Artículos de opinión

Recaudación récord: ¿para qué?

Julio Pomés (Presidente Civismo)
Diario de Navarra , 5 de febrero de 2018

Ya se sabe lo conseguido por las subidas fiscales: un 8,82% en IRPF, un 18,42% en Sociedades, un 10,88% en Impuestos directos y un 11,32% en el IVA. Lo que no se ha estimado es la pérdida de recaudación que supondrá la fuga de los contribuyentes que más empleos e impuestos generan, huida que se conocerá en los eneros de 2019 y 2020. Si ese mayor ingreso se tradujera en una mejora cualitativa de los servicios o fuera para generar riqueza la carga fiscal sería comprensible. Sin embargo, mucho me temo que para lo que va a servir es para que la región pierda competitividad fiscal y para que más gente encuentre un salario político.

Desde que el cuatripartito gobierna Navarra y grupos afines los pueblos, los contratados por el Gobierno han aumentado un 13,03% y los de los ayuntamientos un 34,7% (las medias nacionales respectivas son +1,44% y –1,86%). La sospecha de que el `fichaje’ de algunos de esos nuevos “asesores de libre designación” responde a su sintonía política con quienes les nombran resulta insoslayable. Según Joaquín Javaloys, “España es el país de la UE con más políticos por habitante: el doble que Italia y Francia, y tres veces más que Alemania”.

Si analizamos Navarra, vemos que nuestro Parlamento es el más caro por habitante de España y, tras el de La Rioja, el que tiene más parlamentarios por ciudadano. Si dividimos los 13,7 millones que cuesta entre los 643.234 navarros, a cada uno le toca pagar 21,3 euros. Siguiendo la lógica de la economía de escala, podrá alegarse que el gasto que comporta el legislativo de una región pequeña es mayor que el de una grande, pero el de Cantabria, con una población similar a la de Navarra, asciende a 13 euros. Si examinamos otras CC.AA, se comprueba que los parlamentos con coste más alto por habitante, tras el foral, son el riojano (16,49 euros), el vasco (15,12), el aragonés (14,56) y el asturiano (12,99). Los más baratos, el andaluz (4,81), el castellano manchego (4,78) y el madrileño (4,57).

Si la gestión del Parlamento foral fuera tan excelente que con ella se promoviera un avance significativo, estaría justificado el dinero que cuesta. No es así, sino que a veces nuestro legislativo parece, bien un ‘circo’, por su tono grotesco, o un cuadrilátero, por la agresividad de los enfrentamientos dialécticos. Lo peor es que con frecuencia los intereses partidistas se revelan como prioritarios y que algunos parlamentarios son desleales a la misión esencial para la que fueron nombrados: la defensa de la identidad de la Comunidad, para lo que es ineludible velar por su sostenibilidad económica. Cuando se hacen leyes sectarias que enfrentan a la población, como la ventaja insalvable que puede suponer el dominio del euskera en muchas ofertas de empleo público, el dinero que cuesta el Parlamento escuece, porque se está fracturando Navarra.

El trabajo propio del Parlamento no justifica la dedicación exclusiva de 47 de sus 50 miembros, de los cuales bastantes apenas intervienen. Resulta patético que se convoquen sesiones para temas tan pintorescos como la liberación animal, las prisioneras políticas palestinas, el amor romántico y la creación de una escuela para formadoras de empoderamiento y autodefensa feminista. Sus señorías no han sido nombrados para discutir esas cuestiones, sino para acometer una función básicamente jurídica, que se podría desarrollar en una o dos tardes a la semana (a excepción de la deliberación de los Presupuestos). Los parlamentarios (menos la Mesa y los portavoces) debieran cobrar por dietas de asistencia a las sesiones que fueran necesarias, y ‘refrescar’ así el infierno fiscal en que se ha convertido Navarra.

Escuece que un aumento de ingresos a costa de perder competitividad y de fracturar la economía doméstica no se invierta en crear riqueza

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