Dos son las alternativas que el Gobierno plantea a los españoles para el año próximo. La primera, pagar más impuestos y ampliar, además, el volumen del déficit público comprometido inicialmente para 2019. La segunda, mantener la previsión de déficit y soportar una subida de impuestos aún más elevada. La ministra de Economía lo dejó claro cuando ha insistió en que es preciso conseguir la aprobación de la nueva senda de déficit, ya que, en caso contrario, sería necesario aumentar la presión fiscal en un grado todavía mayor.

Ninguna de las dos estrategias parece, desde luego, especialmente atractiva para los contribuyentes. Pero hay que decir, también, que este argumento es erróneo; que las cosas no tienen por qué ser así. Y esto por dos razones, al menos. La primera, porque el término “gasto público” no aparece por ninguna parte en su argumentación; lo cual significa que el Gobierno está decidido a hacer crecer el gasto y a buscar, como pueda, la forma de financiarlo. Parece que a nadie se le ha ocurrido que la cuantía del déficit no depende sólo de los ingresos y que unos presupuestos menos expansivos permitirían reducir el déficit sin necesidad de aumentar la carga fiscal que soportamos los españoles.

Pero hay una segunda razón, que resulta aún más llamativa: la idea de que, si se permite al Gobierno cerrar sus cuentas anuales con un déficit mayor, pagaremos menos impuestos. Cuando lo cierto es justamente lo contrario: más déficit significa más impuestos. Es posible que, en el corto plazo, el aumento del gasto pueda financiarse sin subir los impuestos. La fórmula sería emitir más deuda pública o, al menos, frenar el programa de reducción de ésta. Pero, en el medio y largo plazo esa deuda habrá que pagarla, y la única forma será elevar la presión fiscal.

No podemos olvidar que la deuda pública española alcanzó en agosto la cifra de 1,16 billones de euros, lo que supone el 98,8% del PIB; y, lo que es más importante, este porcentaje se mantiene estable; es decir, no se están cumpliendo los planes de reducción de su cuantía, no sólo en términos absolutos, sino tampoco como porcentaje de la renta nacional. Tales magnitudes constituyen una evidencia clara de que, cuanto mayor sea el crecimiento del gasto y el déficit en 2019 y los años siguientes, más impuestos habrá que recaudar en el futuro. Y esto ocurre en una economía que se aprovecha de un mercado financiero en el que los tipos de interés son extraordinariamente bajos; tan reducidos que, por ejemplo, el euribor está en valores negativos desde hace ya más de dos años y medio. Sin embargo, las cosas no pueden seguir así mucho tiempo más. Es cierto que la subida de los tipos de interés se va aplazando una y otra vez; pero los tipos tendrán que subir un día y el servicio de la deuda crecerá y su pago exigirá, por tanto, más impuestos. Y todo ello en un contexto en el que el crecimiento de la economía española, aunque aún elevado, es menor de lo que era hace sólo unos meses.

Nuevas restricciones

Parece que algunos gobiernos no son todavía conscientes de que ya no es posible la práctica tradicional de reducir el coste de la deuda mediante la política monetaria, utilizando la inflación para hacer caer el valor real de sus títulos. En la Unión Monetaria Europea, la deuda pública está denominada en euros y la tasa de inflación no la controla un banco central nacional, sino el Banco Central Europeo. De aquí las presiones para conseguir que, de una u otra forma, el BCE se convierta en algo para lo que no ha sido diseñado y ayude a los Estados miembro de la unión monetaria a financiar su elevado endeudamiento. Pero si queremos que la UE siga existiendo, cada Estado tendrá que asumir sus propias responsabilidades. Y las nuestras están claras en las estadísticas de ingresos, gastos y deuda del sector público. He señalado repetidamente que una de las lecciones de la última crisis es que muchos políticos españoles no han sido capaces de entender lo que ha sucedido y las nuevas restricciones que se plantean a la política económica en un mundo de economías abiertas, en el que las autoridades nacionales han perdido su capacidad de determinar la política monetaria. Y en este mundo de ajustes reales, y no monetarios, la deuda hay que pagarla.

No soy optimista. El político suele ser un maximizador de sus intereses a corto plazo y los efectos de sus políticas a largo, por lo general, le importan poco. Lo que está sucediendo hoy en España es un ejemplo claro de esta forma de entender la gestión de la economía. Pero deberíamos, al menos, procurar que no se engañe a la gente con los efectos a corto plazo de una determinada política económica y decir claramente a los españoles que, si en 2019 aumentara el nivel del gasto y del déficit públicos, se verían obligados necesariamente a pagar más impuestos en el futuro.