o la compatibilizan con algún tipo de actividad laboral. Actualmente, las ratios de dependencia (porcentaje de personas que no trabajan en relación con las que sí lo hacen), y el continuo aumento de la pensión media ponen en riesgo la viabilidad del sistema. En los últimos diez años, el número de cotizantes por pensionista se ha reducido de 2,7 a 2,2, y la cuantía de la pensión media se ha incrementado un 41%. A su vez, la jubilación de la generación del baby boom elevará la tasa de dependencia del 52% actual al 61 % en 2030, y al 96% en 2050.
El crecimiento del gasto en pensiones, unido a unos ingresos insuficientes, ha llevado al Gobierno a detraer recursos del Fondo de Reserva (58.720 millones de euros desde 2011) para financiar el sistema. Hasta el momento, las reformas aprobadas (alargamiento de la edad de jubilación, ampliación de los años cotizados para el cálculo de la pensión, índice de Revalorización de las Pensiones, etc.), aunque contribuyen a su sostenibilidad, no garantizan a futuro la cuantía de las pensiones, y retrasan la solución del problema. Esta situación obliga a transformar progresivamente el actual sistema de reparto en uno mixto, basado en tres soportes (reparto, capitalización obligatoria y capitalización voluntaria), a fin de garantizar prestaciones dignas a largo plazo, como en Suecia.
2) Una población más joven que fortalezca el crecimiento económico y social. El Estado de Bienestar debe adoptar medidas que fomenten la natalidad y apoyen a las familias en la conciliación de su vida personal y laboral. Promover una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo no sólo tiene efectos en términos de crecimiento económico, sino que reduce el riesgo de pobreza infantil. De ahí la necesidad de hacer compatible el aumento de la natalidad con la participación laboral femenina. Para ello, se requiere introducir permisos parentales compartidos de igual duración, obligatorios y no transferibles, nuevas ayudas fiscales a las familias, y mayores medios para el cuidado de niños en edad preescolar (entre 0 y 3 años), siguiendo la experiencia de los países nórdicos y de Francia.
3) Retener el talento sénior, de los trabajadores mayores de 55 años, especialmente en un mundo inmerso en una revolución digital, donde éste gana cada vez más peso, independientemente de la edad. De hecho, se caracteriza por la valía, para la sociedad y las empresas, de los conocimientos, capacidades y experiencias profesionales adquiridas a lo largo toda una vida. Por tanto, es necesario introducir esquemas de jubilación parcial o gradual, y de contratación flexible, que prolonguen la participación activa en el mercado laboral o fomenten la iniciativa emprendedora. Dinamarca, Países Bajos, Islandia, Alemania y Suecia ya han apostado por políticas dirigidas a favorecerlo.
En definitiva, el fuerte envejecimiento de la población, que se está produciendo y que se intensificará en las próximas décadas, exige tomar medidas que permitan la viabilidad financiera de las pensiones y un correcto equilibrio intergeneracional. La Seguridad Social consumirá, cada año que pase, una parte más importante de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad española de garantizar el actual sistema público de pensiones. De ahí que haya llegado el momento de modernizar nuestro Estado de Bienestar, a fin de que el gasto social posibilite desarrollar el proyecto vital de los más jóvenes y la sostenibilidad de los mayores.
Los representantes del pueblo se encuentran frente a la necesidad de resolver un problema en el que confluyen aspectos demográficos, económicos, sociales y tecnológicos, y que requiere de soluciones inmediatas. No se puede asistir como testigos pasivos a la evolución de la población. Si no se hace nada, al menos sí tendremos una certeza: que cada vez viviremos más años; habrá, en proporción, menos jóvenes, y el Estado de Bienestar acabará derrumbándose.
