La caída de la bolsa y la subida de la prima de riesgo más que problemas en sí mismos, son síntomas de que algo negativo puede suceder a la economía de un país en el próximo futuro. Es evidente que la economía española, o la italiana, no han cambiado de forma significativa en las últimas semanas. Pero las expectativas con respecto a lo que les pueda ocurrir en los próximos meses se han deteriorado de forma clara. En Italia no se ha logrado formar un gobierno estable y el país se encamina a unas nuevas elecciones, de signo incierto, una vez más. Y en España la moción de censura presentada al actual gobierno preocupa no tanto por el hecho de que se sustituya un presidente y un partido por otro presidente y otro partido, como por la constatación de que el posible nuevo Gobierno no tiene un programa económico claro y, además, de que la única posibilidad de que la moción triunfe es que la apoyen grupos políticos cuyo objetivo no es, ciertamente, la estabilidad que cualquier país necesita para que su economía funcione.

Desde hace ya mucho tiempo el PSOE no tiene un programa económico que merezca tal nombre. Lo único que hemos visto, en los últimos años, son ideas por lo general orientadas a la izquierda, a menudo contradictorias, en las que ni siquiera parecen creer mucho sus dirigentes, que las utilizan básicamente por razones electorales. Es posible, por tanto, que se planteen renunciar a ellas, sin mayor problema, en el caso de que lleguen al poder. Pero la incertidumbre con respecto a lo que harían en la economía española es grande, incluso si tuvieran un apoyo parlamentario firme. Las preguntas que hay que plantearse son muy simples: ¿Derogaría los políticos de este partido las últimas reformas laborales, como han prometido, aunque algunas hubieran sido aprobadas por ellos mismos? ¿Subiría el PSOE las pensiones? ¿En qué cuantía? ¿Crearía, como ha dicho, nuevos impuestos a la banca y a las operaciones financieras? ¿Elevaría aún más el gasto público? No lo sabemos, realmente. Pero la mera posibilidad de que apliquen estas medidas u otras similares preocupa en España y en Europa, cuyos dirigentes, que ya venían desconfiando de algunas de las medidas del gobierno actual, verían con malos ojos políticas que pudieran agravar el desequilibrio del sector público y del sistema de pensiones o elevar la tasa de paro al introducir mayor rigidez en el mercado de trabajo.

Y resulta, además, que el nuevo gobierno tendría una posición parlamentaria extraordinariamente débil, como nunca se ha visto en los cuarenta años de democracia española. Sus aliados serían partidos que, de una u otra forma, tiene como objetivo terminar con el orden constitucional nacido en 1978. En unos casos, porque quieren romper el país y dividirlo en pequeños estados, lo que no es, precisamente, un incentivo al desarrollo de la actividad económica, como la reciente crisis de Cataluña ha puesto de manifiesto. En otros, porque no creen en un sistema democrático basado en la libertad individual y la economía de mercado, que les gustaría sustituir por un modelo a caballo entre el socialismo tradicional y las nuevas formas de populismo que se han desarrollado en los últimos años.

Como se ha apuntado muchas veces, las ideas económicas de un partido como Podemos serían incompatibles no sólo con la Unión Monetaria Europea, sino, en algunos casos, con la UE misma. Es posible también, ciertamente, que, si los podemitas llegaran al poder, acabaran haciendo lo que ha hecho la izquierda griega; y, ante la disyuntiva de tener que dejar la Unión Europea o acomodarse a sus principios, acabaran adoptando esta última estrategia. Pero, en todo caso, los costes del proceso de transición serían muy elevados.

Tampoco sabemos lo que podría ocurrir en España si el PSOE capitulara ante los nacionalistas, pasara a apoyar a los políticos golpistas detenidos o exiliados y planteara la reforma constitucional que le van a pedir. Lo único evidente es que entraríamos en un período peligroso de incertidumbre, con un gobierno, que podría caer en el momento en el que no cediera a las peticiones de estos partidos, a los que debería su cargo el nuevo presidente. Que el principal objetivo en la vida de los políticos es el poder y que sus estrategias se orientan, por lo general, a conseguirlo o conservarlo es un resultado muy conocido de la teoría de la elección pública. Pero en pocas ocasiones se han visto políticos tan obsesionados por llegar al Gobierno como el protagonista de la moción de censura presentada en el parlamento español. Cuando la utilidad esperada de un obtener un bien determinado es muy elevada, el oferente sube el precio. Y quienes están dispuestos a vender sus votos a Sánchez lo saben.