La crisis en la que se encuentra nuevamente el sistema público de pensiones en España, replanteará los postulados más básicos del actual Estado del Bienestar y hasta qué punto podrá mantenerse a medio plazo. Si bien es cierto que en el corto plazo casi siempre hay formas de sufragar los incrementos de gasto, sean de naturaleza política o forzados por la dinámica del sistema, a medio y largo es imposible tirar de endeudamiento infinito socavando la solvencia del propio país. Hasta la fecha, las reformas del sistema de pensiones han ido encaminadas a hacer viable su existencia a largo plazo en el terreno público tanto en términos de producción -contribución, bases de cotización y derechos adquiridos- como de provisión -prestación- a través de ajustes paramétricos. Sin embargo, la realidad obliga a pensar en ajustes no paramétricos, y muy especialmente a articular otras alternativas, puesto que el sistema público de reparto podría no ser ni el más eficiente ni el más adecuado en una economía que va hacia la digitalización y radicalmente distinta a la que vivió la implantación a la fuerza del seguro de vejez de reparto en 1940.

Echando mano de un concepto económico capital como es la optimalidad paretiana -bajo qué opción al menos nadie empeora y la mayor parte mejoran- puede verse cómo el sistema de reparto se ha convertido en una opción peor que la capitalización en el último decenio, incluso en el contexto de tipos de interés históricamente bajos. Para llegar a esta conclusión, primero hay que observar qué elementos hay en el sistema. En primer lugar, está la cotización como impuesto obligatorio sobre el salario bruto, pagada por el empresario (75 por ciento) y trabajador (25 por ciento). Con ello se crea una base de cotización que puede aproximarse por el coste salarial que se conoce a través de cifras del INE.

A partir de esto, se genera un volumen de fondos para pagar pensiones -cwL, donde C es la cotización, w es el salario nominal y L, la mano de obra-. En segundo lugar, estos fondos para pagar pensiones pueden crecer de una forma u otra en función del tipo de sistema que exista. Si es de reparto, el volumen de fondos crece a razón de la variación del tipo de cotización a la Seguridad Social, el crecimiento de los salarios y el aumento de la oferta de trabajo. Así, las cotizaciones recaudadas en cada momento se utilizan para el pago de las pensiones hoy.

Si el sistema es de capitalización, con los ingresos por cotizaciones sociales se crea un fondo que es invertido por ejemplo en activos sin riesgo como deuda pública nacional o exterior, y el fondo crece a razón de su rendimiento nominal. Sabiendo las dos fuentes de crecimiento del dinero disponible para financiar pensiones, un sistema es una asignación superior en el sentido paretiano si los fondos crecen más rápido en un caso que en el otro. Y al observar los datos de las últimas décadas, es notorio un cambio estructural en cuanto a qué sistema genera mejores pensiones y más sostenibles. En una década, la superioridad en sentido de Pareto del sistema de reparto se ha dado la vuelta, situando al de capitalización como mejor alternativa, al generar en promedio anual un 2 por ciento más de recursos. Por tanto, si un trabajador en vez de pagar cotización lo hubiera empleado en una cuenta de ahorro, el volumen de fondos disponibles para financiar la jubilación habría crecido un 3,52 por ciento en promedio nominal anual en los últimos 10 años, frente al 1,6 por ciento nominal que se ha revalorizado en el mismo período.

La caída de la oferta de trabajo vía reducción de población activa y el fuerte ajuste salarial explican la reducción notable del crecimiento de los recursos del sistema público de reparto y hasta qué punto un sistema de capitalización genera en términos estructurales más recursos para pensiones que uno de reparto. No es, por tanto, una cuestión de corto plazo, sino que desde 2007 es evidente un cambio profundo en la estructura económica de España y, muy especialmente en el mix capital trabajo, la composición de cada uno de estos factores productivos y la productividad tanto individual como conjunta de capital y trabajo.

Suponiendo que la economía no vuelva a indexarse al IPC, en un escenario donde los crecimientos de la productividad no son generales sino concentrados en los sectores innovadores, es difícil que a medio plazo impulsen un crecimiento sostenido de los salarios. Con lo cual, los recursos de pensiones hay que buscarlos no dentro del marco de relaciones laborales y la fiscalidad, sino fuera, mediante el ahorro. De seguir la lógica única y exclusiva del reparto, el crecimiento del número de pensionistas -un 1,24 por ciento de entradas netas en tasa media acumulativa, el aumento de la pensión media -un 5 por ciento anual acumulado desde 2005- y el estancamiento de la masa salarial, forzaría o bien una subida del tipo de cotización -inviable por los graves efectos negativos que tiene sobre la oferta de trabajo en el país con las cotizaciones sociales más altas del mundo sólo por detrás de Suecia- o bien incurrir en un déficit creciente (D=p*Jc*wL) financiado con recursos ajenos al sistema de reparto.

Por ello, empeñarse políticamente en hacer viable un sistema como el de reparto que no lo es a medio plazo, pasa por dos cuestiones: por un lado, desplazar recursos de otros gastos hacia el gasto en pensiones creando un nuevo Fondo de Reserva y, por otro lado, articular un sistema complementario de capitalización, permitiendo las cotizaciones a un fondo privado y con más incentivos fiscales al ahorro. Al mismo tiempo, en el espíritu de un sistema mixto entre reparto y capitalización, hay que reconocer los derechos acumulados por pensiones futuras y un ajuste estricto en el sistema para traspasar a Presupuestos Generales aquellas pensiones que no han sido generadas por una cotización, de manera que exista una relación absolutamente limpia entre contribución y prestación o, dicho de otra manera, restablecer los incentivos adecuados y la correcta contributividad.

Llámese cuenta nocional o sobre naranja, es necesario aflorar todos los compromisos por pensiones futuras para saber cuáles son los pasivos reales de la Seguridad Social. Un one-off de estas características requiere apoyo y solidez financiera que debe conseguirse mediante un ajuste fiscal severo que permita una amortización acelerada de la deuda pública hasta colocarla en el entorno del 60 por ciento del PIB como contempla el Pacto de Estabilidad. Sólo así los mercados no reaccionarían en contra del papel español por aflorar una deuda que existe pero que está oculta.

En suma, la financiación de las pensiones pasa por un alza del ahorro tanto privado como público vía un ajuste fiscal severo eliminando el déficit estructural y generando superávits primarios para amortizar aceleradamente deuda.