Comienzo recordando tres actuaciones del Gobierno de Navarra en el cierre del año. El pasado lunes, la encuesta anual que realiza Diario de Navarra hacía notar el amplio rechazo entre los empresarios navarros a la reforma fiscal aprobada. La razón era “el perjuicio que suponía para la competitividad del tejido económico y la creación de empleo”. El cuatripartito ha desoído la demanda, casi unánime, que desde hace meses le hicieron las organizaciones empresariales y ha hecho caso omiso al informe “Desventaja Fiscal Foral” de Civismo, cuyo resumen apareció en estas páginas. Que Navarra haya perdido el atractivo inversor que le caracterizaba y se haya convertido en el infierno fiscal de España no parece importarle al cuatripartito. Es un sarcasmo que la prioridad que se puso la presidenta en su discurso institucional de final de año fuera la reactivación de la economía navarra. La realidad es que ha actuado contrariamente a lo que le han sugerido los que saben más que ella.

La inmediatez de nueva norma tributaria no tendrá apenas consecuencias en la recaudación del año fiscal 2015, pero sí en la de 2016. Que al consejero no le quepa la menor duda que la subida de impuestos va a suponer una merma en la recaudación. Lo probable es que muchos contribuyentes que puedan deslocalizarse de Navarra lo harán, mientras que los que se queden ni invertirán ni emprenderán. La pregunta del millón es si Navarra será sostenible tras cuatro años de cuatripartito.

El jueves el consejero de Educación anunció sorpresivamente que mantiene la OPE docente con el 71% de plazas en euskera, cuando la demanda real es la inversa: un 70% en castellano y un 30% en euskera. Para nada ha servido la petición del Parlamento en contra de esa propuesta, ni la promesa previa del político de que iba a reconsiderar su oferta inicial.

La última ‘genialidad’ del Ejecutivo foral ha sido el anuncio de negar la condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social a la Clínica Universitaria (CUN), lo que conlleva que las más de 7.000 personas vinculadas a la Universidad de Navarra no puedan seguir siendo atendidas en ese centro. Tras consultar a una experta del anterior Gobierno, afirmo que no es verdad que exista un problema jurídico. Lo que sí parece que hay es un afán de perjudicar a esta institución en contra de los intereses de toda Navarra.
Así, lo que paga anualmente el Gobierno a la CUN por cada uno de los beneficiados de esa universidad es de 724,6 euros mientras que el coste medio (sin contar los medicamentos) para el Departamento de Salud es de 1.200. No se comprende que desde el Ejecutivo se intente favorecer que vengan empresas de menos valor añadido y se haga la vida imposible a la segunda empresa de la comunidad.
¿Por qué no dejar a un lado unos resentimientos que no tienen sentido, tras los beneficios que esta institución ha traído a Navarra durante medio siglo?

Hoy no se entienden las posturas viscerales ante el PAI, la OPE, el expolio impositivo y el acoso a lo privado. Estas actitudes resultan propias de un sectarismo que debiera estar superado en personas que tienen que gobernar para todos. Hoy lo que prima es el eficiente pragmatismo que impera en los países más libres y con más desarrollados. Se trata de acometer una inteligente negociación que lleve a optimizar la colaboración entre lo público y lo privado. Navarra necesita que el Ejecutivo respete que ya funciona y, en todo lo caso, lo perfeccione mediante negociaciones constructivas. El cambio que pedimos muchos navarros es claro: que la visceralidad que ha exhibido el ejecutivo estos meses deje paso a una racionalidad desideologizada o se crispará la convivencia social.