Artículos de opinión

Quitas de deudas autonómicas

F. Cabrillo (Vicepresidente Civismo)
Expansión , 24 de julio de 2017

Entre las numerosas ideas económicas con poco sentido con las que, a menudo, nos obsequian los políticos brilló la semana pasada con luz propia la propuesta del Secretario de Organización del PSOE, quien pretende que el Estado haga una quita de la deuda que con él tienen Cataluña y otras Comunidades Autónomas. Parece que ni siquiera en su propio partido vieron con buenos ojos tal idea; y desde las alturas se apresuraron a decir que se trata sólo de una opinión personal, lo que complica todavía más la comedia y nos llena de confusión; porque, de ahora en adelante, cuando alguien con un cargo relevante en un partido se manifieste pú- blicamente sobre un tema concreto, no sabremos realmente si habla como representante de dicho partido o expresa sus propias ideas.

Sin embargo, como por estas tierras resulta habitual el “lo dije, pero en realidad no lo dije, aunque no excluyo haberlo dicho” puede ser interesante reflexionar sobre una idea que es posible que quede flotando aún durante mucho tiempo en el debate sobre la financiación y la deuda autonómicas. Lo primero que hay que señalar es que las quitas de deuda son casi tan antiguas como el crédito y siguen presentándose con frecuencia como una solución parcial a problemas de exceso de endeudamiento. Por poner sólo un ejemplo, en el Club de París se ha reestructurado la deuda pública de más de ochenta países desde la constitución de este foro en 1956, con quitas parciales en muchos casos. Nada sorprendente, por tanto, en que se ponga sobre la mesa una nueva reestructuración de este tipo.

Pero el caso que se ha planteado en España tiene peculiaridades importantes, ya que no se trata de deuda soberana en manos de acreedores extranjeros, sino de deuda de entidades subestatales en poder del propio Estado español. Y, a la hora de analizar la conveniencia o no de la quita, hay que tener en cuenta sus posibles efectos particulares. El más evidente es que supondría un trasvase de recursos de la Hacienda estatal a las Haciendas autonómicas. Si la medida supusiera una transferencia per capita igual para los residentes en todas las Comunidades el tema no tendría demasiada importancia. Nunca es una buena estrategia premiar al que ha gastado por encima de sus posibilidades; pero dada la complejidad del sistema de transferencias y financiación autonómica que existe en España, la propuesta tendría un efecto equivalente al de un traspaso de fondos de un nivel a otro de la Hacienda pública.

Lo que ocurre es que la quita no se presenta, en principio, de esta manera, ya que parece que supondría mayores ayudas a unas regiones que a otras. Y esto crearía un nuevo problema bastante más serio, porque implicaría que los residentes en algunas Comunidades tendrían que transferir recursos a quienes viven en otras. Al formular la propuesta solo se mencionó expresamente a Cataluña; pero a los pocos días Valencia pedía algo similar e incluso su gobierno adelantaba la cifra de veinte mil millones de euros como cantidad adecuada para su quita, alegando la supuesta deuda histórica del Estado con dicha Comunidad. Pero si volvemos a sacar a la luz el viejo tema de las deudas “históricas” difícilmente llegaremos a algún resultado sensato. Entre otras cosas, porque para que haya acreedores históricos tiene que haber también deudores históricos; y en el caso español parece que todas las Comunidades tienen argumentos para ser acreedoras y, desde luego, ni una sola se considera deudora.

Y más importante aún sería, en mi opinión, el problema de riesgo moral que tal medida generaría. Con este término los economistas hacemos referencia al hecho de que una persona, una empresa o un organismo público asumen mayores riesgos en la confianza de que serán otros los que acaben soportando los costes de su conducta. En nuestro caso, si se premia con una quita a determinadas Comunidades Autónomas que tienen una deuda pública muy elevada, se crea un incentivo para que todas gasten y se endeuden en mayor grado, sabiendo que, en algún momento, podrán traspasar a terceros una parte de la carga financiera asumida.

En España hoy, con el tema del referéndum catalán en la primera pá- gina de los periódicos, la propuesta tiene, naturalmente, un componente político importante. Pero he preferido dejarlo a un lado para insistir en los problemas generales que una quita de esta naturaleza plantearía en nuestro país. A nadie le gusta asumir sus propias responsabilidades y reconocer que cuando se ha endeudado –supongamos que de buena fe y para mejorar los servicios que ofrece a sus contribuyentes– tendrá algún día que reducir tales servicios o cobrar más impuestos para pagar lo que debe. Pero la mejor forma de evitar estos comportamientos oportunistas es exigir que quien pague sea quien ha realizado el gasto. Guste o no al político de turno.

Una quita autonómica crea un incentivo para que todas gasten y se endeuden todavía más

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