Durante esta semana, el Banco de España, la Unión Europea (UE), diferentes servicios de estudios, calificadoras de riesgo como Standard and Poors, inversores y empresarios han manifestado su preocupación por el futuro de la economía española.

La mayoría de estas instituciones están a la espera de que se concrete una coalición entre los distintos partidos políticos, para que nuestro país tenga un gobierno estable que defina la hoja de ruta. Es importante recalcar que, a pesar de la situación de interinidad y gracias a las reformas estructurales emprendidas en los últimos ejercicios, durante 2016 la economía seguirá comportándose bastante bien.

Sin embargo, para mantener esa buena marcha durante los próximos años, es fundamental contar con un Ejecutivo que siga acometiendo reformas. Un programa exhaustivo que genere confianza entre los empresarios y trabajadores, que contemple medidas como abaratar el coste de la energía, aumentar el tamaño de las empresas, hacer más sostenible el sistema de pensiones, reducir la temporalidad de los contratos y bajar los niveles del déficit fiscal y de la deuda pública (que ya superó el 100% del PIB). Y es que, el persistente incumplimiento del objetivo de déficit público ha provocado que las autoridades de Bruselas hayan amenazado con aplicar varias sanciones que, de materializarse, infligirían mucho daño a la economía española.

La ausencia de gobierno ha conducido, además, a que no se hayan podido aprobar los presupuestos de las diferentes administraciones públicas, los cuales son esenciales para la reducción del déficit, ni firmar tratados como el del cambio climático o el de disminución de aranceles con países como México. También por esta causa, España no ha podido opinar, ni adherirse, ni votar sobre acuerdos importantes de la UE, como por ejemplo el del Brexit. 

En línea con lo anterior, pero a más largo plazo, el Barómetro de los Círculos de 2016 subraya, además de varios aspectos positivos de la economía española, la necesidad de mejorar algunas instituciones, reducir el tamaño del sector público y hacerlo más eficiente, luchar contra la corrupción y facilitar el acceso a la financiación, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Todo esto nos muestra que el país está dejando pasar muchas oportunidades, que se ven reflejadas en pérdidas económicas y en tasas de crecimiento del PIB mucho más bajas para los años 2017 y 2018.

Esta coyuntura de mayor debilidad se debe a la percepción de incertidumbre que tienen los empresarios sobre la futura política económica del nuevo gobierno, y se traduce en cierta parálisis en la toma de decisiones respecto a nuevas inversiones de empresas nacionales e internacionales. Una situación que entorpece la generación de nuevos empleos, tal como ha señalado esta semana la  Organización para la Cooperación y Desarrollo (OECD), que también ha advertido sobre el riesgo de caída de las exportaciones españolas por la alta dependencia que exhiben respecto a los mercados de la eurozona. Esta alerta no puede tomarse a la ligera, ya que, a pesar de la crisis y los intentos por diversificar geográficamente las ventas al exterior, España todavía dirige un 72% de sus exportaciones hacia Europa.

La OCDE también ha revisado a la baja el crecimiento futuro de nuestra economía, y ha puntualizado que las bancarrotas empresariales continúan en niveles muy elevados en comparación con otros países como EEUU, el cual viene mejorando en ese indicador.

Preocupaciones semejantes han mostrado las firmas calificadoras de riesgo, que identifican dos amenazas tangibles. La primera se refiere a que los bancos españoles están siguiendo un proceso de transformación, digitalización y aumento de la regulación, con una cartera de activos muy problemáticos, es decir, con elevado riesgo de impago. El último informe del Círculo de Empresarios  confirma esa información, al hallar que uno de los problemas más importantes del sector financiero es la dificultad que tiene para que le devuelvan los créditos. La segunda advertida, lanzada por Standard & Poors, es la relativa a la necesidad de una reforma estructural de financiación de las comunidades autónomas, ya que se observa diferencia entre sus ingresos y gastos fiscales, así como poca transparencia en sus transacciones.

A pesar de los achaques descritos, hay que mencionar que los resultados de agosto en el sector hotelero muestran saldos alentadores, con una subida del 3,8% respecto al mismo mes de 2015, y una ocupación históricamente alta, con el 78% de las plazas ofertadas. Sin embargo, cabe puntualizar que este sector es cíclico y tiene una elevada dependencia de la coyuntura mundial, lo cual lo hace vulnerable en períodos de crisis o enfriamiento económico, tal y como sucede hoy día.

En resumen, la situación económica de España se deteriora, en parte porque  muchas empresas se encuentran a la espera de saber por dónde transitarán las políticas del nuevo gobierno. Además, mientras nuestros partidos políticos deciden si van a formar Ejecutivo o no, la economía mundial también se debilita. Por eso mismo, deberían olvidar sus diferencias y unirse en torno a un propósito común, que es tener un gobierno cuya principal misión sea mejorar nuestra economía y aumentar así el bienestar de los ciudadanos.