El electoralismo imperante en todos los gobiernos, no importa el color que tengan, ha provocado una gran generosidad con los pensionistas. Las elecciones no se ganan si no se mima el mayor caladero de votos de los 9,35 millones de beneficiarios. Todos los partidos prefieren la rentabilidad electoral a la sostenibilidad económica de las pensiones.

Mientras el PIB se ha mantenido estable en los últimos años, el gasto en pensiones ha crecido un 40% en la crisis. El problema es que la ratio entre afiliados a la Seguridad Social y jubilados se situó el pasado mes de noviembre en 2,26. La curva demográfica demuestra que es imposible que los actuales cotizantes cobren cantidades similares a las de los actuales retirados. El mejor modo de hacer viable el sistema es favorecer, de verdad, a quienes quieran tener más niños. Pero no, Hacienda apenas da incentivos a estos bienhechores sociales.

Ayer el secretario de Estado de Seguridad Social informó que para satisfacer las pagas de diciembre va a sustraer 7.700 millones de la famosa «hucha de las pensiones», dejándola en 36.926 millones a precio de mercado. Con cinco «mordidas» como la de este mes lo que quedará será un déficit de 1.500 millones.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Cuando se acabe el fondo de reserva ineludiblemente tendrán que poner remedio al insostenible sistema actual. Esto exigirá mayor transparencia sobre los ahorros colectivos. Hacienda nos quita el dinero sin darnos seguridad jurídica alguna. El Estado, si pretende legitimar las cotizaciones que nos impone, tiene que hacer un contrato cuantitativo con los cotizantes y aparcar el electoralismo.

Pedro Solbes tuvo razón cuando recomendó planes de pensiones privados como remedio para compensar el seguro descenso de las retribuciones a los jubilados. Sin embargo, el que se sacrifica y ahorra se siente confiscado cuando rescata el plan de pensiones. Hacienda le «atraca» en el IRPF hasta el punto de que no compense los ahorros fiscales habidos.